El desahucio para este miércoles 1 de febrero que dejará sin casa a María, una pensionista de 71 años, y a su hijo con discapacidad intelectual, es el inicio de una oleada de alzamientos previsto para todo el mes de febrero. El de esta familia no es el primero de 2022 en Alicante, pero sí que marca una escalada como denuncian desde el Sindicat de Barri Carolines, que ha publicado en sus redes sociales un vídeo con varios de estos casos. 

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Fuentes de este colectivo explican a EL ESPAÑOL De Alicante que tienen constancia de, al menos, "uno o dos y puede que hasta cuatro desahucios" a la semana durante el próximo mes. "Ahora hay una ola mayor", asegura Francisco Llopis.  "No es habitual que haya tantos, pero ya preveíamos que iba a pasar", afirma. 

Las dificultades en torno al acceso o permanencia en una vivienda no han cambiado: "el mercado de los alquileres sigue muy tensionado, los precios de los mismos cada vez son más abusivos, la vivienda pública sigue siendo escasa y los Servicios Sociales municipales están colapsados...", cita Llopis.

Lo que ha cambiado es que, con el fin de la moratoria del Gobierno central al Real-Decreto sobre desahucios de vivienda habitual para personas y familias vulnerables sin alternativa habitacional, "se deja a discreción del juez o jueza" si se desahucia o no, prosigue este miembro de esta asociación vecinal.

"Y nos estamos encontrando con que no están atiendo a razones, les da igual lo vulnerables que estén las familias como se expone en los informes de Servicios Sociales", añade. 

Luego están lo que desde el colectivo activista llaman "desahucios invisibles". "Cuando por ejemplo se produce un precio abusivo en el alquiler, la familia se marcha sin saber que puede encontrar apoyo, se van a la calle o acaban todas las familias viviendo en una sola habitación en un piso compartido, a veces nos enteramos de estos casos, pero no hay estadistica porque no hay orden judicial", subraya. 

La desesperación de María

María cumplirá el mes que viene 72 años. Para entonces, desconocerá dónde estará viviendo, lo que parece tener claro es que este miércoles se ejecutará el desahucio previsto para ella y su hijo con 41% de discapacidad intelectual, "pero sin ningún tipo de ayuda". 

Lo asume en una charla entre lágrimas al explicar que no entiende por qué los echan. Su situación llegó al límite el 8 de julio del año pasado, fecha en la que estaba previsto el alzamiento por una casa cuyo alquiler ha venido pagando desde 2013 en el barrio de Carolinas, por lo que desmiente que estén viviendo de okupas. 

"Estuve pagando hasta que me llegó una carta de que debíamos abandonar la vivienda, luego me aplazaron el desahucio de julio hasta octubre, cuando se celebró el juicio que dijo que debíamos marcharnos", comenta mientras va realizando la mudanza. 

Desde la asociación Cometas y Sonrisas explican en un comunicado en sus redes sociales que el desahucio se activó cuando el constructor de la vivienda vendió su casa "a un fondo buitre Majoro Reo Spain II S. L.". En el juicio María se enteró que estaba viviendo en una casa "que legalmente es un solar". "Me han dicho que no han renovado el contrato al no ser una vivienda pero yo me pregunto por qué me dejaron acceder sin cédula de habitabilidad, no lo entiendo", dice la afectada.

"¿Cómo puede ser que una jueza desahucie a una familia de un piso que legalmente es un solar? ¿Cómo puede ser que una jueza no paralice un desahucio según la Ley vigente y no admita a trámite ningún escrito con la discapacidad de su hijo?", se preguntan desde Cometas y Sonrisas, qué está manteniendo reuniones municipales y con el juzgado para encontrar una salida al caso de María o al de Antonio, también con un hijo con discapacidad intelectual, o el de Jan, con mujer y dos hijos.

Lo que le preocupa a María es su hijo. "Les he explicado a todo el mundo mi caso y parece que les da igual, él no trabaja, está en el SEPE y en Cocemfe", la organización alicantina que aboga por la inclusión de las personas con discapacidad, avanza. En los últimos años ha tenido 11 brotes psicóticos, uno de ellos, "a raíz del desahucio" previsto para julio, "le dejó dos semanas ingresado en el hospital". 

¿Qué van a hacer? De momento ha podido dejar las cosas de la casa en un local de unos amigos y se marcharán a vivir con la hermana de María, viuda y con un hijo en su casa. Por su parte, desde diferentes colectivos llaman a la "solidaridad" de los alicantinos y alicantinas con María y su hijo, a quienes piden brindar "todo el apoyo emocional" el 1 de febrero a las 9.30 horas de la mañana, cuando está previsto el desahucio de la calle Garbinet número 16.