Cuando en 2012 sancionó a España (a la Comunidad Valenciana) por haber financiado la construcción y ayudas a la producción en el complejo cinematográfico de la Ciudad de la Luz de Alicante, la coyuntura política y económica era completamente diferente a la actual. El PSPV-PSOE de Ximo Puig no deja pasar la oportunidad de atribuirse el mérito del regreso de la actividad audiovisual a Alicante, pero ¿tiene algo que ver el cambio de la estrategia europea en al decisión?

A finales del año pasado, la prensa italiana anunció una inyección de 260 millones de euros en los estudios "nacionalizados" de Cinecittà. Al tiempo, el mayor impulsor de las sanciones contra los estudios alicantinos, Pinewood (Londres), ya no formaba parte de la Unión Europea desde el Brexit.

Uno de los grandes estudios de Pinewood, el denominado "Richard Attenborough".

En España, el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia del Gobierno de Pedro Sánchez en el contexto de las ayudas europeas, recoge en su componente "25" la creación de un "hub audiovisual español en Europa".

Ese pan recoge "una serie de inversiones y reformas destinadas a fortalecer el tejido empresarial, mejorar el clima de inversión y consolidar a España como plataforma de inversión audiovisual a nivel mundial y país exportador de productos audiovisuales. Se trata de reforzar el sector y hacerlo más resiliente para aprovechar mejor las oportunidades de negocio a nivel global".

Estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz.

En 2012 se dio la conjunción de Gobierno autonómico del PP y un exdirigente socialista español, Joaquín Almunia, al frente de la Comisión de la Competencia europea. Pero las denuncias se habían hecho en época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Un pequeño estudio en centroeuropa en febrero de 2007 y el gigante audiovisual londinense Pinewood en julio de 2007 (ambos pidieron a la comisión que no se divulgara su identidad), denunciaron las ayudas y financiación del proyecto.

En aquel dictamen, la Comisión dejaba claro que "ciertos aspectos de las instalaciones 'último modelo' de Ciudad de la Luz" la ponían "muy por delante del limitado número de estudios europeos importantes en cuanto a capacidad para grandes producciones". Ese era el problema fundamental, con dinero público se había financiado un proyecto que no podría haber realizado una compañía privada.  

Vista aerea de Ciudad de la Luz.

En aquella decisión incluso se citó a Cinecittà como competidora privada de los estudios alicantinos. Los denunciantes mostraron su preocupación porque "la competencia ceda terreno en favor de Ciudad de la Luz a consecuencia no de una real disputa de méritos sino de los beneficios que reportan a Ciudad de la Luz ayudas de Estado presuntamente ilegales".

Cambio de modelo

En 2017 el Istituto Luce Cinecittà del Ministerio de Economía y Finanzas del Gobierno italiano compró Cinecittà Studios. Dejaba de ser una infraestructura privada para estar bajo el control público a a través del Ministerio de Cultura, como reconoce su propia página web. Pinewood comenzaba en ese año su desvinculación de la UE gracias al Brexit que se consumó en 2019.

Vista aerea de los Sherpperton Studios de Pinewood.

Hasta ahí todo correcto. Pero ¿qué ocurre cuando un complejo tan gigantesco (sólo comparable a los de EEUU) sobrevive con fondos públicos? ¿qué posición ha de tomar la Comisión de la Competencia si además concurren a dinero procedente de la Unión?

El pasado mes de diciembre la prensa italiana anunció la inversión de 260 millones de euros procedente de los Next Generation. ¿Podría considerarse una ayuda de Estado incompatible con la competencia europea? Ciudad de la Luz fue sancionada durante 10 años (iban a ser 15) por 265 millones. Pero es que los planes de reconstrucción han "flexibilidado" los criterios.

Es más, ¿podrá presentarse la Ciudad de la Luz a la financiación europea cuando comiencen sus rodajes de nuevo este año? El Gobierno pretende "mejorar el atractivo de España como plataforma europea de negocio, trabajo e inversión en el ámbito audiovisual y establece el objetivo de aumentar en un 30% la producción audiovisual en España para el año 2025 respecto del nivel actual". Para ello se prevén inversiones por importe de 200.000.000 de euros.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ayer sostuvo que este es "un paso adelante" respecto a "un tiempo en las cosas se hicieron mal", en referencia a la gestión del PP en la Generalitat. Es "una nueva manera de gestionar, desde el trabajo, desde la persistencia y desde el buen uso de los recursos", añadió.

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez-Piñero celebró que "el trabajo responsable del Consell de Ximo Puig, la colaboración del Gobierno de Pedro Sánchez y las gestiones de la Representación de España ante la Unión Europea han conseguido dar carpetazo a la era de los pufos del PP en la Ciudad de la Luz".

La línea emprendida por el Gobierno central de apoyar la producción audiovisual se basa en que "el sector audiovisual en España, en suma, se convierte en una actividad estratégica desde el punto de vista económico y, al mismo tiempo, en un poderoso vehículo de promoción de la lengua y la cultura, de representación de la diversidad cultural y de transmisión de valores y de promoción turística".

"Sólo estas características -continúa- ya justificarían la acción pública destinada a favorecer tanto la producción nacional, la expansión internacional de la producción española, como el fomento de la atracción de proyectos de inversión extranjera hacia nuestro país. Pero, además, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha apuntalado el protagonismo de la producción audiovisual como bien de consumo generalizado en el ocio y el entretenimiento".

Así pues, más allá de la gestión puntual, ¿qué ha cambiado del proyecto inicial con que el PP se planteó construir los estudios alicantinos y con el actual, del PSOE, que pretende relanzarlos? Acaso la política de "Grandes Eventos" del PPCV puede tener un correlato en tiempos del PSPV.