El Grupo Vectalia, que desde 1998 gestionaba el servicio de autobús urbano en la localidad francesa de Perpignan, ha quedado fuera del concurso para la adjudicación del servicio durante los próximos 8 años. La prensa francesa local informó en octubre de que la compañía alicantina podría perder un mercado de 298 millones de euros.

Se trata de 10 millones de viajeros en 35 líneas de la "comunidad urbana" francesa, un negocio muy importante. Y este hecho se produce a escasos meses de salir a exposición pública la contrata de Alicante, con 52 años en manos de la empresa.

Además de Perpignan, donde comenzó la expansión internacional de la empresa de transportes, Vectalia ha tenido concesiones en Michau Narbone, Antibes, Amiens, Bassin de Thau, Cambai, Sophia Antipolis y Beziers, ya en 2019. De hecho, en el dossier corporativo de la empresa del último año sin Covid-19, cifraba en su negocio en Francia en 63 millones de euros (134 millones en España y casi 10 en Marruecos).

Según el diario Lindependant.fr, el vicepresidente a cargo del transporte público en la comunidad urbana, Jean-Charles Moriconi, manifestó que se ha emitido "un dictamen presentado a la comisión de licitación. La propuesta de Vectalia ha sido declarada, tal como está, inadmisible". 

También señaló que en el proceso se contrató una "empresa de consultoría que brinda asistencia para la gestión de proyectos" y que ésta "analiza estas ofertas en vista de las limitaciones de nuestra Delegación de Servicios Públicos (DDSP)". "Es una empresa independiente, en apoyo de la decisión de los electos", añadió el responsable local del transporte.

 Al parecer, la empresa alicantina ha presentado recurso en el Tribunal Administrativo de Montpellier y se ha celebrado ya la vista, por lo que está a la espera de conocer el resultado. Por lo que la decisión no es firme por el momento.

En meses, la de Alicante

En 2022 el Ayuntamiento de Alicante pretende sacar a concurso la gran contrata del transporte urbano en autobús que Vectalia lleva gestionando desde el año 1969 a través de su empresa Masatusa. La adjudicación vencía tras 50 años en verano de 2019. la prórroga le ha costado a la ciudad casi 24 millones de euros en dos años.

El objetivo del Ayuntamiento es establecer un periodo máximo de 10 años de concesión, y eliminar el pago por kilómetro realizado como se ha hecho durante medio siglo. En todo caso se puede prever dos prórrogas al finalizar la década de servicio.

El objetivo es mejorar la calidad, por lo que se busca una fórmula de pago por viajero o servicio, o en todo caso mixta. Algo muy diferente al modelo anterior se aseguraba los ingresos de la concesionaria, con cada vez más líneas, con independencia de la calidad del servicio.