"Manifiestamente ilegal". Con estas palabras definió ayer la responsable de Educación del PP en la Comunidad Valenciana, Beatriz Gascó, la orden dictada por el anterior conseller de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicent Marzà (Compromís), que obliga a partir de 2026 a examinarse de valenciano en las pruebas de acceso a la universidad a los alumnos con "exención lingüística". Por eso anuncia, que el PP la derogará. 

Para Gascó es ilegal porque por encima de una orden administrativa está la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que reconoce la exención de aprendizaje de valenciano a los alumnos de las extensas zonas de "predominio lingüístico castellano". 

Según esa ley de 1983, allí donde no se habla valenciano (Vega Baja y municipios del Medio y el Alto Vinalopó en la provincia de Alicante) los alumnos están exentos de estudiar y examinarse de la asignatura de esa lengua si así lo deciden.

Orden emitida por el exconseller Vicent Marzà.

Sin embargo, el Botánico, a través de la Ley de Plurilingüismo (2018) la ha incluido obligatoriamente en los currículos de Primaria y Secundaria en otras asignaturas no lingüísticas para todos los alumnos de la Comunidad Valenciana. Y así poder examinarles en la EBAU.

Esta decisión provoca que los alumnos de las zonas en las que no se habla valenciano compitan por una plaza en la universidad, por ejemplo, en desigualdad de condiciones con los alumnos de las zonas de predominio valenciano, que la usan con frecuencia en ámbitos no escolares.

"Lo que le pasa al Botánico es que no tiene los redaños para enfrentarse a una modificación de leyes tan importantes como la Ley de Uso y el Estatuto de Autonomía e intenta hacer las cosas saltándose la ley", explicó Gascó, para quien todavía hay tiempo de acabar con esa orden antes de su aplicación.

De hecho, desde el PPCV no se prevé otro escenario que el del vuelco electoral en la mayo de 2023 y la vuelta del PP, en este caso de Carlos Mazón, al Palau de la Generalitat. Ese será el momento para acabar con la "ilegalidad".

Previamente, si Botánico hace algún desarrollo normativo de la orden irían directamente a los juzgados. "Como ocurre con la Ley del Plurilingüismo, el Gobierno de Ximo Puig es consciente de la ilegalidad de sus normas y no se atreve a hacer ningún desarrollo porque sabe que inmediatamente recurriríamos en los tribunales dichos actos administrativos. Por eso llevamos años en esta situación", añade Gascó.

Paralización de Lomloe

Gascó también exigió ayer a la nueva consellera de Educación, la también nacionalista Raquel Tamarit, que paralice la aplicación de la Lomloe (Ley Celaá) para el curso 2022-23 por la imposibilidad de modificar el currículo a estas alturas del año.

[Directores de los institutos denuncian "inseguridad jurídica" por la falta de currículo de Secundaria]

Como han venido denunciando los directores de los institutos, todavía no se ha aplicado y no pueden planificar el próximo curso porque afecta directamente a los Planes Lingüísticos de Centro (PLC), a la adquisición de los libros de texto y a la organización de las asignaturas y profesores.

"Esta conselleria es la que más errores ha cometido desde el inicio de la legislatura y más correcciones de errores ha tenido que asumir y publicar. Y ahora vamos abocados a uno más porque quieren aplicar una ley que conocían desde enero y no han hecho nada, y estamos en julio", señala la diputada autonómica.

"Y que no diga la consellera que ella ahora acaba de llegar porque los curriculos no los elebora la consellera sino su equipo, que ya estaba con Marzà y no han hecho nada en meses", concluye Gascó.