Los propietarios de Serra Gelada piden "la ejecución forzosa" de la histórica multa de 350 millones de Benidorm

La petición realizada por el equipo de abogados Domingo Monforte este viernes, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera que ha "expirado sobradamente el plazo de tres meses desde que se comunicó al Ayuntamiento de Benidorm la firmeza de la sentencia" y que este consistorio no ha realizado "actividad conocida alguna tendente a darle cumplimiento".

Las empresas Murcia Puchades Expansión y Urbana Villajoyosa 2000 reclaman que cuentan con el favor de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia desde el 23 de mayo de 2024. Esta fue, como señalaba el alcalde Toni Pérez, la primera victoria judicial con que contaba la familia Puchades y así fue recurrida en dos ocasiones.

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Los juzgados han dado la espalda a las peticiones de apelación realizadas por Benidorm. Así lo rechazó el Supremo el 2 de abril de 2025 y luego en septiembre del año pasado cuando se pidió al Tribunal Constitucional que admitiera el recurso de amparo para suspender esta sentencia.

Los abogados señalan en su escrito que el plazo marcado para cumplir la sentencia que reiteran es firme "en ningún momento ha sido suspendido".

De ahí que "transcurridos más de nueve meses desde que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la firmeza de la sentencia del TSJCV y cuatro meses desde que se le comunicó (…), esta parte no tiene constancia de que el Ayuntamiento haya desarrollado actividad alguna tendente al cumplimiento de esta resolución judicial, es decir, al pago de la cantidad fijada y sus intereses".

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¿Y qué responde el Ayuntamiento? Este pone el foco de nuevo en los servicios jurídicos que "estudian" esta nueva demanda "para trasladar sus propuestas sobre cómo dar viabilidad al mismo".

En la junta de portavoces de este lunes se ha presentado este documento a todos los grupos de la corporación y se les ha avisado que se está estudiando. Esta misma semana habrá otra reunión para ver esos pasos que hay que dar. Y como remarcan "al igual que en todo este proceso, se va a esperar a conocer el criterio técnico que marque los siguientes pasos que hay que dar al respecto".

El consistorio se mantiene en la línea presentada por Toni Pérez a mediados de enero: "Como político, no he hecho nunca nada que no estuviera avalado por los técnicos". Una idea que subrayaba porque, como recuerda el alcalde, ir en contra de lo que marquen estos "se llama prevaricar".

El origen

La histórica multa de 350 millones de euros (la suma de 283 millones más intereses) le llega a Benidorm después de que las empresas que fueron propietarias de los terrenos del parque natural de Serra Gelada reclamaran una compensación con los convenios. Estos se firmaron originalmente en 2004 y se fueron renovando por equipos de gobierno populares y socialistas.

La sentencia del TSJ recuerda que esos terrenos se calificaron como suelo urbano en 1963 y en el Proyecto de delimitación de suelo urbano hecho en 1982. En 2004 los propietarios cedían al Ayuntamiento esos terrenos, pero "mediante su compensación con terrenos que ha de recibir el Ayuntamiento de Benidorm en concepto de su 10 % de participación en el aprovechamiento lucrativo del Sector PP 1/1 Armanello".

La pregunta constante al Ayuntamiento desde 2025 es cómo se pagaría una multa de 350 millones de euros. Y ahí Pérez pide prudencia porque cree que no llegaría "ni la intervención ni la ruina".