La entrada a la Audiencia de Alicante, este febrero.
La jueza del caso VPP en Alicante exige 3.000 euros al PSOE para acusar y envía los contratos a la UDEF
La magistrada impone la misma fianza a Manos Limpias y traslada a la Policía Nacional toda la documentación sobre el polémico Residencial Les Naus.
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La investigación judicial sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante entra en una fase decisiva. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 ha dictado una providencia en la que condiciona la personación del grupo municipal socialista como acusación popular al pago de una fianza de 3.000 euros.
La magistrada responde así a la solicitud de la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ana Barceló, y le señala que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la formación solo puede participar en el proceso mediante la interposición de una querella y el depósito de la citada caución.
Así lo ha hecho público este miércoles en el que también se ha anunciado que la instructora ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias.
La entidad pretendía evitar el pago de la fianza, pero la jueza ha ratificado la exigencia de otros tres mil euros. Así calificaba la cuantía de "proporcionada" a la capacidad económica del querellante y subrayando que no obstaculiza su derecho a ejercitar la acción popular.
Más allá de las fianzas, el movimiento más significativo de la magistrada ha sido el traslado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de toda la documentación recabada hasta la fecha.
Los agentes especializados ya tienen en su poder los expedientes aportados por la Conselleria de Vivienda y la cooperativa promotora del Residencial Les Naus. Esta es la urbanización sobre la que pivota la sospecha de irregularidades en la adjudicación de las viviendas protegidas.
![Sant Joan detecta la comercialización irregular de viviendas protegidas e interviene paralizando el contrato](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/27\/actualidad\/1003744149016_261669266_320x180.jpg"])
Con este paso, la instrucción busca determinar si existen indicios de criminalidad en la gestión de este proyecto residencial que ha generado un intenso debate político en el consistorio alicantino durante los últimos meses.
El alcalde Luis Barcala promete "tolerancia cero" en un caso por el que han dimitido la concejala de Urbanismo Rocío Gómez, la directora general María Pérez-Hickman (aunque sigue como funcionaria), el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria Miguel Ángel Sánchez y un arquitecto municipal, Francisco Nieto.
El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, también se ha mostrado duro sobre este tema. Así afirmó que "me indigna que unos jetas hayan aprovechado su situación privilegiada", en referencia, entre otros, al funcionario encargado de certificar los visados y del que se investiga si habría rebajado las exigencias de la normativa porque su propia mujer era una de las beneficiarias.
