La empresa que proyecta los depósitos de combustible en Alicante cerró 2020 con un agujero de 706.000 euros.
El Ayuntamiento de Alicante confía en que su recurso ante el Constitucional rechace los macrodepósitos del puerto
El Gobierno de Barcala considera que se ha aplicado una normativa ambiental valenciana que ha sido declarada inconstitucional para estos casos.
Más información: Alicante deniega la licencia de obra para los macrodepósitos por no tener la autorización del Puerto y no ajustarse a la concesión
El pasado jueves por la tarde el Ayuntamiento de Alicante anunció la denegación de la licencia para la construcción de los macrodepósitos de combustible en el puerto de la ciudad que pretende construir la empresa XC BUSINESS 90, S.L. Se trata de un polémico proyecto que se remonta a 2013 para instalar una veintena de depósitos de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el Muelle 19.
Desde el primer momento el proyecto fue rechazado por parte de todas las administraciones involucradas (Ayuntamiento, Autoridad Portuaria, Generalitat Valenciana) y de asociaciones vecinales y colectivos ecologistas, argumentando riesgos de seguridad, impacto ambiental y la contradicción con el acuerdo de 1995 que prohibía este tipo de instalaciones cerca del núcleo urbano.
No obstante, esta nueva denegación de licencia no ha puesto fin al conflicto que el Ayuntamiento espera que se solucione con un recurso ante el Tribunal Constitucional que todavía no ha sido admitido a trámite. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), finalmente concedió la licencia ambiental a la empresa por la vía del "silencio positivo". Y el Tribunal Supremo rechazó el recurso municipal.
El Ayuntamiento de Alicante prevé que el proceso ante el Tribunal Constitucional sea largo y que la resolución del recurso pueda demorarse varios meses, como ocurre habitualmente en la jurisdicción constitucional.
El equipo de gobierno ha indicado que mientras el recurso esté pendiente de resolución, continuará explorando y ejecutando estrategias técnicas, administrativas y judiciales para evitar la instalación de los macrodepósitos, manteniendo la suspensión cautelar de la licencia ambiental mientras lo permite la normativa y hasta que el Constitucional se pronuncie.
Ayer, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, aseguró que "ya anunciamos que los técnicos estaban estudiando el caso y que utilizaríamos todas las medidas y todos los recursos relativos para que no hubiera macrodepósitos en el en el puerto de Alicante".
![Dos cruceros atracados en el Puerto de Alicante, en imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2023\/01\/16\/alicante\/economia\/turismo\/734186917_230181347_320x180.jpg"])
"No sé si la empresa volverá a emprender acciones legales por esta denegación de licencia. Parece obvio que todo el mundo tiene derecho a defender su postura. Nosotros lo que seguimos defendiendo es el criterio que tenemos desde el primer momento. Cualquier otro interesado tiene todo el derecho del mundo de utilizar los recursos que estén a su alcance", concluyó Barcala.
El recurso ante el Constitucional del Ayuntamiento se fundamenta en que se ha vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, porque no se tuvo en cuenta la inconstitucionalidad del silencio positivo para este tipo de permisos ambientales, cuestión declarada por el propio Tribunal Constitucional en otro fallo previo (sentencia 76/2022).
Por eso, solicita explícitamente la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia mientras se resuelve el recurso de amparo ante el Constitucional.
Además, añade que la resolución recurrida no está suficientemente motivada y adolece de un razonamiento arbitrario, aplicando una normativa ambiental valenciana que ha sido declarada inconstitucional para estos casos.
El recurso no solo se dirige contra la sentencia que otorgó la licencia ambiental, sino también contra la inadmisión del incidente de nulidad previo presentado por el Ayuntamiento.
