El sector judicial está viviendo uno de los momentos más tensos en lo profesional. Esta semana el Colegio de la Abogacía de Alicante (Icali) convoca una concentración ante la que consideran una "grave situación que soporta la abogacía". 

El comunicado del Icali considera que esta se debe al "caótico estado de una administración de justicia, insensible y ajena al respeto que merecen los ciudadanos y los profesionales". Todo ello, concluyen, "pone en riesgo el presente y el futuro de la profesión".

La protesta convocada reivindica la mejora de las condiciones del turno de oficio. En particular pretenden que esta incluya el abono de aquellas actuaciones que aún no están baremadas, el pago por los desplazamientos y la reducción de la carga burocrática.

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Entre las razones que el Icali enumera para esta protesta destacan dos derechos: el de la conciliación profesional y familiar y el de la desconexión digital. Unas peticiones que "exigen" para disfrutarlos como el resto de la ciudadanía.

El Icali también demanda que se garantice una defensa de proximidad, con especial incidencia en el caso de las víctimas de violencia de género en cada partido judicial. Esta concentración tendrá lugar el próximo viernes 26 de mayo en la plaza del Palacio de Justicia de Alicante a las 13 horas.

El sector judicial está viviendo un intenso año con las diferentes huelgas (o amenazas de paro) que se han realizado en toda España. La de los funcionarios de justicia ha sido la más extensa con dos meses. Así consiguieron una de sus principales demandas: el aumento salarial.

Y los jueces

La semana pasada eran los jueces quienes seguían expresando su descontento. La Comisión Permanente de la Asociación Profesional de la Magistratura, la organización de representación mayoritaria en la carrera judicial, acordaba el miércoles rechazar la propuesta de acuerdo retributivo presentada por los Ministerios de Hacienda y Justicia el pasado martes, que es "idéntica a la que conocimos el día 8".

A principios de este mes esta asociación ya dijo que un aumento medio de 447 euros mensuales brutos era "insuficiente e inasumible". Y la razón que daban para ello es que señalan la pérdida de poder adquisitivo que calculan se eleva en un 20 % acumulado desde 2010. El acuerdo no incluye mejora alguna en el pago de las guardias, trienios ni retribuciones variables.

Porcentualmente, la subida propuesta a jueces y fiscales (aproximadamente el 7%) es inferior a la que el Gobierno aprobó para los letrados de la Administración de Justicia tras dos meses de huelga (el 10%).

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