Los exediles del PP en el Ayuntamiento de Alicante Andrés Llorens y Juan Zaragoza han asegurado este martes, en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por la presuntas anomalías investigadas en el contrato de montaje de infraestructuras para actos festivos y culturales, que todas las decisiones relacionadas con la adjudicación y prestación de ese servicio entre los años 2003 y 2008 se adoptaron por indicación de los técnicos de la Concejalía de Atención Urbana, con el aval del área de Contratación y de todos los técnicos que formaban parte de la Mesa de Contratación.

[Fiscalía estima en 841.000 euros los sobrecostes que la empresa Isjoma cobró de Alicante en 2008 y 2009]

Además, ambos han insistido en que en ningún caso se emitió ningún reparo por parte del departamento de Intervención respecto a la adjudicación o respecto a los contratos menores que se concertaron con la misma empresa concesionaria, Isjoma.

En primer término, Llorens, concejal de Atención Urbana durante los años investigados y que llegó a ser vicealcalde bajo el mandato de Sonia Castedo, en 2011, ha asegurado que él tenía “plena confianza en los técnicos” y que se limitaba a avalar con su firma los documentos de pago que se le presentaban.

En su declaración en calidad de investigado por un delito continuado de prevaricación, ha sostenido que él no disponía de tiempo para revisar los más de 300 documentos que se le pasaban a la firma y que se limitaba a comprobar que habían sido supervisados previamente por el jefe de Servicio, el funcionario Víctor López, también encausado hasta su fallecimiento.

En esta línea, ha sostenido que la revisión de esos contratos menores no estaba entre sus competencias y que cuando tomó la delegación de Atención Urbana, en 2007, solo se ocupó de concretar el organigrama, sin poner en cuestión las pautas de trabajo que existían porque el jefe de Servicio era un profesional que acumulaba cerca de 30 años de trayectoria y contaba “con gran prestigio”. “Era una figura en el Ayuntamiento”, ha declarado a preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

De igual modo, ha asegurado que no estaba capacitado para cambiar esos procedimientos puesto que no era técnico y no tenía un criterio válido, y ha sostenido que no le correspondía el control jurídico ni administrativo sino atender a las asociaciones vecinales para que se atendiesen sus reivindicaciones, preparar los plenos, despachar con la alcaldesa sobre los asuntos principales y preparar los presupuestos.

Respecto a la adjudicación del contrato de 2009, ha sostenido que él expresó su conformidad en el informe de baremación de las ofertas que elaboró su jefe de Servicio, en el que se había puntuado inicialmente la oferta de Alavés como la más ventajosa al presentar un presupuesto 900.000 euros más económico que el de Isjoma. Sin embargo, ha sostenido que el contrato acabó adjudicándose a esta segunda empresa porque el concurso “no era una subasta sino una cuestión de precio y de propuesta técnica”.

Declaración de Zaragoza

Por su parte, el exedil de Hacienda Juan Zaragoza -también investigado en la causa, pero por un delito de revelación de secretos- ha explicado que él se reunió con el responsable de Isjoma a petición de Llorens para tratar de agilizar los pagos pendientes y que accedió a tratar de mediar con la familia Alavés para ver si las dos empresas podían limar asperezas “y trabajar juntos”.

En esta línea, ha sostenido que habló con los representantes de Montajes Alavés y que mantuvo al menos tres reuniones con ellos. En una de ellas, celebrada después de que se abrieran los sobres con las ofertas económicas, le manifestaron su enfado y temor a que el contrato se le adjudicase a Isjoma.

Ha negado que él tuviese acceso al informe de baremación de las propuestas antes de que se conociese en la Mesa de Contratación, y también que él pudiese habérselo facilitado a los Alavés.

Durante la sesión, también ha declarado como testigo José Antonio Alavés, administrador de Montajes Alavés, que ha derivado la responsabilidad de las decisiones sobre la licitación a su hijo, a quien había derivado el control de la empresa. Por lo demás, ha negado que mantuviese una relación de amistad con Zaragoza y solo ha dicho que lo conocía como vecino del mismo barrio.

La detective de Alavés

En cuarto lugar, ha comparecido la detective contratada por Montajes Alavés para grabar la conversación con Zaragoza. La testigo ha asegurado que la grabación no podía haber sido manipulada desde el punto de vista técnico y que su contenido íntegro era el que se aportó al Juzgado de Instrucción.

También ha declarado la exalcaldesa Sonia Castedo bajo la condición de testigo. En esta línea, ha explicado que ella encargó un informe técnico adicional para conocer la corrección del procedimiento de contratación antes de aprobar la adjudicación del contrato a Isjoma, a la vista de la reunión que mantuvo con el responsable de Montajes Alavés.

En esta línea, también ha sostenido que todo el procedimiento de licitación había sido correcto y que no tenía por qué dudar de los informes técnicos de valoración de las ofertas porque eso implicaba dudar de todos los informes que realizaban los técnicos municipales.

Por último, también ha declarado el exedil Juan Seva, que formaba parte de la Mesa de Contratación como vocal, y quien también ha sostenido que nadie advirtió de nada raro sobre el procedimiento de licitación del contrato de montaje de escenarios. El juicio prosigue este miércoles con la declaración de nuevos testigos.