La mesa de la justicia celebrada este martes en Alicante.

La mesa de la justicia celebrada este martes en Alicante. Icali

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Freno a los parones en los juzgados de Alicante: la abogacía exige vías de contacto y atención durante el teletrabajo

La Mesa de la Justicia aborda la implantación de la nueva Oficina Judicial y reclama un protocolo unificado para la suspensión de vistas por enfermedad.

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Alicante
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La abogacía de Alicante ha exigido soluciones inmediatas a la Administración de Justicia para poner fin a los parones y las disfunciones que sufren a diario los profesionales en los juzgados de la provincia. Durante la celebración de la Mesa de la Justicia este martes, el Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (Icali) ha situado en el centro del debate la necesidad urgente de agilizar la tramitación de asuntos y garantizar la atención.

Uno de los puntos más críticos expuestos por la corporación ha sido la exigencia de una atención efectiva y continuada a los profesionales. El Icali ha alertado sobre las situaciones de desatención que sufren letrados y litigantes cuando el personal de los juzgados se encuentra prestando servicio en régimen de teletrabajo o se ausenta por vacaciones, permisos y bajas laborales.

Para evitar el bloqueo de los procedimientos, la abogacía ha reclamado la implantación de mecanismos organizativos que aseguren la continuidad del servicio. El Colegio considera prioritario impedir que los expedientes queden paralizados o sin posibilidad de consulta por fallos en la cobertura presencial o telemática de las oficinas judiciales.

En el ámbito de las comunicaciones, el Icali ha urgido a habilitar canales directos y operativos con la nueva Oficina Judicial. La petición exige el despliegue de líneas telefónicas verdaderamente operativas, correos funcionales atendidos de forma continua y protocolos de respuesta definidos para resolver consultas sin demoras injustificadas.

La abogacía alicantina ha solicitado la adopción inmediata de un protocolo unificado de criterios de agenda. Este instrumento debe regular la notificación rápida de suspensiones de vistas y señalamientos en los casos en que el letrado o letrada sufra una enfermedad, evitando desplazamientos en vano.

En respuesta a las demandas planteadas, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha detallado las medidas adoptadas por la Generalitat ante la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia, la digitalización y el impulso a la agilización procesal.

Tras escuchar las reivindicaciones de la abogacía, la consellera ha asegurado que "al participar en este foro reiteramos el compromiso de la Generalitat por garantizar un servicio público de Justicia de calidad para los habitantes de los municipios que integran el partido judicial de Alicante".

El decano del Icali, Ignacio Gally Muñoz, ha enfatizado el enfoque eminentemente práctico de la convocatoria. "Nuestro objetivo es dar respuesta y encontrar soluciones a los problemas que cada día como profesionales de la abogacía nos encontramos en los juzgados", ha subrayado el decano, recordando que la mesa busca "encontrar conjuntamente respuesta a las demandas de los compañeros y compañeras".

El Colegio ha valorado de forma positiva la reunión como espacio para unificar criterios y acortar los tiempos de tramitación. No obstante, la abogacía recalca que los cambios organizativos, como la llegada de los Tribunales de Instancia, deben ir acompañados de garantías reales de funcionamiento y seguridad jurídica.

El encuentro institucional ha contado con la asistencia de los principales responsables del ámbito autonómico y provincial. Junto al decano Ignacio Gally y la consellera Nuria Martínez, han participado la directora general de Justicia, María José Adalid; el presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Juan Carlos Cerón; el fiscal jefe provincial, Jorge Rabasa; el presidente del Tribunal de Instancia de Alicante, César Martínez; la secretaria coordinadora provincial, Belén Díaz; la decana del Colegio de Procuradores, Pilar Fuentes; y los directores de los Servicios Comunes de Tramitación y General, Jesús Lorenzo y Román Huertas.