La oposición entra en el barro de la crisis que atraviesa el PSOE de San Vicente del Raspeig, principal partido en el gobierno en minoría que comparte con Esquerra Unida. 

Las filtraciones de contratos públicos en un grupo paralelo de los concejales díscolos con el alcalde Jesús Villar ha llevado al PP, como avanzó este medio, a pedir la actuación de la Fiscalía Anticorrupción. 

Después de que la agrupación popular local elevara las informaciones que disponía al órgano superior, ha sido el PP de la provincia el que ha tildado este lunes de “muy graves” las conversaciones de Whatsapp reveladas en los medios de comunicación donde miembros del PSPV-PSOE, con cargo público en ese momento en el Ayuntamiento del municipio, pasaron información sobre contratos públicos a personas ajenas al equipo del gobierno municipal.

El PP de Carlos Mazón ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que investigue de oficio los contratos de los que se habla en esas conversaciones "por si hubiera algún tipo de delito vinculado a la corrupción u otro tipo de irregularidad", aseguran en un comunicado.  

¿Actuaciones penadas?

El vicesecretario de organización del PP de la Provincia de Alicante y diputado autonómico por Alicante, José Antonio Rovira, ha destacado que esas conversaciones de chat se hablaban de quitar a los funcionarios, revisar las bases de ciertas contrataciones o de modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana. También que "aún no eran públicas, con directrices por parte de dirigentes del PSOE que podrían responder a actuaciones penadas", aseguran. 

“Salen temas urbanísticos, parece que se ha intentado restringir la capacidad de decisión de los funcionarios, se ha insultado a trabajadores municipales y ha campado a sus anchas información que no tendría que haber salido del ayuntamiento en ese momento", dice José Antonio Rovira.

"Algo se está haciendo mal y consideramos, si es que aún no se ha hecho, porque lo desconocemos, que la Fiscalía tendría que actuar de oficio en las contrataciones que aparecen en los chats de Sant Vicent que tanto han avergonzado a nuestros vecinos”, añade. 

En estos chats paralelos a los que manejaba el equipo de gobierno, según las informaciones reveladas, había concejales afines al exedil José Luis Lorenzo, ya dimitido, además de militantes y personas ajenas al equipo de gobierno que recibían información como los informes de la junta de gobierno.

La información enviada a los grupos de Whatsapp podría estar contraviniendo el artículo 145 del Código Penal, que hace referencia a las penas que se impondrán a la autoridad o funcionario público que acceda o permita el acceso a documentos secretos que estén en su custodia.

Además, Rovira ha señalado que el propio contenido de los mensajes “exige una investigación al estar hablándose de datos e informaciones urbanísticas o cómo restar poder al funcionariado y los técnicos”.

“No solamente los sanvicenteros estamos abochornados con un escándalo mayúsculo que ha demostrado que no hay equipo de gobierno serio y responsable, sino que creemos que habría que aclarar si se ha cometido algún tipo de irregularidad relativa a la revelación de documentación y de tejemanejes y corruptelas en las contrataciones públicas”, ha zanjado Rovira.

Vox y Cs

Vox se ha sumado al movimiento del PP provincial y Ciudadanos se ha desmarcado. Los primeros, han recordado que ya solicitaron al alcalde el martes pasado que se investigaran las filtraciones. "Son de una naturaleza muy grave", señalan. Por ello han puesto a su servicio jurídico a estudiar el caso". 

Por su parte, Ciudadanos apunta al propio alcalde, al que le conminan a que "tome la iniciativa" y sea él el que "lleve a la fiscalía o a la Agencia Antifraude" esta polémica filtración. "Tiene a su disposición los recursos jurídicos del ayuntamiento, y seguramente tendrá más información, como ha insinuado", sentencian".