Casas afectadas por el nuevo deslinde del Gobierno en Dénia este agosto.

Casas afectadas por el nuevo deslinde del Gobierno en Dénia este agosto. Rosa Marín

Alicante

El futuro de las casas históricas de la costa valenciana, en el aire: el Constitucional mantiene el bloqueo al Consell

El Alto Tribunal prorroga la suspensión de los artículos que protegían núcleos tradicionales, aunque permite a la Generalitat avanzar en el inventario.

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El Tribunal Constitucional ha dictado un nuevo auto que marca un capítulo decisivo en la guerra jurídica por el control del litoral de la Comunitat Valenciana. El Pleno del tribunal ha acordado mantener la suspensión de los apartados clave de la Ley de protección y ordenación de la costa autonómica, centrados específicamente en el blindaje de las viviendas tradicionales frente a los deslindes del Estado.

Esta decisión supone un jarro de agua fría para la Generalitat, que buscaba mediante el artículo 17 y la disposición final primera de su norma otorgar un reconocimiento etnográfico e histórico a estos núcleos de población. El objetivo del Consell era blindar estas zonas residenciales y comerciales tradicionales para evitar las demoliciones y reversiones que promueve la Dirección General de Costas.

Sin embargo, como recoge Efe, el tribunal ha aceptado las alegaciones del Gobierno de España, considerando que levantar la suspensión de este blindaje etnográfico podría ocasionar "perjuicios de imposible o difícil reparación" para el dominio público marítimo-terrestre y el medio ambiente. Según el auto, la aplicación del régimen jurídico valenciano para estos núcleos urbanos "no resulta indiferente" desde la perspectiva de la protección del litoral.

No todo ha sido un bloqueo total para la administración autonómica. El Constitucional sí ha decidido levantar la suspensión sobre la disposición adicional cuarta, referida al Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público. En este caso, el tribunal argumenta que el Estado no ha podido identificar "perjuicios concretos" derivados de la mera elaboración de dicho inventario.

El tribunal ha subrayado que, en este momento procesal, no se está juzgando si la ley es constitucional o no, sino simplemente si se mantiene la cautelar mientras se resuelve el fondo del asunto. Además, el auto aclara que los preceptos valencianos "no atribuyen por sí mismos a la Generalitat potestades de deslinde o desafectación" que desplacen formalmente las competencias estatales.

Este fallo llega en un momento de máxima tensión institucional entre el Consell y el Ejecutivo central. La Generalitat ha denunciado repetidamente una "flagrante deslealtad institucional" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, al interponer el recurso de forma unilateral mientras ambas administraciones estaban sentadas en una mesa de negociación bilateral. De hecho, se llegó a acuerdos en casi todos los puntos excepto, precisamente, en el relativo a los núcleos de valor etnológico.

Para contextualizar el drama social tras este conflicto legal, el Consell ha lanzado este verano una campaña audiovisual titulada Podría ser tu última paella. Con ella se busca visibilizar la vulnerabilidad de miles de familias en municipios como Dénia o Guardamar del Segura, cuyos hogares heredados se encuentran en el punto de mira de la doctrina de "retirada antrópica" del Ministerio para la Transición Ecológica.

El vicepresidente valenciano y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha sido especialmente crítico con la actitud de Madrid, calificando de "useless" o vacío de utilidad el diálogo con el Ministerio. Martínez Mus ha denunciado que se intenta imponer una agenda que "pasa por encima del autogobierno" y que aplica de manera retroactiva normas que convierten en ilegal lo que durante décadas fue legítimo y estuvo respaldado por el Registro de la Propiedad.

El conflicto también tiene un frente abierto en las Cortes Generales, donde la reforma de la Ley de Costas estatal, que buscaba salvar estos núcleos tradicionales, permanece "secuestrada" en la Mesa del Congreso mediante prórrogas sistemáticas de los plazos de enmiendas por parte de PSOE y Sumar.

Mientras el Tribunal Constitucional resuelve el fondo de la cuestión, el litoral valenciano sigue sumido en un limbo jurídico.

El debate ha dejado de ser meramente técnico para convertirse en una disputa sobre quién decide en la costa: si un Estado que promueve el desalojo progresivo de la presencia humana o una autonomía que defiende que el litoral es "memoria viva" y el sustento de miles de empleos. Por ahora, las casas que la Generalitat pretendía proteger seguirán bajo la amenaza de los expedientes de deslinde estatales.