Un edificio con viviendas turísticas. GVA
La Generalitat exige revisar el Registro Único de pisos turísticos por "inseguridad jurídica"
La Comisión alerta de un posible solapamiento entre la normativa estatal y la autonómica para registrar viviendas de alquiler vacacional.
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La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha pedido al Gobierno de España que reconsidere el diseño y la implantación del Registro Único de Viviendas de uso turístico tras el reciente pronunciamiento de la Comisión Europea, que cuestiona su encaje en el marco normativo comunitario.
El dictamen, emitido en el marco del Technical Regulation Information System (TRIS), advierte del riesgo de duplicidad administrativa e inseguridad jurídica.
También apunta a que el modelo estatal se aleja del enfoque de gobernanza previsto en el Reglamento (UE) 2024/1028 sobre alquileres de corta duración.
La Comisión recuerda que una misma vivienda no puede estar sujeta a más de un procedimiento de registro obligatorio, independientemente del nivel administrativo.
En este contexto, Cano ha defendido que la Comunitat Valenciana ya cuenta con una herramienta autonómica plenamente operativa.
"La Comunitat Valenciana cuenta desde hace años con un registro autonómico plenamente operativo, que autoriza y controla la actividad de las viviendas de uso turístico, por lo que la imposición de un registro estatal adicional no aporta mayor eficacia al control, pero sí introduce duplicidades, cargas innecesarias e inseguridad jurídica".
La consellera también ha cuestionado el planteamiento del Ejecutivo central, al considerar que genera un conflicto competencial evitable.
Cano ha advertido de que el enfoque adoptado por el Gobierno "sustituye la necesaria coordinación y la interoperabilidad de datos por la acumulación de registros", alejándose del modelo europeo y tensionando la relación con las comunidades autónomas.
En ese sentido, ha subrayado que el problema señalado por Bruselas no es la regulación del alquiler turístico, sino el modo en que se está articulando.
"Europa no cuestiona la regulación del alquiler turístico, sino la falta de cooperación institucional y el solapamiento de procedimientos", ha añadido.
La Comunitat Valenciana se suma así a la posición expresada por otras comunidades autónomas, que han advertido del riesgo de que el Registro Único estatal resulte inaplicable si no se adapta al derecho de la Unión Europea antes del 20 de mayo de 2026, fecha límite fijada por la Comisión para eliminar cualquier duplicidad incompatible con el Reglamento europeo.
Desde el Consell se insiste, además, en que el debate sobre el acceso a la vivienda no debe trasladarse al ámbito turístico ni utilizar instrumentos de ordenación turística como sustituto de una política estatal de vivienda.
"Convertir el turismo en el problema no resuelve el verdadero desafío, que es aumentar la oferta residencial", ha señalado Cano.
Por ello, la consellera ha reclamado al Gobierno central "diálogo leal, coordinación entre administraciones y respeto a las competencias autonómicas", además de "una revisión urgente del modelo de Registro Único para avanzar hacia una ventanilla única interoperable, apoyada en los registros autonómicos que ya funcionan y garantizan el control de la actividad, en línea con el modelo europeo de gobernanza turística".
La cuestión se abordará en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo, prevista para el martes 10 de febrero en Madrid.
Sin embargo, Cano ha lamentado que se incluya como último punto del orden del día, "cuando se trata de un asunto de máxima relevancia para las comunidades autónomas y para la seguridad jurídica del sector".
A su juicio, "la ubicación del debate no refleja la urgencia ni la trascendencia del problema planteado por la Comisión Europea".
Cabe recordar que la Generalitat presentó en mayo de 2025 un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024 del Gobierno, que regula el Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital, al considerar que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de turismo
