La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero.

Alicante

La Generalitat detecta irregularidades en la promoción de VPO de Les Naus y pide a Fiscalía que actúe "caiga quien caiga"

El caso ha generado polémica tras conocerse que entre los adjudicatarios hay cargos municipales y familiares de altos funcionarios.

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La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha confirmado que la Generalitat ha identificado “falta de información” en varios expedientes de la promoción de vivienda pública de Les Naus, en Playa de San Juan (Alicante), actualmente en revisión.

Camarero ha subrayado que, si se comprueba la existencia de irregularidades en las adjudicaciones, el caso será remitido a la Fiscalía para que actúe “caiga quien caiga”, según Europa Press.

Durante su comparecencia en Alicante, la consellera evitó precisar cuántos expedientes se han visto afectados para no generar alarma, y explicó que los servicios técnicos revisan la documentación adicional solicitada a los adjudicatarios —como ingresos o bienes del cónyuge en casos de separación de bienes— antes de determinar si hay irregularidades. De confirmarse, se ampliará la denuncia ya presentada por la Generalitat.

El caso ha generado polémica tras conocerse que entre los adjudicatarios hay cargos municipales y familiares de altos funcionarios, como la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los hijos de la hasta ahora directora general María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal.

Además, se ha abierto expediente a un funcionario implicado en el proceso de visado por haber omitido información relevante sobre su situación familiar.

Camarero ha insistido en que la Generalitat no adjudica directamente las viviendas, sino que verifica que los beneficiarios cumplen los requisitos de acceso a la protección pública.

También ha señalado que todos los expedientes bajo revisión dependían de un mismo funcionario, que ascendió durante el anterior gobierno del Botànic, criticando a la oposición por “manipular los hechos y crear bulos” sobre el caso.

La consellera ha defendido que el Consell ha actuado “con total contundencia”, apartando al funcionario, abriendo un expediente disciplinario y trasladando la investigación a Fiscalía. Ha evitado valorar los casos individuales, pero ha garantizado que “se llegará hasta el final”.

Asimismo, ha revelado que solo un propietario ha solicitado autorización para vender su vivienda protegida y tres para alquilarla. En el caso de las ventas, la Generalitat ejercerá su derecho de retracto para impedir la especulación con vivienda pública.

Camarero ha anunciado medidas para reforzar los controles en futuras adjudicaciones: una comisión de revisión de visados que sustituirá la supervisión individual, la obligatoriedad de presentar solicitudes electrónicas, y una colaboración más estrecha con la Agencia Tributaria y el Registro de la Propiedad.

También se implementará un registro específico por promoción con información transparente sobre solicitantes y beneficiarios, y mecanismos de adjudicación claros, como sorteos o criterios objetivos.

Finalmente, ha destacado que el Plan Vive permitirá construir 10.000 viviendas en la Comunitat Valenciana y que se reforzará la publicidad y la transparencia en cada promoción para garantizar un acceso justo y equitativo a la vivienda pública.