Los vertidos contaminantes.
Desmantelan un complejo ilegal en suelo inundable de la Vega Baja con vertidos contaminantes
El recinto funcionaba como un núcleo residencial con calles asfaltadas y 60 casas móviles, muchas ampliadas con porches o terrazas.
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La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación contra los responsables de un complejo residencial ubicado en un terreno no apto para urbanizar y con riesgo de inundación, dentro de un municipio de la Vega Baja del Segura.
En este lugar se han detectado graves incumplimientos en materia urbanística, medioambiental y de seguridad.
El origen de la pesquisa fue una denuncia anónima que alertaba sobre el vertido de aguas residuales sin depurar a una acequia usada para evacuar excedentes de riego, conocida como azarbe.
Las indagaciones confirmaron que la contaminación provenía de un conjunto de viviendas tipo mobil home.
Un análisis pericial determinó que las aguas contenían elementos contaminantes que podían alterar significativamente el equilibrio natural de la zona, amenazando la actividad agrícola local.
Ante estos hechos, el Equipo de Protección de la Naturaleza (EPRONA) de la Guardia Civil de Alicante inició la operación "Castramar".
Durante la inspección, los agentes hallaron unas 60 casas móviles situadas en un terreno sin licencia urbanística y susceptible de inundaciones.
El complejo estaba organizado en tres calles asfaltadas y disponía de instalaciones como oficinas, restaurante, zona de duchas y aseos, piscinas e infraestructuras deportivas.
Varias de las viviendas tenían añadidos como porches, terrazas o garajes, y todas contaban con suministros de agua, electricidad y alcantarillado, funcionando de hecho como una pequeña población.
En el lugar residían de manera permanente unas 60 personas con empadronamiento en esa dirección.
El administrador habría utilizado distintas estrategias para mantener y ampliar la actividad, como la creación de nuevas sociedades o la compra de terrenos adyacentes, lo que permitía incrementar las instalaciones y atraer clientes mediante una web gestionada por una empresa británica.
Durante los años 2024 y 2025, el EPRONA ha investigado a un total de 20 personas —propietarios, gestores, arrendadores y dueños de las viviendas— con edades entre los 35 y 88 años.
Todos ellos enfrentan acusaciones por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y dos personas adicionales han sido imputadas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente debido al vertido contaminante.
Las autoridades competentes también fueron notificadas de las infracciones detectadas.
Las diligencias han sido enviadas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante, quedando el caso en manos del Juzgado de Instrucción de Torrevieja, que continúa con las actuaciones judiciales.
De manera paralela, el ayuntamiento competente ha ordenado el cierre del complejo, medida pendiente de ejecución, y ha comunicado el caso a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio para aplicar la ley y restaurar el estado original del suelo no urbanizable.
