Un registro durante la operación de liberación de las mujeres explotadas sexualmente.
Una gran operación libera a 162 mujeres explotadas sexualmente entre Alicante y otras provincias españolas
En la provincia se han detenido a tres responsables de la organización criminal, que estaba asentada en la Comunitat Valenciana.
Más información: Detienen a tres mujeres por explotar a otras ocho a las que obligaban a mantener relaciones a cualquier hora
Una gran operación a nivel nacional ha liberado a 162 mujeres explotadas sexualmente en inmuebles y locales convertidos en prostíbulos por una organización criminal asentada en la Comunitat Valenciana, con tres detenidos en Alicante.
El golpe conjunto de la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera a la explotación sexual se ha saldado con 37 detenidos, 22 de ellos han sido arrestados en la provincia de Valencia, cuatro en Málaga, otras cuatro en Murcia, cuatro más en Castellón y tres en Alicante.
La organización asentada en la Comunitat Valenciana comenzó a expandirse a otras provincias como Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
El entramado criminal se dedicaba a la captación de mujeres de origen sudamericano tanto en España como en sus propios países.
En la mayoría de los casos, estas mujeres se encontraban en situación de vulnerabilidad y carentes de permiso de residencia y trabajo, a las que obligaban a ejercer la prostitución en diferentes ubicaciones de la geografía española.
Vigiladas 24 horas
Las víctimas eran tratadas como esclavas sexuales, siendo vigiladas 24 horas por videovigilancia instalada en el interior de los inmuebles y tan solo pudiendo salir dos horas al día.
El 50 % de cada servicio era para la organización y la otra mitad para las mujeres, si bien estas podían ser multadas por distintos motivos.
"Las víctimas eran rotadas y trasladadas entre los diferentes locales según la conveniencia de la organización criminal, pudiéndose constatar cómo además de los locales inicialmente conocidos, la organización había comenzado a expandirse a Cataluña, Murcia y Málaga", explican los cuerpos en un comunicado.
La investigación permitió constatar que la red criminal estaba estructurada en tres niveles de responsabilidad.
En la cúspide estaban los líderes de la organización -con vínculos familiares y sentimentales entre ellos-. Eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles, obteniendo los mayores beneficios económicos.
Un segundo nivel estaba compuesto por personas de confianza encargadas de la supervisión de los locales, recaudación de beneficios y coordinación de encargadas.
El tercer nivel incluía a las encargadas que vigilaban a las víctimas, conductores, reformistas de los locales y distribuidores de estupefacientes.
Estas trabajaban todo el día y eran responsables de controlar a las mujeres del interior, cobrar a los clientes, facilitar las sustancias estupefacientes a los clientes que las solicitaran y contestar las líneas telefónicas vinculadas a los anuncios de prostitución.
Reforma de inmuebles
Para desarrollar esta actividad delictiva la organización adquiría o alquilaba inmuebles o locales directamente o bien mediante sociedades mercantiles establecidas al efecto, e intentaban dar una apariencia de legalidad camuflándolos como locales de masajes.
Los inmuebles elegidos eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales, y contaba con miembros encargados de reformarlos y convertirlos en habitáculos donde ejercían las víctimas, que dormían hacinadas en literas o directamente en la misma cama donde atendían a los clientes.
Estos lugares permanecían cerrados y "presentaban en muchas ocasiones mala ventilación y condiciones de habitabilidad lamentables", aseguran.
Además de la investigación policial, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación patrimonial de la organización criminal, así como de las conductas que podrían ser constitutivas de delitos de blanqueo de capitales.
De esta forma se pudo identificar a las personas físicas que controlaban las sociedades utilizadas por la organización como pantallas para canalizar los beneficios de su actividad criminal.
Nueve de estos 37 detenidos han ingresado en prisión provisional y se han realizado 39 registros en siete provincias diferentes.
Incluyendo los domicilios de los 11 máximos responsables de la organización y de los locales destinados a la explotación de las víctimas, donde se han incautado 141.000 euros en efectivo y tres vehículos.
"Esta investigación patrimonial permanece abierta y se está analizando la información bancaria y el resto de la información obtenida en los registros domiciliarios", destaca la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.
