El Gobierno de Sánchez ya impidió a la CHS comparecer en la comisión de investigación de la Dana de 2019

El 2019 la Vega Baja alicantina quedó anegada completamente por la rotura de una mota del río Segura en el término municipal de Almoradí. Fue entonces cuando la población no agraria supo qué era una mota: una obra para retener el flujo de agua dentro de un cauce y evitar las inundaciones. Algo indispensable en cauces de aluvión como el del Segura, modelado durante siglos por los sedimentos. El desastre tuvo tal magnitud -además de la muerte de seis personas- que le costó a las regiones implicadas y al Estado un total de 1.319 millones de euros.

La CHS fue demanda por las comunidades de regantes como responsable del desastre por la falta de limpieza del cauce y la falta de inversiones (obras). El caso se abrió y se archivo sucesivamente, hasta su archivo final. Paralelamente en las Cortes Valencianas se desarrolló una comisión de investigación a la que los responsables de la Confederacíón Hidrográfica del Segura (CHS) no acudieron gracias al aval de un escrito de la Abogacía del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) diluyó como pudo de este modo su responsabilidad en el asunto.

Como ha venido informando este diario, desde entonces no se ha hecho nada en el cauce del Segura en la provincia de Alicante, más allá de algunas pequeñas reparaciones. Los ayuntamientos y los regantes no dejan de quejarse pero sus reclamaciones caen en saco roto. El presupuesto anual de la CHS en 2024 (prorrogado) ascendió a 116 millones de euros, una cantidad bastante inferior a las pérdidas que produjo su inacción. Y según muchos expertos, insuficiente para acometer inversiones.

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En la Dana del del 29 de octubre en Valencia ha pasado algo similar, pero con consecuencias mucho peores ya que los muertos han superado con mucho los dos centenares. Y esta semana se ha sabido en palabras del propio presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, que la institución que controla el flujo de agua por los cauces no informó de la crecida en el barranco del Poyo al CECOPI.

En el caso de la CHJ, sus presupuestos anuales ascendieron en 2024 (prorrogados de 2023) a 175 millones de euros y el coste de la Dana de octubre se ha cifrado, en cambio, en 4.045 millones de euros.

Eludir la comparecencia

Desde el PP temen que lo mismo que sucedió con la Dana de 2029 vuelva a suceder en la comisión parlamentaria de las Cortes Valencianas que empezará a partir del 3 de marzo, por la Dana de Valencia del pasado mes de octubre. Por el momento están a la espera de ver qué comparecientes propone el PSOE en su "plan de trabajo", cuyo plaazo concluye el 28 de febrero. 

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Desde el PP tiene claro que pedirán la comparecencia de Polo por parte de CHJ, así como los responsables de la AEMET,  incluso ministros como Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior) u Óscar Puente (Transportes), por la llegada de efectivos, cortes de carreteras, etc. El PP y Vox tienen mayoría parlamentaria para que estas comparecencias sean aprobadas, otra cosa es que acudan a dar su versión.

No obstante, desde el Gobierno central pueden hacer como hicieron en la Dana de 2029 con la CHS y eludir estas comparecencias aduciendo que son responsables del Estado, no de las comunidades autónomas. En donde seguramente no podrán evitar la comparecencia es en la comisión de investigación del Senado, donde el PP tiene mayoría. De ahí que paralelamente los socialistas hayan anunciado una comisión en el Congreso, de la que por el momento no se conocen detalles.

En este contexto son muchos los que se preguntan ¿para qué valen entonces las confederaciones hidrográficas si no ejecutan obras ni rinden cuentas? Lo cierto es que estas entidades antes pertenecían a los ministerios inversores en obra pública, lo que hoy sería el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Un giro supuestamente "progresista" a lo que antes era "Fomento", "Obras Públicas y Transporte" u "Obras Públicas y Urbanismo", dependiendo de la época. Hoy, sin embargo, con el PSOE en el Gobierno central las confederaciones pertenecen al Ministerio para la Transición Ecológica.