Las Cortes Valencianas debaten este miércoles la nueva ley sobre la radio televisión valenciana, À Punt, una de las cinco grandes normas que el Gobierno de Carlos Mazón (PP-Vox) pretende sacar adelante antes de que termine el periodo de sesiones. Pero la izquierda, PSPV-PSOE y Compromís, han mostrado su rechazo a debatir la ley presentando en ambos casos, como enmienda a la totalidad, la ley que aprobaron en 2016 con Ximo Puig en el ejecutivo autonómico.

El hecho de que el ente público valenciano se encuentre en quiebra técnica (con shares de apenas el 2%) y económica, después de que en los últimos tres años se haya superado una desviación del gasto superior al 10%, no parece una causa suficiente para los partidos de José Muñoz y Joan Baldoví, como para intentar arreglar la situación.

Además de las enmiendas a la totalidad, también han presentado enmiendas parciales. El PSPV, 198, derogando cada uno de los artículos que PP y Vox han consensuado con trabajadores y el sector audiovisual, y sustituyéndolos por suyos, los que aprobaron en 2016. Lo que impide cualquier debate o transacción.

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Por su parte, Compromís ha cambiado tres artículos de aquella ley para no cambiar la esencia de su normativa, lo que ha hecho generar incongruencias con su propio articulado que tampoco permiten la negociación política.

Lo que debe cambiar 

La nueva ley propuesta por PP y Vox pretende salvar estas quiebras técnica y económica con 34 artículos nuevos que permitan la viabilidad de un proyecto que cuesta al año 84 millones de euros, y de los que entre otras cosas, con la actual organización, se ven obligados a pagar 2 millones de euros anuales en impuestos a Hacienda.

Tal y como está conformada la radiotelevisión desde que se inauguró en 2016 con la llegada de Puig al poder, un ente con un público objetivo de 5 millones de ciudadanos que son los que conforman la Comunitat Valenciana, termina teniendo un público real de apenas un millón de televidentes, con el que es imposible sobrevivir frente a otras televisiones. Entre otras cosas, por la rigidez impuesta en la lengua.

El objetivo ahora, tal y como han explicado diputados como el alicantino José Juan Zaplana, es modernizar el entramado normativo de la televisión lastrada por dos órganos rectores que ahora pasarán a ser uno, como la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Esto permitiría el ahorro de esos 2 millones euros anuales en impuestos, entre otras cosas.

Pero también, modificar la "carta de servicios" (para 9 años) y el contrato programa (para 3 años, 3 en cada carta de servicios). También, crear una televisión a la carta como las que tienen AtresPlayer o TVE, y como ya se ha hecho en la televisón andaluza.