El Tribunal Supremo anula la reforma del Reglamento de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno por la omisión de consulta pública. El Real Decreto 668/2022 entró en vigor de manera inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado el 2 de agosto de 2022 y afecta al litoral de la Comunitat Valenciana y al de la provincia de Alicante.

El recurso de los Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, el primero de muchos que se han presentado contra la norma administrativa, consigue la nulidad de la reforma por saltarse el trámite de consulta. Ayuntamientos, gobiernos autonómicos o particulares también han presentado numerosos recursos contenciosos administrativos contra esta norma, "que no venía a resolver ningún problema de los existentes en nuestro litoral, sino a poner el foco y las cosas todavía más difíciles, a los miles de familias y afectados por una Administración y una ley que ha perdido todo su sentido", señala la Asociación Somos Mediterránea.

Estos procesos siguen abiertos, por lo que aún no se puede hacer una valoración jurídica y de alcance social sobre lo que suponen. Esta primera anulación conlleva en términos de aplicabilidad a los expedientes abiertos "unas consecuencias al dejar de aplicarse la norma, pero por sí misma, no alcanza a los actos firmes u otras sentencias anteriores salvo en relación a sanciones no ejecutadas totalmente", indica Somos Mediterránea en un comunicado.

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Este Reglamento (una norma de rango inferior a la ley, redactada y publicada directamente por el Ejecutivo sin pasar por nuestras Cortes) ha puesto en contra a administraciones locales y autonómicas por no atenerse al mero desarrollo de la ley y querer cambiar "aspectos absolutamente reservados a la ley, como es la propia definición de dominio público marítimo-terrestre y los criterios para su delimitación o deslinde", indica la asociación.

Participación ciudadana

El fallo supone una oportunidad para que los ciudadanos afectados por los deslindes tengan una participación en la redacción normativa "real y efectiva". "Es el momento de demostrar el compromiso de nuestros representantes públicos con una ciudadanía formada, responsable y que quiere hacer uso de esta participación pública para proteger, desde una visión integradora, la costa española incluyendo su territorio y el conjunto de recursos culturales y naturales, tan necesarios para poner en valor la vida social y cultural que se genera en un espacio saludable", afirma la organización.

Somos Mediterránea está formada por más de 50 asociaciones del litoral que "tiende la mano" a la Administración y a las cámaras legislativas para abordar "la necesaria y urgente modificación de la Ley de Costas, que proteja de forma sostenible el magnífico patrimonio territorial del litoral de la costa española".

Así, la entidad recuerda que es un interlocutor válido ante la Administración General del Estado tras su encuentro con la Dirección General de Costas, Ana María Oñoro, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.