La Audiencia Provincial de Alicante juzga a partir de este viernes al que fuera capitán de la Guardia Civil de Torrevieja acusado de los delitos de lesiones, falsedad documental, coacciones y cohecho impropio; también a un teniente por los delitos de coacciones y cohecho. El motivo, según mantiene Fiscalía, es porque ambos acusados eran invitados a copas "en varios pubs del Paseo Marítimo de la localidad" a cambio de "paralizar la tramitación de denuncias o inspecciones".  

Asimismo, el Ministerio Público explica que el 1 de noviembre de 2014, el excapitán "agredió a un hombre en los baños de un local y, para intentar ocultar dicha agresión, aportó un testimonio falso en el atestado". Por estos hechos se le imputan también los delitos de lesiones y falsedad documental. 

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Por su parte, el teniente, "que se encargaba de coordinar la patrulla fiscal de la Guardia Civil, ordenaba las inspecciones de la misma según sus propios intereses, pese a que los servicios se hicieran en establecimientos que no eran de su competencia".

El Ministerio Público concluye en su escrito de acusación que "ambos eran invitados a consumiciones en varios pubs del Paseo Marítimo de la localidad, respecto de los que paralizaban la tramitación de denuncias o inspecciones".

Por este motivo la acusación solicita para el principal acusado una pena de siete años de prisión, mientras que para el teniente la reduce a tres. El juicio empieza el 11 de noviembre y sigue los días 18 y 25.

Casos recientes

No es el único caso de juicio reciente que afecta a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. Tal como informó EL ESPAÑOL, hace dos semanas el que fuera inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Alicante se sentó en el banquillo de los acusados por facilitar la tramitación de una tarjeta de residencia al cuñado de un amigo, que estaba en busca y captura, así como permitirle que se marchase de Comisaría sin que los agentes le detuviesen. 

Según el relato del Ministerio Fiscal, los hechos comenzaron en mayo de 2017, cuando, según la acusación pública, el procesado recibió llamadas de su amigo en las que le preguntaba por la renovación de la tarjeta de su familiar, que había sido condenado por dos delitos de lesiones. En esta conversación, el policía se habría comprometido a comprobar la tramitación de la renovación de la misma.

En mayo de 2020 el inspector llamó a su amigo y le dijo que su cuñado, que seguía en busca y captura, ya podía ir a Comisaría a por la documentación. El agente que le debía dar la tarjeta detectó la situación del cuñado y llamó al acusado para advertirle de la importancia del asunto.

El encausado le dijo que "dejara eso, que lo anulase y que dejara ir" al requisitoriado. De este modo, el procesado "facilitó que los agentes eludieran detención del hombre, que dispuso de una tarjeta renovada para poder desplazarse libremente por la Unión Europea".

La Fiscalía solicitó para cada uno de los acusados una pena de prisión de un año y medio, además diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el inspector.