Una empresa dedicada al cultivo de peces cuya sede social está en Águilas (Murcia), deberá indemnizar a otra sociedad con 26.520 euros por los daños que produjo al barco de esta última mercantil cuando en agosto de 2020 entró en el puerto de Altea.

Así se dispone en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil de Murcia, que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial a través de una resolución en la que se indica que el trimarán de aprovisionamiento de la empresa demandada causó el accidente al acceder al puerto a una velocidad inadecuada.

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La Audiencia Provincial de Murcia, al rechazar el recurso de apelación planteado por la demandada, refleja en el fallo que, al entrar a una velocidad superior a la aconsejada, no pudo evitar el abordaje, por lo que declara su culpabilidad.

El Juzgado de lo Mercantil declaró probado que, como consecuencia del accidente, la embarcación de la demandante sufrió daños en la aleta de estribor y en el casco, así como desperfectos internos.

Al contestar la demanda, la empresa aguileña pidió su desestimación tras señalar que no se consideraba responsable de lo ocurrido, algo que ha sido finalmente rechazado.

Aves liberadas en Valencia

Por otra parte, la Guardia Civil ha informado este domingo que ha liberado en dos municipios de la provincia Valencia más de 270 aves -la mayoría de ellas protegidas- que habían sido capturadas con artes ilegales, y ha investigado a dos hombres por delitos contra la flora y la fauna al usar artes no selectivas para la captura.

Según han informado este domingo fuentes de la Benemérita, gracias a diversas vigilancias en esta época de cría de fringílidas, se localizaron en primer lugar en el paraje conocido 'Camino Bayo' de Llíria (Valencia) varias artes ilegales de caza dispuestas para su uso.

La zona estaba cebada con abundante grano para atraer a las aves y se había instaladas dos redes japonesas de ocho metros de longitud y dos metros de ancho, mientras que en un árbol vallado que tenía huevos de gallina y pienso de gato diseminado por el suelo había una apertura que facilitaba la entrada de las aves a las trampas.

En las inmediaciones, los agentes encontraron dos viveros de grandes dimensiones, donde había enjauladas más de 220 aves protegidas tanto por la legislación nacional como por convenios internacionales, que estaban en buen estado y por tanto fueron puestas en libertad.

En concreto, se liberaron 7 zorzales, 4 palomas turcas, 1 perdiz, 110 jilgueros, 38 pardillos comunes, 10 lúganos, 20 zorzales comunes, 1 estornino pinto y 30 verderones, y se intervinieron tres botes de pegamento y 500 varetas para impregnación de liga para su uso como método de captura no selectiva.

Finalmente, los agentes han investigado a un hombre de 54 años por dos delitos contra la flora y fauna, por el uso de artes no selectivas de captura y por la captura de aves protegidas por convenios internacionales y legislación estatal.