La Sección 7ª en Elche de la Audiencia Provincial de Alicante celebrará el próximo lunes el juicio de un agente de la Policía Local de Torrevieja acusado de denunciar dos veces al mismo coche y falsificar las firmas del boletín para ocultar que había sido él quien expidió el boletín. Los hechos ocurrieron hace 15 años. 

Según el relato de la acusación, difundida por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, el agente municipal puso la primera de las multas el 2 de abril de 2007 y, "en lugar de identificarse él, simuló las firmas de dos compañeros en la denuncia".

Días después, el 24 de abril, "actuó de modo similar con la falsificación de la firma de un tercer agente de la Policía Local" de Torrevieja.

Por estos hechos la Fiscalía pide para él una pena de prisión de cinco años por un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público. El hecho de que sea un empleado municipal agrava este delito en el Código Penal, porque además de prisión el acusado podría enfrentarse a una inhabilitación especial y perder su puesto. 

Polémica en Torrevieja 

Una de las cosas que resulta más chocante es el largo periodo de tiempo que ha pasado entre que presuntamente se cometió el delito y el juicio. Sin ir más lejos, el pasado mes de marzo se celebró otro juicio en Alicante relacionado con la Policía de Torrevieja, pero en esta ocasión por hechos a priori más graves y más recientes. 

En concreto, fueron a juicio cuatro agentes de Torrevieja acusados de un delito de cohecho al pedir dinero a dueños de negocios de hostelería a cambio de eliminar actas de inspección que, supuestamente, habrían emitido previamente los agentes. 

Según relata el auto de los hechos, entre los meses de agosto y septiembre de 2017, los procesados acudieron a dos establecimientos, donde levantaron varias actas por denuncias administrativas.

A continuación, y según las mismas fuentes, estos agentes acudieron al negocio de los otros dos procesados, quienes en teoría actuaban en connivencia con los policías implicados. Estas personas presuntamente actuaban de intermediarias, y pedían a los locales afectados por las denuncias diferentes cantidades de dinero, entre 1.000 o 40.000 euros, a cambio de que la Policía eliminara las actas o las denuncias.

El delito de cohecho es un delito contra la Administración Pública que se encuentra recogido en los artículos 419 y 427 del Código Penal. Se entiende como cohecho el soborno a una autoridad o funcionario público mediante un precio, una dádiva o un favor a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo, y también cuando retrasa injustificadamente un acto que debe practicar.