Un total de 1,2 millones de euros ha pagado el Ayuntamiento de Altea para cumplir con la última sentencia judicial que anulaba el Plan de Actuación Integrada (PAI) Puentes del Algar. De la deuda, todavía queda por devolver 1,7 millones de euros a la mercantil Altea Futura como agente urbanizador anulado PAI para dar cumplimiento a la resolución judicial. 

El consistorio pactó un plan de pagos con el juzgado en 2018 para poder hacer frente, en catorce cuotas anuales, a la devolución de 6,5 millones de euros que fueron abonados por Altea Futura en concepto de canon de reclasificación del suelo.

La corporación local ya adelantó un millón de euros previamente al que se suman los 1,2 millones abonados ahora y estima que los 1,7 millones restantes podrán ser liquidados “a mediados de 2023”.

Además, según un comunicado del ayuntamiento, el agente urbanizador aportó 1,2 millones de euros en concepto de "mejoras" que una sentencia de noviembre de 2021 del TSJCV también obligó a devolver.

"Hemos pagado 1,2 millones de la última sentencia y un millón más para seguir amortizando la deuda. Actualmente nos queda por abonar 1,7 millones y a fin de año pagaremos unos 500.000 euros, por lo que, si no pasa nada, en el primer semestre de 2023 podríamos liquidarlo todo”, ha apuntado la concejala de Hacienda, Xelo González. 

Sobre el proyecto

El Plan de Actuación Integrada (PAI) Puentes del Algar prometía ser uno de los proyectos más grandes que se habían hecho nunca en Atea. En concreto, se querían urbanizar 2,3 millones de metros cuadrados de suelo para proceder a la construcción de más de 5.000 viviendas, comercios, hoteles de lujo y hasta un campo de golf en las inmediaciones del río Algar. 

La idea, que apoyaban tanto 'populares' como socialistas, no gustó tanto a los vecinos de esta localidad alicantina que vieron peligrar la zona con la construcción de los edificios, por lo que terminaron llevando el caso a los tribunales.

Sin embargo, el Tribunal Supremo lo anuló porque el proyecto no cumplía con uno de los requisitos a los que obliga la declaración de impacto ambiental. En concreto, la condición era que el Ayuntamiento debía convertir 4,6 millones de metros cuadrados de suelo público en el Plan Especial 'El Áramo'.

Este último estaba considerado como no urbanizable, por lo que para compensar debía pasar a protegido. Finalmente, no se procedió a estas acciones para proteger el suelo del Algar hasta que el asunto pasó a los tribunales.