El trasvase del Tajo-Segura tiene fecha de caducidad: 2027. Ese es el año en el que el Ministerio que dirige Teresa Ribera aumentará el caudal ecológico hasta los 8,6 metros cúbicos por hora, lo que en la práctica supondrá el fin de la transferencia hídrica hacia el sureste español.

Las cuentas son claras con la progresividad de su aplicación: en 2022 se perderán 49 hm3 anuales durante tres ejercicios. En 2026 dejarán de llegar al sureste español 79 hm3. En 2027 se habrá reducido el trasvase en 109 hm3 anuales. A esto hay que sumar una media de 8,6 hm3 menos al año por el cambio unilateral de las reglas de explotación hecho por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno ha pactado con la Generalitat Valenciana que el caudal hasta esa 2026 sea de 7 m3/h, un metro cúbico más que pactado actualmente. Es decir, que durante el próximo lustro las condiciones del trasvase empeorarán para acabar finiquitándolo en enero de 2027.

Y Puig saca pecho. En unas declaraciones realizadas este mismo martes, el presidente de la Generalitat ha usado la palabra fetiche del socialismo para calificar todos sus supuestos éxitos: el diálogo permanente. Eso sí, asumiendo las tesis del lobby ecologista que dirige el ministerio de Ribera que basa los recortes en el cambio climático.

El resultado de la negociación ha caído como una losa entre los regantes alicantinos, los principales perjudicados de esta "muerte" en diferido de la transferencia hídrica. Sobre todo porque no han sido pocas las veces que el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, ha dicho que "el trasvase es irrenunciable", cuando lo que va a hacer la autonomía es precisamente renunciar a él en cinco años.

Por si fuera poco, Puig también ha fiado el futuro de la Vega Baja de Alicante en "la parte proporcional que nos corresponda" de los "8.000 millones de euros de inversión" para desaladoras y la depuración de las aguas de Madrid. Otra vez Madrid, culpable de todos los males de la Comunidad Valenciana. En suma, una inversión no presupuestada para paliar unos recortes con fecha fija.

La hemeroteca

Hemeroteca sobre este tema hay para aburrir, pero el momento clave se produjo el 20 de mayo, cuando el presidente se reunió con la ministra (tras un plantón previo). Allí volvió a calificar al Tajo-Segura como "irrenunciable" aunque ya insistió en buscar "soluciones inteligentes" que permitiesen garantizar el "agua para siempre para la agricultura" valenciana.

Esas "soluciones inteligentes" pasan, como se ha visto, por acabar renunciando al trasvase y confiar en la desalación; de hecho, en la propia nota del Gobierno valenciano se explicaba que las esperanzas estaban puestas en una serie de obras por 500 millones que el Ministerio tiene que acometer en los próximos años para aumentar la capacidad de la desaladora de Torrevieja.

Puig lleva desde entonces introduciendo en su discurso la necesidad de complementar el agua del trasvase con la desalación, lo que en la práctica supone asumir las tesis del Gobierno y de Castilla-La Mancha y confiar en que las obras que ejecute el Ministerio bajen el precio del agua desalada hasta niveles asumibles para la agricultura.

La diferencia entre el dicho y el hecho constatan, además, el poco peso que Puig tiene en el Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto las negociaciones del agua como las de la financiación, donde la ministra de Hacienda se ha negado siquiera a hacer una propuesta, suponen dos serios reveses del Ejecutivo central al presidente valenciano, que ve cómo los intereses de la Comunidad no se alinean con los del resto del Estado.

Las de Puig no son las únicas declaraciones que han quedado en entredicho con el recorte del agua del Tajo-Segura. La consellera valenciana de Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), llegó a asistir a la manifestación que los regantes hicieron en Madrid, y allí se negó a "recortar ni una gota de agua bien aprovechada".

"Nosotros hacemos un uso racional, modernizado para ofrecer grandes productos por parte de un sector esencial que ha estado a la altura de las circunstancias incluso en uno momentos tan duros como los de pandemia", declaró entonces Mollà.