El goteo de sentencias de tribunales superiores de justicia por toda España a raíz del fin del estado de alarma el pasado 9 de mayo ha dejado disparidad de criterios en las comunidades autónomas que han decidido tratar de mantener algún tipo de medida restrictiva.

Así, mientras los tribunales superiores de justicia de País Vasco y, más recientemente, el de Canarias, han tumbado los toques de queda que querían imponer sus respectivos gobiernos regionales, en la Comunidad Valenciana el órgano equivalente ha avalado las restricciones de la movilidad a partir de medianoche.

Lo cierto es que el alto tribunal autonómico ha sido el gran aliado del Gobierno valenciano a la hora de tomar medidas durante la pandemia, muy especialmente durante los últimos dos meses de desescalada.

Así, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano rechazó de manera sistemática las medidas cautelares planteadas por la hostelería contra el recorte de horarios y aforos, con varios autos en los que explicaba que consideraba necesario aplicar un "principio de prudencia" ante los estudios que apuntan a la posibilidad de que su actividad pudiese resultar contagiosa por fomentar los encuentros sociales.

Esta opinión fue ratificada también por el TSJ asturiano, mientras el de País Vasco se desmarcó con un fallo en el que aseguraba que no se había probado la relación entre la actividad de la hostelería y los nuevos casos de Covid.

El tribunal valenciano avaló el aislamiento del colegio Ausiàs March tras haber detectado un brote que afectaba a más de 120 personas, al considerar que la medida había sido "adoptada por autoridad competente dentro del ámbito de sus competencias, amparadas por una norma con rango legal, que persiguen un fin constitucionalmente legítimo, defensa de la salud pública, la integridad física y la salud de la población".

El único revés judicial que ha experimentado el Botánico en estos últimos meses ha sido con las salas de juego, a las que el TSJ dio la razón y permitió su reapertura tras considerar que no se daban ninguno de los condicionantes de riesgo.

El factor del Supremo

La actual situación de diferencias entre comunidades autónomas ha abierto la puerta a que se plantee un recurso en el Supremo para dictar una doctrina única en toda España. 

El problema que eso plantea, según denuncian la patronal de ocio del centro de Alicante, Alroa, es que el tribunal "se pronuncie sobre restricciones que seguramente ya no estén en vigor cuando se tome una decisión", ya que el actual marco de desescalada es únicamente para dos semanas. 

Precisamente por eso tanto los empresarios de ocio como muchos hosteleros alicantinos han planteado una batería de reclamaciones patrimoniales contra el Consell por no dejarles trabajar. Y el propio TSJ valenciano dejó una puerta abierta a que recibiesen estas compensaciones, al asegurar que su aval temporal a las restricciones no implicaba que la Administración no tuviese que resarcir a los negocios si luego se estimaba el recurso.