La Fundación CYD Conocimiento y Desarrollo ha analizado 66 universidades públicas, privadas y a distancia de España a partir de una treintena de indicadores de rendimiento tales como su tasa de graduación, la captación de fondos externos, o su número publicaciones, de profesores externos y las prácticas en empresas de sus alumnos. El resultado es el estudio más exhaustivo sobre el sistema universitario español y sus conclusiones no dejan lugar a dudas de que las universidades catalanas son las mejores de España.
De hecho, de todas las universidades analizadas, la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la Central de Barcelona son las que encabezan el ranking. Un sistema basado en la "meritocracia radical" para la elección del profesorado; en el que predominan los claustros de docentes permanentes, lo que da lugar a un compromiso académico mayor; más una buena gestión administrativa y una menor ratio profesor-alumnos, lo que permite una enseñanza más personalizada, son las claves de sus sobresalientes resultados.
Las centros universitarios públicos catalanes sólo obtienen notas negativas en algunos parámetros muy significativos: por ejemplo, en lo que atañe a la matriculación de alumnos procedentes de otras regiones, debido a que las titulaciones de grado se imparten obligatoriamente en catalán. La enseñanza de titulaciones de grado en lenguas extranjeras deja también bastante que desear.
Que las universidades de Barcelona sean las mejores de España debe enorgullecer a sus órganos de Gobierno y servir de ejemplo al resto de centros docentes. Sin embargo, que la imposición del catalán sea una barrera y opere como filtro en las matriculaciones es un sinsentido que acaba restando "competitividad" a estos mismos centros, como ha reconocido a EL ESPAÑOL el vicerrector de la Universitat Pompeu Fabra, Carles Ramió.
Los problemas del sistema universitario español son complejos y variados, pero resulta evidente que imponer el catalán en la enseñanza superior en esta Comunidad es un absurdo que socava el espíritu de universalidad que -se presupone- debería guiar sus programas académicos y docentes. Es lamentable que una política lingüística de campanario impida a estos centros competir en excelencia con las mejores universidades europeas.
