Golpe de Estado en Turquía

Días de represión en Turquía: "La Justicia es política, y nosotros, peones dentro de su juego"

Erdogan ha despedido o suspendido a más de 60.000 personas en su operación de "limpieza" en sólo diez días. EL ESPAÑOL habla con representantes de algunos los sectores más afectados.

Erdogan ha ido eliminando a sus opositores en los dos últimos años.

Erdogan ha ido eliminando a sus opositores en los dos últimos años. Reuters

  1. Golpe de Estado en Turquía
  2. Turquía
  3. Recep Tayyip Erdogan
  4. Detenciones
  5. Educación
  6. Justicia
  7. Unión Europea
  8. Medios de comunicación
  9. Derechos humanos

La purga en el Estado turco no parece que se vaya a detener. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no conoce los límites, y no va a entrar en razón ante las peticiones de la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos. Nadie lo espera, porque desde hace dos años el presidente ha estado eliminando a sus oponentes utilizando los diferentes órganos estatales. La fallida asonada del pasado 15 de julio no ha hecho más que acelerar un proceso en el que la judicatura, el profesorado y los medios de comunicación son, como ya eran, el principal objetivo.

Después de declarar el estado de emergencia durante tres meses, el Ejecutivo turco suspendió de manera temporal la Convención Europea de los Derechos Humanos. Los islamistas se han escudado en el caso de Francia, que tras los atentados en París y Niza recurrió al artículo 15 de la convención. El sábado, la máquina gubernamental pasó a la acción a base de decretos de cuestionable legalidad: la detención preventiva de un sospechoso se amplió de 4 a 30 días y las conversaciones entre los imputados y sus abogados podrán ser grabadas por la Fiscalía.

Erdogan parece dispuesto a olvidar los derechos y las libertades del Estado para atrapar a los simpatizantes del clérigo suní Fethullah Gülen, considerado como cabecilla de la asonada por el Estado turco. En una semana la suma de los purgados supera los 60.000, 13.165 de ellos detenidos. El domingo, el director de Amnistía Internacional para Europa, John Dalhuisen, aseguró tener “pruebas creíbles” sobre torturas a los detenidos y urgió a “no abusar del estado de emergencia para pisotear los derechos de los detenidos”.

El presidente ha hecho caso omiso a las advertencias de la comunidad internacional, sobre todo porque sabe que las reproches no terminarán en sanciones debido a su posición geoestratégica en Oriente Medio. Además es consciente de que el mayor problema para la adhesión turca a la Unión Europea (UE) es el carácter musulmán del país. En los años de las medidas democráticas, de 2002 a 2010, se llegó a eliminar la pena de muerte, reducir el número de periodistas encarcelados y dar derechos a las minorías. Pero la UE no abrió la puerta, y ahora los anatolios la perciben como injusta. “La UE ya no es tan poderosa como antes y Turquía tiene el poder de las fronteras -en referencia a la crisis de refugiados y la lucha contra el Estado Islámico-”, destaca Fatih Yasli, experto de la Universidad de Bolu.

El fallido levantamiento militar es además una oportunidad para que Erdogan elimine a kemalistas -defensores del secularismo de Mustafa Kemal Atatürk- y gülenistas del Ejército. Más de 8.838 soldados han sido detenidos y a finales de mes el Consejo Superior Militar se reunirá para reformar las Fuerzas Armadas. Se prevé que el Ejecutivo aumente el control sobre este estamento que es considerado como el gran defensor del secularismo. Erdogan podría intentar incluir a miembros afines en los altos mandos o incluso islamizar a los uniformados para evitar otra sublevación. El turco Aykan Erdemir, experto de la Foundation for Defense of Democracies (Fundación para la Defensa de las Democracias) y exparlamentario en Ankara, considera que “sería impensable una purga completa en el Ejército, el legado de Atatürk. El golpe de Estado tiene que ser una oportunidad para realizar las reformas necesarias, pero eso no significa inculcar valores islámicos en una institución que necesita seguir siendo secular”.

Pero el principal objetivo de la purga es el sistema educativo y la judicatura, las dos áreas en las que Gülen es poderoso: 21.000 profesores de escuelas privadas han perdido su licencia educativa y más de 10.000 funcionarios del Ministerio de Educación han sido apartados; cerca de 1.500 decanos han sido forzados a dimitir; 1.000 escuelas educativas privadas y 15 universidades han sido cerradas; 2.101 jueces y fiscales han sido detenidos y 3.000, apartados.

Van a liquidar el sistema de Gülen, pero creo que el proceso será difícil porque habrá una crisis para recomponer el sistema educativo

En septiembre de 2013, el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) ya anunció que cerraría las escuelas preparatorias de Gülen, conocidas como dershane. Estos centros han sido el principal arma del clérigo suní para la captación de nuevos simpatizantes, además de una importante fuente de ingresos. Desde las dershane, reconocidas como las mejores instituciones de Anatolia para preparar las pruebas de acceso a institutos y universidades, los gülenistas ayudan con becas a los estudiantes más eficientes. Luego, la ayuda, vista como una deuda no escrita, crea un vínculo que poco a poco atrapa a la gente dentro del Cemaat -Movimiento, en turco-.

El conglomerado educacional de Gülen no se limita a Turquía, y tiene miles de instituciones repartidas por el mundo. Pero la alargada sombra de Erdogan ya ha conseguido que las repúblicas de Asia central cerraran todas sus instituciones. En África, en donde la política educativa del AKP fue cimentada a través de los centros escolares del clérigo, pronto podría ocurrir lo mismo. Ahora, según el diario Cumhuriyet, más de 140.000 estudiantes se verán afectados en Anatolia y el AKP podría estatalizar esos centros.

“En Turquía el islam político y el Cemaat de Gülen han obtenido el control de la mayor parte de la educación. El AKP ha intentado recuperar el sistema educativo y el golpe de Estado es una excusa perfecta. Van a liquidar el sistema de Gülen, pero creo que el proceso será difícil porque habrá una crisis a la hora de recomponer el sistema educativo”, aventura Yasli.

Ahora, el mayor temor de la oposición es que no sólo los gülenistas caigan en el saco de Erdogan. El Gobierno ha asegurado que respetará la ley, pero pocos confían en su palabra. “El objetivo de Erdogan es convertirse en el único líder del régimen para establecer un partido-estado islámico. Ahora controla todo y no sólo los gülenistas van a sufrir la presión, sino que las medidas afectarán a toda la sociedad”, asevera Yasli.

"Ahora la mayor parte de los profesores detenidos están relacionados con Gülen, aunque en Turquía la gente de izquierda siempre ha vivido bajo el peligro y, por eso, esta situación nos es familiar. Eso ya lo sabía cuando comencé a enseñar en la universidad. Por eso no apoyamos en este proceso ni el golpe de Estado de los gülenistas ni la política dictatorial del AKP”, afirma este profesor.

La Justicia es política, y nosotros somo peones dentro de su juego

Kübra, miembro de la Asociación de Abogados de Turquía (BAR), no confía en que el Estado vaya a respetar las leyes internacionales. "Antes de ejercer esta profesión pensaba que la ley podía servir para solucionar nuestros problemas. Los problemas con los que nació la República, los problemas de las minorías y las injusticias que este pueblo ha vivido durante 100 años. Tenía esperanzas en la Justicia. Pero, desde hace dos años, hemos visto que es imposible", comenta.

"El AKP parecía que iba a cambiar las cosas, pero en lugar de traer la Nueva Turquía -expresión usada por el presidente- está recuperando la antigua. Ya no me queda ninguna esperanza en que este país cambie en los próximos años. La Justicia es política, y nosotros somos peones dentro de su juego. Intentaré ejercer tal y como me enseñaron, pero no creo que sea posible ayudar a la gente inocente sin son enemigos del Estado", añade.

“El Estado va a ser injusto utilizando la Justicia. Ahora puede hacer lo que quiera”, considera. Ella dice no tener miedo a las consecuencias, pero prefiere esconder su verdadero nombre. “Aquí nunca se sabe. El Estado está neurótico. En una semana ha cerrado todos los colegios, universidades y hospitales relacionados con Gülen. Lo que está ocurriendo es injusto y se tardarán años en arreglar todos los problemas que va a crear el Gobierno en la judicatura. En Turquía, la mitad de la gente ha estudiado en alguna escuela relacionada con Gülen. Los mejores fiscales estaban relacionados con él. ¿Quién los va a sustituir?”, se pregunta.

Según cuenta, los acusados de pertenecer al Cemaat se pusieron en contacto con ella para que les representara legalmente. Kübra fue a hablar con el presidente regional de BAR. “Me dijo que si ayudaba a los gülenistas iba a tener muchos problemas, que están en peligro y que quien se acerque a ellos también lo estará”, avisa. Además, el decreto que permite grabar la conversación entre abogado y detenido tendrá nefastas consecuencias no sólo para los gülenistas: “Se puede usar en contra de cualquiera. Ahora los acusados no podrán ni contar la verdad a sus abogados. Entonces, ¿cómo podrán ser defendidos? El pueblo ha perdido sus derechos y quien está sufriendo un golpe de Estado es la Justicia”, sentencia.

Me dijo que si ayudaba a los gülenistas iba a tener muchos problemas, que están en peligro y que quien se acerque a ellos también lo estará

La reacción del Gobierno a la fallida asonada es todo menos sorprendente. Durante los últimos dos años, el AKP ha silenciado cada voz discordante y convertido Turquía en un Estado policial. En 2015 pasó la polémica Ley de Seguridad -Iç Güvenlik Paketi-, que entre otras cosas permite a la Policía el uso de armas de fuego contra manifestantes y otorga poderes especiales a los gobernadores locales -puestos a dedo por el AKP- para ordenar el arresto de sospechosos sin la autorización de un juez. Este año, en un paso más hacia la impunidad, una nueva polémica ley evita que las fuerzas de seguridad turcas que llevan a cabo operaciones antiterroristas sean juzgadas sin la autorización del primer ministro o el gobernador. Esto se une al control político de los altos estamentos de la Justicia. Por lo tanto, antes de la asonada Turquía ya vivía en un cuasi estado de emergencia.

El control de la Justicia ha sido una de las obsesiones de Erdogan desde que la mayor trama de corrupción en la historia del AKP explotó el 17 de diciembre de 2013. Los jueces y fiscales gülenistas destaparon estos casos, demostrando hasta qué punto era cierta la teoría del Estado paralelo. “Antes del golpe de Estado ya vivíamos en un sistema injusto. En los dos últimos años estaban arrestado a los fiscales y jueces, apartándolos de sus puestos. Encerraban a la gente sin pruebas y los soldados hacían lo que querían en la región kurda. El Estado ya estaba cambiado el sistema, pero ahora tiene una excusa para ir mucho más rápido en las medidas de represión”, considera Kübra.

Además, la discutida Ley Antiterrorista turca, el principal escollo esgrimido por la UE cuando la Turquía quería obtener el levantamiento de los visados para los turcos, es tan ambigua que se puede considerar terrorista a quien simplemente simpatice con la causa. Esto significa que los gülenistas, hayan o no participado en actividades ilícitas, pueden ser considerados tan culpables como el propio Gülen.

Los medios que se atrevían a enfadar a Erdogan han sido amedrentados con castigos económicos, impuestos o asusencia de publicidad. Ahora presionar a la prensa será aún más sencillo

La última parcela en la que Erdogan se está centrando son los medios de comunicación. El presidente quiere erradicar la cara pública de Gülen, quien a través de sus medios ha estado expandiendo su mensaje durante décadas. Esta semana, 20 medios de comunicación han perdido su licencia y 34 periodistas, la tarjeta de prensa. Pero la represión contra los gülenistas ya había dejado al clérigo sin sus principales medios, entre ellos el diario Zaman, el de mayor tirada en Anatolia.

El panorama mediático turco ya estaba atravesando el peor momento de la era AKP. El país había descendido al puesto 151 en la lista elaborada por Reporteros Sin Fronteras, cerca de 44 periodistas estaban encarcelados y tan sólo un puñado de medios continuaban luchando por informar. El caso del que fuera director del diario Cumhuriyet, Can Dündar, condenado a cinco años de cárcel que ha recurrido, demostró el control del presidente sobre la Justicia y cómo las voces incómodas pueden acabar en la cárcel.

“El régimen controla la prensa desde hace tiempo. Los medios que se han atrevido a enfadar a Erdogan han sido amedrentados con castigos económicos, impuestos o asusencia de publicidad. Ahora, con el estado de emergencia, presionar a la prensa será aún más sencillo”, apunta Yasli, quien es colaborador habitual en los diarios de izquierda. “La situación de la prensa ya era muy mala antes del golpe de Estado. Ahora empeorá aún más porque habrá más presión y control por parte del Estado”, añade Ahmet Faruk Unsal, presidente de la respetada organización de derechos humanos Mazlumder.

A las amenazas de cárcel se une la presión económica a los medios críticos. El caso más representativo es el de Aydin Dogan, un magnate de la comunicación que durante un lustro ha dirigido la oposición al AKP y que este año ha terminado por plegarse ante los islamistas. Después de cerrar el diario Radikal por falta de ingresos publicitarios, otros de sus medios como CNN-Türk han adaptado sus informaciones a los deseos del Gobierno, sobre todo en lo que respecta al conflicto kurdo. No es casualidad que, durante la fallida asonada, Erdogan llamara a la CNN-Türk pidiendo ayuda al pueblo ni que las primeras entrevistas que el presidente concedió fueran a este medio y su versión internacional.

Y al igual que los medios, las organizaciones humanitarias y los profesores universitarios ya estaban viviendo una compleja situación. A principios de año, los rectores abrieron una investigación contra más de un millar de profesores que habían firmado una petición pidiendo una solución dialogada al conflicto kurdo. Aquellos que no se retractaron, perdieron su puesto. Además, las quejas de las oenegés sobre la respuesta del Gobierno en el conflicto kurdo, en el que 700 civiles han muerto bajo los toques de queda, llevaron al presidente a considerar como terrorista a cualquier voz que no criticara al PKK.

“Los que están con nosotros en la lucha contra el terror son nuestros amigos, los que no, nuestros enemigos”, declaró cuando se refirió a los periodistas y las organizaciones humanitarias que, según él, secundan el terrorismo. “La situación de las oenegés era mala antes del golpe de Estado, pero ahora habrá que tomar muchas precauciones para poder desarrollar nuestro trabajo”, destaca Unsal.

En el saco de los enemigos de Erdogan parece no tener fondo. Por eso el miedo ha comenzado a brotar entre cada estrato social. Dos militares han rechazado hablar por temor a la represión del Gobierno. Una abogada, también. Unsal cree que es muy pronto para saber quién es culpable y quién inocente, pero advierte de dos grandes peligros que afronta el Estado: “El primero es que el Ejército se pueda volver a levantar. El segundo, que se culpe a gente inoncente”. Por eso, para remediar el posible abuso de la ley, pide “que los juicios contra los golpistas sean retransmitidos por el canal estatal TRT”.

Para Fatih Yasli, profesor, periodista y además de izquierda, “los golpes de Estado siempre han tenido como objetivo la gente de izquierda. Este golpe es entre islamistas, pero afectara a la izquierda, a todo el pueblo. El Estado va a usar el levantamiento para acelerar aún más si cabe la represión”. Kübra ya no duda de que la teoría que aprendió en la universidad se evapora cuando chocan con los intereses políticos. Se entristece, e imagina un mundo de cine para Turquía: “Estudiaba una cosa en la carrera y ahora veo otra. La verdad es que nos hemos acostumbrado a la injusticia, pero me gustaría ver en Turquía a esos abogados de película que consiguen que la ley triunfe”.