Jueces

La jueza sancionada por no entender el catalán denuncia el "acoso" de las abogadas

La magistrada, que estuvo destinada en Olot, pide al CGPJ que anule la sanción que le impuso el Tribunal Superior de Cataluña.

Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

  1. Jueces
  2. CGPJ
  3. TSJC
  4. Catalán
  5. Denuncias
  6. Acoso
  7. Abogados

La magistrada Ana María Caballero, ex titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Olot (Gerona), ha pedido a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial que anule las dos sanciones de advertencia que le impuso la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por trato desconsiderado a una letrada durante un juicio y por las expresiones que la jueza vertió en un escrito dirigido a la propia sala de gobierno.

El recurso de Caballero, defendida por el letrado Enrique Arnaldo, pone de manifiesto la vulneración de su derecho a la defensa y a un proceso disciplinario con garantías y afirma que, lejos de haber impedido el uso del catalán por la letrada, cumplió con el ordenamiento jurídico al señalar la posibilidad de nombrar a un intérprete.

La magistrada sostiene que fue la abogada la que, en una actitud "arrogante", "forzó una situación de tensión" que nunca antes había vivido en ninguno de sus destinos en Cataluña, "viéndome sometida a un acoso continuo" por esa letrada y otra compañera abogada por su limitado conocimiento del catalán oral.

El procedimiento disciplinario se inició el pasado mayo por el Tribunal Superior de Cataluña, que recibió un escrito del decano del Colegio de Abogados de Gerona tras la queja presentada contra Caballero por dos de las letradas que actuaron en un juicio de faltas celebrado en el Juzgado 2 de Olot el 15 de marzo de 2016.

Durante la vista oral, una de las letradas se dirigió a la magistrada en catalán y siguió utilizando esta lengua pese a que Caballero le manifestó en varias ocasiones que podía entender el catalán escrito pero tenía dificultades para la plena comprensión del catalán hablado. Ni la Constitución ni la ley imponen a los jueces o a los fiscales el deber de conocer la lengua propia de una comunidad autónoma y el Tribunal Constitucional ha avalado en una reiterada jurisprudencia la utilización de intérpretes.

Ésa fue la medida que indicó Caballero cuando la letrada, con el apoyo de su compañera, insistió en su derecho a expresarse en catalán (derecho que la jueza no cuestionó). El nombramiento de un traductor, no obstante, hubiera conllevado la suspensión del juicio, por lo que las abogadas accedieron a expresarse en castellano, eso sí, dejando constancia de su protesta.

"Dado que constan sus protestas", señaló la magistrada, "va a ser esta juez la que habilite un intérprete para que ustedes puedan entenderse en su idioma, así que va a ser al contrario, voy a ser yo la que habilite un intérprete para que me traduzca de su catalán al castellano, un idioma muy universal".

"Escasa sensibilidad"

La sala de gobierno del TSJC entendió, por unanimidad, que la jueza había utilizado expresiones "fuera de tono", "con un reiterado reproche de descortesía" que, a su parecer, "patentizó una ausencia de equilibrio reflexivo a la hora de dirigir un acto procesal", una "escasa sensibilidad y compromiso activo hacia lo que significa el derecho a utilizar la lengua propia" y una "falta de consideración personal hacia la profesional afectada".

Una segunda sanción fue impuesta en la misma resolución porque la sala de gobierno del TSJC estimó desconsiderado hacia ella misma que la magistrada calificara de "impresentable" y "muy, muy injusto" que se le solicitara un informe sobre el incidente ocurrido.

En el recurso que tendrá que examinar la Comisión Disciplinaria del CGPJ, la jueza -que tras las decisiones del TSJC pidió un cambio de destino y ha vuelto a su tierra de origen, Extremadura- sostiene que la resolución de la sala de gobierno "se encuentra viciada de nulidad" porque nunca se le informó de las infracciones disciplinarias que se le atribuían y, por tanto, no se le dio la oportunidad de defenderse.

"En el caso de la segunda sanción", argumenta, "esto es aún más grave y patente, por cuanto se me impone una sanción no sólo sin haber podido pronunciarme sobre la existencia de la misma, sino, en puridad, sin haber sido oída en absoluto sobre los hechos imputados y presuntamente calificables de infracción".

La magistrada también reprocha a la sala de gobierno del Tribunal catalán que la haya sancionado sobre la base de una prueba -la grabación del juicio- que no fue pedida al Juzgado sino aportada por las denunciantes y, por tanto, sin garantías de autenticidad.

"Escaso respeto" a la jueza

Pero, sobre todo, Caballero niega que incurriera en trato desconsiderado alguno. La magistrada alude al tono "irrespetuoso, arrogante e incluso desafiante" de la letrada, un actitud que "denotó un escaso respeto por la función jurisdiccional y la dignidad de los que integramos el Poder Judicial, precipitando una situación de tensión que esta juzgadora nunca ha vivido en sus tres años de ejercicio" en Cataluña.

El recurso subraya que "del visionado completo de la grabación oficial" (que, llamativamente, no consta en el expediente) "se infiere un contexto muy distinto del narrado en el cuerpo del acuerdo de la sala de gobierno" y "se comprueba que la actitud de la letrada fuerza una situación de tensión que en ningún momento busqué, viéndome sometida a un acoso continuo por parte de dos letradas que pusieron de manifiesto una más que palmaria falta de respeto hacia la función jurisdiccional".

La magistrada explica que "la descortesía denunciada no es otra que la de haber transcurrido varios minutos alegando la letrada en catalán a pesar de conocer mis dificultades con el catalán oral, pudiendo sencillamente haber acatado mi decisión y haber intervenido cuanto deseare, en catalán, una vez se hubiera nombrado un intérprete".

La jueza señala que se refirió a la "descortesía" de la letrada "en mi defensa, viéndome acorralada en un continuo –conjunto, junto a la otra letrada- reproche a mi limitado conocimiento del catalán oral, entre alusiones a su indefensión –cuando precisamente les había trasladado la posibilidad de nombrar a un intérprete-, reproche que continúa en varias de sus intervenciones en catalán".

Respeto al catalán

El recurso también muestra el "estupor" de la magistrada ante la afirmación de su "escasa sensibilidad" hacia el uso del catalán, algo que, a su juicio, "carece del mínimo fundamento y se desliza hacia el ámbito de lo personal".

Ana María Caballero afirma que "de la visualización íntegra de la grabación se deduce a la perfección mi verdadera actitud para con el catalán y su legítimo uso: el respeto y la consideración. Tanto es así que he aprendido en gran medida este idioma en mis destinos en Cataluña".

"Desde que tomé posesión de mi primer destino en Figueres, en abril de 2013", explica, "he hecho el mayor esfuerzo por ejercer mi función de modo plenamente acorde con la Constitución y la ley. Y aunque no entiendo con fluidez el catalán hablado, sí he resuelto muchos procedimientos cuyos documentos estaban redactados en catalán (...). En todo caso, considero que una juzgadora debe tener una impecable comprensión sobre aquello que debe instruir o decidir. Por todo ello no puede inferirse (no debería inferirse) por la resolución que impugno (y, más que gratuitamente, debo añadir) que carezco de sensibilidad y respeto hacia la lengua catalana".