La Policía investigó el origen de la mochila de Vallecas después de la sentencia del 11-M

La Policía investigó el 11-M después de que los jueces dictaran sentencia firme sobre el caso. Y lo hizo bajo las órdenes del ex director adjunto operativo Eugenio Pino. El exnúmero dos de la Policía ordenó a una brigada incrustada en Asuntos Internos que revisara los atentados de Madrid en 2004 pese a que la investigación permanecía judicialmente cerrada. El resultado del informe secreto, guardado desde su creación en una caja fuerte de la dirección policial, cuestiona entre otras cosas la versión oficial sobre la el hallazgo de la mochila que no estalló en la estación de El Pozo, en Vallecas. 

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, el informe secreto se encargó a la llamada Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), ligado a Asuntos Internos y que, al depender de este organismo, mantiene sus investigaciones al margen de los registros accesibles por cualquier agente. Según fuentes policiales, una docena de personas integró esta unidad, que se encargó durante el mandato de Pino de investigar otro caso también cerrado; el de la filtración policial en el Bar Faisán, considerado un lugar de cobro para la banda terrorista ETA.

El propio Pino ha reconocido públicamente la existencia de este informe, tal y como desvela en una entrevista concedida al diario El Mundo. En ella, el exnúmero dos de la Policía reconoce que encargó "un informe para aclarar las nebulosas del 11-M". "Ahí están y son cosa juzgada, por lo que deberían ser públicos", reconoce el alto mando. Lo que no explica Pino en sus declaraciones es que los casos tenían ya una decisión judicial en firme cuando los agentes, bajo el mandato operativo del comisario Marcelino Martín Blas, reciben el encargo de trabajar sobre ello. 

La sombra de la mochila

En el caso del 11-M y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la revisión de la investigación se centró entre otras cosas en la llamada mochila de Vallecas, la bolsa localizada en la estación de El Pozo que nunca llegó a detonar. Esa que contenía la información clave para relacionar el peor atentado en la historia de España con el yihadismo, ya que en su interior se encontró la tarjeta telefónica que activaría el detonador,comprada a nombre de uno de los terroristas.

Esta mochila protagoniza uno de los puntos más controvertidos de la investigación, ya que no fue inventariada entre los objetos localizados en la estación vallecana el 11 de marzo de 2004 y varias de las defensas cuestionaron su cadena de custodia en el momento del juicio.

Se da la coincidencia de que, esta misma semana, la dirección policial del nuevo DAO, Florentino Villabona, comunicó su cese en el puesto al comisario de la UCAO Enrique García Castaño, encargado en aquellas fechas de comprobar la identidad del comprador de la tarjeta SIM, y una de las primeras personas en la investigación que apuntó con esos datos a la autoría yihadista. Castaño protagonizó también otro de los incidentes más recordados del juicio, cuando el entonces director del cuerpo, Agustín Díaz de Mera, mantuvo al Tribunal la existencia de un informe que ligaba los atentados con la banda terrorista ETA. 

Tras intentar salvaguardar a su fuente y ser amonestado, Díaz de Mera envió una carta al juzgado días después donde apuntaba el nombre de García Castaño como fuente de su información. El comisario fue citado a declarar y negó en rotundo tanto la existencia de ese informe como las palabras de su antiguo superior. 

Investigaciones a la carta

El caso del 11-M quedó juzgado y con sentencia firme el 31 de octubre de 2007. Pero ocho años después, fue Eugenio Pino quien intentó "relanzar" la Brigada de Revisión de Casos -ya existente- y dotarla de nuevos efectivos. Fue entonces cuando los agentes de las distintas unidades operativas recibieron una circular para que colaboraran con cualquier petición realizada por esta unidad, compuesta por una docena de personas y que -bajo las órdenes directas de Pino y el control de Marcelino Martín Blás- tenía potestad para revisar cualquier investigación policial, cerrada o no por el juzgado. 

Ahora, es el propio Pino quien reconoce que la unidad bajo su mando realizó investigaciones a la carta, incluso después de que los casos estuvieran cerrados por orden judicial.