Declaración judicial

Camps acusó a la UCO ante la jueza de fabricar pruebas falsas para vincularle a la caja B

La magistrada archivó su denuncia y le recordó que hasta su documentación confirmaba datos del informe.

El expresidente Francisco Camps.

El expresidente Francisco Camps.

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El expresidente de la Comunidad Valenciana y líder durante años del Partido Popular autonómico se presentó ayer ante la Justicia para echar por tierra el trabajo de la Guardia Civil. Francisco Camps acusó a los agentes del instituto armado de manipular investigaciones en su contra para vincularle con la caja B del partido en Valencia. Ante el Juzgado de Instrucción número 17 de la ciudad del Turia, aseguró que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confeccionaron, "pruebas preconstituídas" "por animadversión hacia él mismo y con la única intención de preparar una prueba forzada para inculparle y señalarle en el centro de la trama  de corrupción", investigada en la llamada 'operación Taula'.

La declaración de Camps se produjo tras la querella presentada por el expresidente autonómico contra uno de los agentes encargados del caso y tras la elaboración de un informe que le colocaba en el centro de la trama de pagos ilegales.  El político valenciano intentó procesar al agente que le investiga por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y calumnias. Pero solo horas después de su comparecencia, la jueza encargada del caso daba carpetazo al asunto y decidía no admitir a trámite la querella.

En su auto, la magistrada Carmen García Mingo recuerda, incluso a Camps, que su propia documentación, presentada para sustentar la denuncia, confirma en realidad la veracidad de los informes policiales. Ante la jueza, el líder del PP valenciano mantuvo que los informes de la UCO mentían sobre las irregularidades denunciadas por la Sindicatura de Cuentas en relación a las irregularidades de la empresa Ciegsa, ya que "no ha apreciado que los mismos hablen de irregularidades [...] tras consultar por internet". Sin embargo, la realidad era distinta:  "En los informes de la Sindicatura de Cuentas de los años 2004 y 2007 se constata la realidad de los datos y manifestaciones que obran en el referido informe de fecha 18 de enero de 2016 y realizado por la Guardia Civil", explica el auto que tumba la denuncia de Francisco Camps.

A juicio de la magistrada, las acusaciones del expresidente valenciano sobre una maniobra para señalarle "en una trama de corrupción, prevaricación, financiación de partidos políticos con argumentos absolutamente delirantes" no se sustentan en datos objetivos o concluyentes, "ya que la simple lectura del informe se limita a analizar de una forma más exhaustiva las conversaciones entre Marcos Benavent y Máximo Caturla, siendo estos quienes explicitan los nombres de posibles funcionarios y políticos de la Comunidad Valenciana" y al papel que "cada uno de ellos desempeñaría", "Corroborando esos extremos el propio Benavent en sus declaraciones autoinculpatorias policiales y judiciales".