Rajoy y Puigdemont en una visita del President de la Generalitat a Moncloa.

Rajoy y Puigdemont en una visita del President de la Generalitat a Moncloa. Efe

España CATALUÑA

Rajoy apuesta por abocar el referéndum al fracaso más que por impedirlo

Moncloa busca el colapso del 1-O o que sea una consulta caótica con menor participación que el 9-N.

EL ESPAÑOL

Mariano Rajoy está perfilando una estrategia ante el referéndum ilegal de Carles Puigdemont consistente en abocarlo al fracaso, más que en impedir su celebración. Así lo han asegurado a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de la línea imperante en el Palacio de La Moncloa.

La estrategia de Rajoy supondría dar todos los pasos necesarios para que si el 1 de octubre hay una votación en Cataluña carezca de la mínima logística y participación para poder considerarla como un referéndum de autodeterminación. Es decir, pretende convertir el 1-O en un inapelable fracaso político de Puigdemont y Junqueras.

NI 155, NI SEGURIDAD NACIONAL, NI ESTADO DE EXCEPCIÓN

Quienes conocen la posición tanto de Rajoy como de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría aseguran que uno y otra dan por hecho que, tras la remodelación de su Gobierno, Puigdemont ha blindado a su equipo para llegar hasta el final sean cuales sean las consecuencias.

Y aunque Rajoy ha llegado a equiparar implícitamente los actos “totalitarios” de Puigdemont con los del franquismo, no parece dispuesto a entrar en la dinámica del choque frontal. Esto es lo que, en su opinión, supondría impedir físicamente el referéndum mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la invocación de la Ley de Seguridad Nacional o la declaración del estado de excepción.

Como tampoco parece probable que el Tribunal Constitucional les suspenda de sus funciones, por tratarse de cargos electos –una parte de los magistrados no estaría por la labor-, eso implica que Puigdemont y Junqueras llegarían al 1-O como presidente y vicepresidente de la Generalitat.

LAS CONDENAS LLEGARÍAN DESPUÉS DEL 1-O

Cuestión distinta es que se emprendan acciones penales contra ellos una vez que el TC suspenda la Ley del Referéndum o la de Transitoriedad apenas las apruebe el Parlamento catalán y se nieguen a acatar la resolución.

La Fiscalía les imputaría en ese supuesto delitos de desobediencia, prevaricación, malversación o incluso de preparación para la sedición. Algunos de estos delitos conllevan penas de prisión, además de fuertes multas, pero las condenas llegarían en todo caso bastante después del 1-O.

Más que en el efecto disuasorio que las consecuencias penales de sus actos pudieran tener para Puigdemont y Junqueras, Rajoy y Sáenz de Santamaría confían en el colapso de la logística electoral de la Generalitat como consecuencia de la negativa a participar de gran parte de los funcionarios e importantes ayuntamientos.

La advertencia del Colegio de Secretarios Municipales, recordando a sus afiliados la obligación de permanecer fieles al orden constitucional, puede ser un primer paso en lo que Moncloa prevé como una cadena imparable de deserciones. A este respecto es probable que el Gobierno –que envió una carta a todos los ayuntamientos subrayando los ilícitos en los podrían incurrir- ponga especial énfasis en las infracciones relativas a la Ley de Protección de Datos por la utilización del censo electoral para el referéndum independentista. Cualquiera que cediera o tratara esos datos podría ser sometido a un expediente sancionador y enfrentarse a severas multas, que de acuerdo con la Ley de Protección de Datos pueden alcanzar los 600.000 euros.

SIN CENSO, SIN URNAS Y SIN COLEGIOS ELECTORALES

Ante las dificultades de adoptar a estas alturas otras vías más expeditivas, que el análisis de María Peral puso de relieve en EL ESPAÑOL, Rajoy se inclinaría por ir estrechando el cerco a Puigdemont y Junqueras hasta que se encuentren sin censo, sin urnas, sin papeletas y sin colegios electorales.

Se trataría, según las personas conocedoras de esta estrategia, de empujar a los líderes separatistas hacia la disyuntiva de sustituir el referéndum por unas nuevas elecciones autonómicas, alegando la opresión del Estado, o celebrar una consulta con menos garantías y facilidades todavía que la del 9 de noviembre de 2014.

Rajoy y Sáenz de Santamaría están convencidos de que en esas circunstancias la votación se celebraría en un contexto de caos tal que nadie podría extraer consecuencias legítimas de su supuesto resultado. Tienen, además, la seguridad de que la participación sería inferior a la del 9-N al no contar los convocantes con la vista gorda que en aquella ocasión adoptó el Gobierno.

Una consulta caótica, sin garantía alguna y con una participación menor que la del 9-N supondría, desde el punto de vista de La Moncloa, un fracaso de tal envergadura que destruiría el frente independentista. También alejaría a los “comunes” de Colau y al propio Podemos de toda tentación de complicidad con el “procés”.

LOS RIESGOS DE ESTA ESTRATEGIA

El principal riesgo de esta estrategia es que Rajoy y Sáenz de Santamaría estén minusvalorando la capacidad logística de la Generalitat –se dice que ya hay urnas de cristal compradas y almacenadas en un lugar secreto- y la capacidad de movilización del independentismo. En relación a este segundo aspecto, la Diada del 11 de septiembre puede servir de termómetro al celebrarse sólo veinte días antes de la fecha del referéndum.

Otro problema no menor sería el nuevo golpe a la credibilidad de Rajoy que supondría que el 1-O llegara a consumarse, después de que una y otra vez el presidente y la vicepresidenta hayan declarado sin ambages que “no tendrá lugar”.

La Moncloa piensa que si lo que ocurre se parece más al 9-N que a las consultas de autodeterminación celebradas en Escocia o Quebec, siempre podrá alegar que lo que haya sucedido no será “un referéndum” bajo ningún concepto, sino un proceso participativo más. La Generalitat diría lo contrario y quedaría por ver si los separatistas se considerarían con la suficiente fuerza como para consumar la anunciada declaración unilateral de independencia. Si fuera así, estaríamos ante la consumación de un delito de sedición que permitiría replantear todas las vías legales excepcionales.