Covite denuncia a dos mediadores del desarme de ETA ante la Audiencia Nacional

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha denunciado este lunes ante la Audiencia Nacional a dos de los mediadores vascofranceses del Grupo de Luhuso que intervinieron en el proceso de desarme de ETA, cuya escenificación se llevó a cabo el pasado 8 de abril en Bayona.

Su acción va dirigida contra Jean Noël (Txetx) Etcheverry y Mixel Berhocoirigoin y se remonta a su participación en la destrucción de armas de la organización terrorista abortada por la Gendarmería gala en Luhuso (Francia) en diciembre de 2016. Les acusa de los presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y tenencia y depósito de armas.

Su presidenta, Consuelo Ordóñez, solicita del Juzgado Central de Instrucción número 6 que envíe una comisión rogatoria a Francia en relación a las armas de ETA intervenidas en dicha operación. Argumenta que el examen y análisis del arsenal allí incautado -unas 30 pistolas, varios revólveres, subfusiles y explosivos- es necesario para el esclarecimiento de los cerca de 300 asesinatos y otros delitos aún sin resolver, y asegura que algunas de esas armas fueron inutilizadas por los dos ciudadanos franceses contra los que dirige su actuación porque así lo reconocieron ellos mismos.

Covite insta a intervenir a la Audiencia Nacional en el marco de las diligencias abiertas por el Juzgado número 6 para recabar información sobre la entrega de las armas en el desarme de Bayona, ante la conexión existente entre un arsenal y otro en la investigación encaminada a resolver los crímenes pendientes cometidos por la organización terrorista.

El Colectivo de Víctimas recoge en su denuncia correspondencia cruzada entre los mediadores y ETA en la que se plasma el acuerdo de dejar en manos de la sociedad civil la destrucción del arsenal. Aporta seis documentos en total y entre ellos el comunicado hecho público por el Grupo de Luhuso, en el que éste afirma haber decidido iniciar la destrucción de un primer stock de armas, correspondiente al 15% del arsenal.

La operación de Luhuso fue abortada por la policía gala, pero Covite se basa en las declaraciones realizadas por Etcheverry y Berhocoirigoin a distintos medios de comunicación para exponer que los llamados mediadores consiguieron inutilizar distintas armas, lo que supone alterar “vestigios y pruebas”.

“Después de sacar las armas de las cajas empezamos a neutralizarlas con ayuda de una amoldadora y un taladro”, señaló Etcheverry a Le Figaro el 20 de diciembre. “Llevamos las armas al caserío de Luhuso en una furgoneta y nos pusimos manos a la obra no tanto a destruirlas como a neutralizarlas, inutilizarlas para que no pudieran volver a ser utilizadas. Para ello contábamos con un taladro y una pulidora…”, explicó Berhokoirigoin seis días después al Diario de Navarra.

Covite indica que la manipulación de las armas impide su utilización como piezas de convicción en la persecución de los delitos y acusa a los dos denunciados , “simpatizantes” de la Izquierda Abertzale, de procurar además la impunidad de los miembros de la banda, al negarse a proporcionar nombres y datos de sus interlocutores y ayudarles, por tanto, a hurtar la acción de la Justicia.

“Inutilizar un arma impide realizar el disparo de control para su análisis y cotejo forense; la inutilización, alteración o manipulación de un arma sin control policial es por lo tanto el medio necesario e idóneo para destruir y limpiar de pruebas las armas con las que una organización terrorista ha podido asesinar, amenazar, coaccionar o herir a cientos de ciudadanos españoles y esta acción es la que presuntamente afirman haber llevado a cabo los dos denunciados”, concluye Consuelo Ordóñez en su escrito.

La denuncia se presenta después de que Covite fracasara en marzo en su objetivo de que la Audiencia Nacional llamase a declarar a Etcheverry, tras unas declaraciones en las que éste aseguraba que el armamento ya no estaba en manos de ETA sino que era gestionado por los mediadores.