Caso fraude cursos formación

Ciudadanos exculpa a Susana Díaz del caso de los fondos de formación

El PSOE defiende a Chaves y Griñán, y mantiene que nunca hubo una trama de políticos y funcionarios ideada "para delinquir o ni para menoscabar fondos públicos"

Susana Díaz, en un acto en el palacio de San Telmo.

Susana Díaz, en un acto en el palacio de San Telmo.

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Aunque estaba en el guion, Ciudadanos no había verbalizado hasta ahora que dejaba fuera de la “responsabilidad política brutal” que ve en el caso de los fondos de formación a la presidenta de la Junta, Susana Díaz. La formación naranja sí había cargado las tintas contra sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero de Díaz no ha dicho nada hasta que Podemos y PP han adelantado que le señalarán en sus conclusiones en la comisión de investigación sobre este supuesto fraude en el Parlamento andaluz (el plazo para entregarlas expira el próximo lunes).

Ciudadanos echa así un cable a Díaz por el daño que ha supuesto, en un momento sensible para ella tanto dentro como fuera del PSOE, el escrito de la Fiscalía Anticorrupción contra Chaves y Griñán por el caso de los ERE (pide 6 y 10 años de inhabilitación, respectivamente, además de seis años de cárcel para el segundo). También puede tener otra lectura: Ciudadanos presiona siempre que puede a la secretaria general del PSOE andaluz para que favorezca la abstención de su partido. Desde C’s niegan que haya habido presión o toque alguno de atención del PSOE para que dejen fuera de responsabilidad alguna a Díaz.

El principal argumento para exculpar a Díaz es que cuando esta accedió a la presidencia de la Junta, los cursos de formación ya estaban paralizados desde un año antes por Griñán. Ese argumento no es nuevo y es el que siempre se ha esgrimido desde Ciudadanos. De hecho, la formación naranja dudó hace un año si llamar o no como compareciente en esta comisión a Díaz, precisamente, por esta razón. Al final, se forzó su comparecencia con la excusa de que “nadie que pueda aportar luz se va a escapar de la comisión de investigación”.

En esta misma línea se ha pronunciado de nuevo el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín: no comparte con PP y Podemos que Díaz tenga responsabilidad política y se equivocan ambos al decir que fue ella quien paralizó los cursos de formación, porque “fue Griñán quien lo hizo, y ella continuó esa decisión”.

La única responsabilidad que en Ciudadanos ven imputable a Díaz es su “tardanza” para reactivar los cursos de formación. Se han suspendido durante cinco años y estos se acaban de poner en marcha de nuevo. Esta crítica Marín la ha suavizado al admitir que la decisión de paralizar la formación fue “coherente y acertada” porque se requería “parar, fiscalizar y exigir responsabilidades”.

En Ciudadanos, que ya tiene sus conclusiones redactadas, tienen claro que son los máximos responsables del Gobierno andaluz entre el periodo 2002 y 2012 y sus consejeros con competencias en esta materia los máximos responsables políticos. Eso no implica, como ha subrayado Marín que Chaves y Griñán “se hayan llevado nada”, y también que su responsabilidad política ya estén “amortizada” porque esas ya no están en activo. Ni tienen escaño ni carné del partido, un tanto que Ciudadanos siempre se ha apuntado (lo impusieron como condición para que Susana Díaz fuera investida como presidenta de la Junta).

C's se desmarca así del PSOE-A. No comparten su aquí no ha pasado nada. Mientras, los socialistas siguen enrocados en su postura, reforzada por los archivos que está habiendo de esta causa en los tribunales y por las declaraciones de los comparecientes en la comisión de investigación, de las que extraen que no hubo menoscabo de fondos públicos ni nada más allá de irregularidades administrativas.

El portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, se ha desmarcado del diagnóstico de Ciudadanos y ha negado responsabilidad alguna de los ex presidentes andaluces.“Creemos que no se puede determinar ningún tipo de responsabilidad política, porque no había una trama de responsables políticos y funcionarios para delinquir o ni para menoscabar fondos públicos”, ha insistido, calificando de “fantasía” de Podemos y PP la teoría de que se dictaron normas “pensadas para delinquir”. “A lo máximo a lo que han llegado los funcionarios e interventores es a señalar desajustes administrativos”, ha concluido.

Pese a no haber dicho nada sobre sus conclusiones, IU sí ha compartido con Ciudadanos su valoración de la decisión de Díaz de paralizar los cursos de formación por prudencia, aunque criticado que se hayan tardado cinco años en retomarla.

Las razones de PP y Podemos

A la vista de estos datos, son PP y Podemos los únicos que señalan a Díaz. El PP tiene “hasta 15 hechos probados” en su contra: falta de colaboración y ocultación de información de la Junta a la comisión de investigación, la paralización de la formación y la pérdida de transferencias por valor de 800 millones, la pérdida de 46,9 millones de ayudas europeas o la participación activa en la recepción de fondos para el PSOE, a través de alquileres de las sedes del PSOE para los cursos de UGT subvencionados por la Junta.

A un nivel más personal, los populares también señalan que Díaz tenía conocimiento directo de las irregularidades. Y citan dos episodios: la dimisión del ex vicesecretario del PSOE-A Rafael Velasco, tras trascender las subvenciones que recibía academia de su mujer o “la ocultación de sus relaciones familiares directas”, como el hecho de que su esposo trabajaba en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes) de UGT-Andalucía, encargado precisamente de cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. Fue precisamente en este aspecto en el que el PP estuvo más incisivo durante la comparecencia de Díaz en la comisión.

Podemos sitúa a la presidenta de la Junta como responsable por otros motivos: la “ocurrencia” de paralizar la formación, tras salir a la luz pública las irregularidades. “No puede seguir al frente de esta institución después de reconocer tan tranquilamente que se cortaba y punto. Si podía hacer eso en la comunidad con más paro de toda Europa es porque realmente el dinero se estaba destinando a fines distintos”, ha afirmado el portavoz en esta comisión, Juan Ignacio Moreno Yagüe.