Operación Púnica

El TSJM acepta investigar al diputado de Cifuentes Daniel Ortiz por el 'caso Púnica'

La decisión cuenta con un voto particular de un magistrado que sostiene que la instrucción del juez Velasco debió declararse nula.

Cristina Cifuentes y Daniel Ortiz

Cristina Cifuentes y Daniel Ortiz Efe

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigará al diputado regional Daniel Ortiz por su presunta implicación en el 'caso Púnica'. Así, la Sala de Civil y Penal ha admitido la exposición razonada enviada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco enumerando una serie de hechos presuntamente delictivos cometidos por el diputado de las filas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Al tratarse de un aforado regional, la competencia debe ser el TSJM. Así, este tribunal ha admitido que Ortiz debe ser investigado por su intervención en torno al “contrato administrativo mixto de suministros y servicios energéticos y mantenimiento integral con garantía total de los edificios municipales y centros educativos del municipio de Móstoles”, licitado el 12 de diciembre de 2013 y adjudicado el 20 de mayo de 2014, cuando era alcalde de esa localidad.

Ortiz conservará su acta de diputado de PP porque "no está investigado" y "la única novedad"es que el TSJM ha aceptado su competencia con la intención de determinar si lo hace o no, según han señalado a Efe fuentes parlamentarias del grupo popular.

En el mismo auto de admisión de la competencia, se ha designado como instructora de la causa, entre los miembros de la misma Sala, a la magistrada Susana Polo, quien determinará la personas que, junto al aforado, deben figurar en esta causa como investigados por su participación conexa con los hechos imputados a Daniel Ortiz.

Sin embargo, la decisión de investigarle no ha sido unánime. El auto cuenta con un voto particular formulado por el magistrado Jesús María Santos Vijande, quien considera que el juez Eloy Velasco,encargado del 'caso Púnica', debió remitir mucho antes a este tribunal la exposición razonada. A su entender, al menos desde el 20 de octubre de 2015 tenía más que suficiente conocimiento de “indicios consistentes” contra Ortiz.

Por tanto, no debió practicar ni la declaración en calidad de testigo del día 27 de octubre del depositante de las cadenas de mensajes ante la Unidad Policial interviniente, ni el segundo informe policial, de fecha de 28 de marzo de 2016, ni cualquier otra actuación posterior al 10 de octubre de 2015 que haya podido efectuarse en relación con el aforado investigado y que no traiga causa de una razón de urgencia o necesidad.

Entiende así este magistrado discrepante con la decisión de la mayoría, que esta Sala debió declarar nulas de pleno derecho, ya 'ab initio', con su consiguiente expurgo de la causa, la expresadas actuaciones, ya que fueron practicadas cono conocimiento, en “auxilio” y bajo la supervisión de un juzgador carente de competencia objetiva.

Contrato amañado de 73 millones

Según Velasco, Ortiz podría haber favorecido a una de las empresas de la trama, Cofely, con un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles. El juez considera que hay indicios de los delitos de fraude contra la Administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho, que ahora investigará el TSJM.

En la exposición razonada remitida al alto tribunal, solicitando que asumiera la parte de la investigación relativa a Ortiz al ser diputado regional y por tanto un miembro aforado, señala que durante el mandato de Ortiz (2013-2015) “se han detectado presuntos actos de corrupción” en beneficio de Cofely, “con un ánimo de lucro personal como contrapartida”, por parte del que fuera en su día regidor del Ayuntamiento madrileño, además de en su concejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla Palombi y su hermano Mario Utrilla Palombi,diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid y antiguo alcalde de Sevilla La Nueva. Ambos “se erigieron como intermediarios-representantes de todos ellos en las negociaciones del cobro de dádivas”.