Operación Púnica

El juez ve indicios de delito contra un diputado de Cifuentes y da el paso para su imputación

Eloy Velasco insta a la Asamblea de Madrid a que le notifique si efectivamente Daniel Ortiz es diputado regional y, por tanto, aforado, para enviar su parte al TSJM.

El diputado de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz junto a Cristina Cifuentes

El diputado de la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz junto a Cristina Cifuentes Efe

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha instando a la Asamblea de Madrid para que le informe si efectivamente el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, tiene el acta de diputado regional y, por tanto, es aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este es el primer paso para imputar a uno de los diputados de la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Según ha podido saber este diario, una vez que la Asamblea confirme que efectivamente es diputado regional, el magistrado remitirá la parte de la causa que le afecta al TSJ de Madrid para que sea allí investigado y en su caso imputado y enjuiciado.

A lo largo de la instrucción del 'caso Púnica', Velasco se ha encontrado con el nombre de Ortiz relacionado con la empresa energética Cofely, cuyos máximos directivos están imputados por haber pagado comisiones a cambio de contratos en distintos ayuntamientos y administraciones públicas.

En la causa se desprende que Ortiz habría intermediado para conseguir un contrato de más de 70 millones en Móstoles, “independientemente de cuál fuera a oferta más ventajosa”. A cambio, la empresa central de la trama Púnica habría repartido entre el ex alcalde y otros compañeros del Ayuntamiento una 'mordida' de 240.000 euros.

En el sumario se desgrana meticulosamente cómo responsables municipales, intermediarios y altos cargos de la empresa energética urdieron un plan para echar del concurso a la francesa Dalkia y a la mostoleña Fulton, que fueron apartadas por un supuesto error en las ofertas presentadas.

Recabados los indicios, al TSJM

Eloy Velasco no puede imputarle formalmente dado su condición de aforado regional. Por eso, ha estado esperando hasta recopilar las pruebas necesarias para enviar la parte de la causa que le incrimina al tribunal regional.

Daniel Ortiz firmó en junio de su puño y letra un Código Ético cuando fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid y se comprometió a abandonar su escaño en el caso de ser imputado o investigado por corrupción u otros delitos que provoquen “alarma social”. Así lo anunció la presidenta Cristina Cifuentes tras la primera reunión de trabajo con su equipo en Génova.

“Dar el siguiente paso”

Según publicó este diario, la primera cadena de mensajes cruzada entre altos cargos de Cofely, miembros de la Corporación municipal y el empresario David Marjaliza, que cumplió con su papel de intermediador, es del 5 de febrero de 2013, diez meses antes de que se licitara el mayor contrato público que ofertó el Ayuntamiento para mantener la gestión energética de todos los edificios municipales (unos 145) durante doce años. A los pocos días de aquel cruce de mensajes se produjo una reunión en el despacho de Alcaldía necesaria, según Marjaliza, para valorar la opinión del alcalde “y dar el siguiente paso”.

A aquella cita acudieron el propio Daniel Ortiz, su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y los directivos de Cofely, Didier Maurice y Constantino Álvarez. Así lo constató en su declaración como testigo el entonces concejal de Infraestructuras y Mantenimiento de la localidad, David Sánchez, también presente en la reunión, que no supo especificar qué hacía su compañero Utrilla si no tenía competencia ninguna con el contrato de eficiencia energética que se estaba preparando.

Para conseguir desbancar a las otras dos empresas que pujaban por el millonario contrato, la propia Cofely confeccionó un informe financiero anónimo que recogía las debilidades económico-financieras de Fulton, la empresa que mejor posicionaba estaba para llevárselo. El objetivo era convencer a la mesa de contratación de que no era la mejor oferta, pero finalmente la maniobra no fue necesaria, ya que los empleados de Cofely que diseñaban el documento anónimo descubrieron “errores subsanables” en las ofertas económicas de las otras dos compañías. Errores que, casualmente, fueron apreciadas días después por la responsable de contratación, Sofía García, y la concejal Vanesa Martínez. El camino ya quedó despejado para la francesa afín al alcalde.