OPERACIÓN PÚNICA

Daniel Ortiz (PP) intermedió para que Púnica se llevara un megacontrato en Móstoles

Los investigadores señalan al ahora diputado como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho por beneficiar a Cofely.

El ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz.

El ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz.

El ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, intermedió para que Cofely, empresa de la trama Púnica, consiguiera un contrato de más de 70 millones en Móstoles, “independientemente de cuál fuera a oferta más ventajosa”. A cambio, la empresa central de la trama Púnica habría repartido entre el ex alcalde y otros compañeros del Ayuntamiento una 'mordida' de 240.000 euros. Así consta en el sumario de la Operación Púnica al que ha tenido acceso en el ESPAÑOL, donde se desgrana meticulosamente cómo responsables municipales, intermediarios y altos cargos de la empresa energética urdieron un plan para echar del concurso a la francesa Dalkia y a la mostoleña Fulton, que fueron apartadas por un supuesto error en las ofertas presentadas. Daniel Ortiz firmó en junio de su puño y letra un Código Ético cuando fue elegido diputado en la Asamblea de Madrid y se comprometió a abandonar su escaño en el caso de ser imputado o investigado por corrupción u otros delitos que provoquen “alarma social”. Así lo anunció la presidenta Cristina Cifuentes tras la primera reunión de trabajo con su equipo en Génova.

La primera cadena de mensajes cruzada entre altos cargos de Cofely, miembros de la Corporación municipal y el empresario David Marjaliza, que cumplió con su papel de intermediador, es del 5 de febrero de 2013, diez meses antes de que se licitara el mayor contrato público que ofertó el Ayuntamiento para mantener la gestión energética de todos los edificios municipales (unos 145) durante doce años. A los pocos días de aquel cruce de mensajes se produjo una reunión en el despacho de Alcaldía necesaria, según Marjaliza, para valorar la opinión del alcalde “y dar el siguiente paso”.

A aquella cita acudieron el propio Daniel Ortiz, su concejal de Medio Ambiente, Alejandro Utrilla, y los directivos de Cofely, Didier Maurice y Constantino Álvarez. Así lo constató en su declaración como testigo el entonces concejal de Infraestructuras y Mantenimiento de la localidad, David Sánchez, también presente en la reunión, que no supo especificar qué hacía su compañero Utrilla si no tenía competencia ninguna con el contrato de eficiencia energética que se estaba preparando.

Para conseguir desbancar a las otras dos empresas que pujaban por el millonario contrato, la propia Cofely confeccionó un informe financiero anónimo que recogía las debilidades económico-financieras de Fulton, la empresa que mejor posicionaba estaba para llevárselo. El objetivo era convencer a la mesa de contratación de que no era la mejor oferta, pero finalmente la maniobra no fue necesaria, ya que los empleados de Cofely que diseñaban el documento anónimo descubrieron “errores subsanables” en las ofertas económicas de las otras dos compañías. Errores que, casualmente, fueron apreciadas días después por la responsable de contratación, Sofía García, y la concejal Vanesa Martínez. El camino ya quedó despejado para la francesa afín al alcalde.

"El análisis de los papeles"

¿Cómo consiguió Cofely información bancaria y financiera sobre su competidor si no era de acceso público? Según consta en el sumario, el director de mercado público de Cofely extrajo el expediente de contratación de su competidora a través del concejal Alejandro Utrilla, que acudió al departamento de contratación excusándose en que había una supuesta reunión con el personal una tarde en la que “no había trabajando ninguno de los empleados de ese departamento”, según afirmó en sede judicial la responsable de ese departamento, Sofía García, que fue tajante: “En ningún momento concerté ninguna reunión con Alejandro Utrilla”.

El concejal sustrajo ilegalmente la documentación de Fulton para que Cofely confeccionase el informe en el que debía apoyarse el Ayuntamiento para desestimar la oferta de Fulton explicando, según su criterio, por qué ese licitador no tendría capacidad económica para afrontar el proyecto y utilizando cauces paralelos al proceso público de contratación. El análisis de los correos revelan la coincidencia entre la fecha en que Pedro García iba a entregar el informe anónimo a un concejal con un mensaje que Alejandro Utrilla envió a Daniel Ortiz y que decía: “el miércoles me dan el análisis de los papeles”.

El sintonía entre Utrilla y Ortiz y los directivos de Cofely encaja, según los investigadores, con el contenido de una de las conversaciones intervenidas: “A ver, lo que es indiscutible es que nadie puede negar que nos han echado una mano en que resultáramos adjudicatarios del contrato”.

Most: 6000 euros

David Marjaliza contactó con Alejandro Utrilla a través de su hermano, Mario Utrilla, alcalde de Sevilla de la Nueva, un municipio cercano a Móstoles también salpicada por la trama. En una de las llamadas intervenidas, Pedro García y Marjaliza hablan de entregar 6.000 euros a Mario Utrilla, “que se puede hacer ya”. Lo que tendría más dificultad es “lo otro”, lo que la policía entiende que son los 240.000 euros comprometidos a cambio del contrato adjudicado en Móstoles. En la documentación intervenida en las oficinas que el empresario Marjaliza tiene en Pinto, una de las anotaciones de su secretaria, Ana María Ramírez, dice: “Most:6000 euros”.

Esta anotación, recoge el sumario, “coincide con el importe que se estaría preparando para Mario Utrilla relacionado con la adjudicación del contrato de Móstoles”. La declaración de Marjaliza confirmaría “la materialización de este pago”, ya que afirmó haber entregado esta cantidad al ex alcalde de Sevilla de la Nueva para unas vacaciones. El abono sería “una parte de los 40.000 acordados” por haberle presentado a su hermano, el concejal de Móstoles que convenció al alcalde para dar un trato preferente a Cofely.

Según los investigadores, en un momento determinado de las negociaciones para agilizar los pagos de las mordidas tras la adjudicación final, Mario se retira y deja al frente a su hermano Alejandro. En una de las llamadas intervenidas, Alejandro Utrilla trata directamente el asunto con Pedro García y le transmite que es urgente arreglar los pagos pendientes indicando que “el jefe” -Daniel Ortiz, a juicio de los investigadores-, le habría dado órdenes de que “hay que arreglarlo de alguna manera porque esto no puede seguir así”.

Ortiz, presunto autor de fraude y cohecho

En las conclusiones, los investigadores no dejan lugar a dudas de que fue necesaria la implicación de Daniel Ortiz para que el concurso de Móstoles se lo llevase Cofely. “La influencia del ex alcalde, transmitiendo sus inquietudes al concejal de infraestructura, y la complicidad de Alejandro Utrilla, habrían motivado que David Sánchez le propusiera la opción de requerir a los licitadores una nueva justificación sobre su solvencia y capacidad de endeudamiento para afrontar las inversiones”.

Los investigadores señalan a Daniel Ortiz como presunto autor de los delitos de fraude y cohecho; a Alejandro Utrilla como presunto autor de los delitos de fraude, cohecho y revelación de secretos; a Mario Utrilla como presunto autor de cohecho. También indican que Marjaliza sería el presunto autor de organización criminal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad documental y cohecho; a Antonio Ruiz como presunto cooperador necesario de los delitos de falsedad documental, apropiación indebida y malversación de fondos públicos y a Ana María Ramírez presunta autora de delitos de falsedad documental, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.