83% de los denunciantes son hombres

Un informe acredita más de 4.000 torturados entre 1960 y 2013 en el País Vasco

Responsabiliza a partes iguales a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y en mucha menor medida a la Ertzaintza.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria y el secretario general de paz y convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández.

El antropólogo forense Francisco Etxeberria y el secretario general de paz y convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández. EFE

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Más de cuatro mil personas se vieron afectadas en Euskadi por las torturas cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado durante los últimos cincuenta años, según la investigación realizada por el Instituto vasco de Criminología. Sus conclusiones provisionales se han dado a conocer esta mañana en San Sebastián por el secretario general de Paz y Convivencia del Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, y el antropólogo forense Paco Etxeberria.

El informe identifica a 4.009 personas víctimas de torturas durante el último periodo franquista y la etapa democrática. Los casos recogidos hasta el momento se elevan a 3.577; de ellos 2.000 han sido analizados en profundidad y a 202 se le ha aplicado el protocolo de Estambul, mecanismo de Naciones Unidas para comprobar la veracidad de las denuncias.

El 83% de los denunciantes son hombres y el resto mujeres. El 17% denuncia haber sido torturado en más de una ocasión por lo que sus autores estiman que el número de casos se elevara hasta los 5.000. Constatan además que estas cifras son inferiores a las reales y que más personas se incorporarán al censo de aquí a la finalización del estudio, previsto para final de año. Para su inclusión en el mismo hay que ser vasco o residente en la comunidad autónoma o haber sufrido torturas en su ámbito geográfico.

La Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 es un encargo del Gobierno de Íñigo Urkullu, que tiene por objeto desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi y establecer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas, así como de prevención para la erradicación definitiva de ese tipo de abusos y prácticas violentas.

El informe es una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo dentro de su Plan de Paz y Convivencia. Sus autores son Paco Etxeberria, el doctor en Medicina Carlos Martín Beristain y la licenciada en derecho y máster en Criminología Laura Pego. Con ellos colaboran 40 profesionales de la salud y expertos en Derechos Humanos. “El número de casos muy graves puede ser muy importante”, subraya el equipo.

VERACIDAD DE LAS DENUNCIAS

Los investigadores han analizado más de 22.000 documentos y recogido más de 900 testimonios. Las pruebas periciales practicadas les llevan a otorgar “credibilidad” a los relatos y a autentificar la veracidad de los hechos denunciados.

Tras la aplicación del Protocolo de Estambul a dos centenares de casos concluyeron que sólo el 2% de las denuncias podían ser tachadas de “inconsistentes” a efectos de la demostración de torturas. E incluso en ese pequeño porcentaje invalidado quedaba probada la existencia de tratos inhumanos o degradantes, o el uso de una violencia excesiva durante el arresto.

Etxeberria ha incidido en este aspecto al asegurar que tienen testimonios de todo tipo de gente - “sacerdotes, cirujanos, responsables políticos…”- que las corroboran, adelantándose a los presumibles intentos de desacreditar las conclusiones de la investigación.

También ha incidido en la gravedad de las consecuencias que arrastran las víctimas, que en un porcentaje del 5% presentan secuelas psicológicas.

DIFERENCIAS ENTRE CUERPOS POLICIALES

La cifra más elevada de los 3.577 casos incorporados al estudio se produjo durante 1975, cuando el régimen franquista decretó el último estado de excepción. Sobre aquel año se registran 265 denuncias. Los ochenta, con 1.184 torturados, fue la peor década, dejando en sus inicios los mayores picos de la gráfica, con 168 y 162 víctimas. El descenso paulatino de las torturas se produce a partir de 2004, sin que haya ningún caso registrado en 2015 y el primer semestre de 2016

La distribución por autoría prácticamente iguala a la Guardia Civil (1.589 casos) con la Policía Nacional (1561). Sobre la Ertzaintza se recogen 310. El resto corresponde a Policía Municipal (4), funcionarios de prisiones (19) y otros (39). De 64 no tienen datos.

La tortura se ha visto favorecida por la incomunicación de los detenidos. Su práctica ofrece una “diferencia significativa”, cualitativa y cuantitativamente, entre las distintas fuerzas policiales. Los tres cuerpos de las FSE utilizaron las técnicas del plantón –mantener de pie al arrestado sin moverse durante horas– y la extenuación física. El uso de la bolsa se le atribuye a la Guardia Civil, que compartió con la Policía Nacional el empleo de los electrodos y la bañera.

Se constata además la importancia que en la esfera psíquica adquieren los gritos, insultos y amenazas y se concluye que los citados no son los únicos, “ni los más gravés” métodos utilizados.

21 SENTENCIAS

Las diferentes prácticas cambiaron en los ochenta, a raíz de las primeras sentencias de los tribunales de justicia españoles, para “tratar de dificultar” que los forenses pudieran acreditarlas ante los jueces.

La Guardia Civil ha sido condenada en doce ocasiones y la Policía Nacional en nueve. Los fallos han afectado a 50 funcionarios públicos, 49 hombres y una mujer, que han sido castigados por torturas cometidas contra 32 personas -28 hombres y cuatro mujeres- detenidas entre los años 1979 y 1992. No hay ninguna sentencia condenatoria contra la Ertzaintza.

Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho casos por incumplir las obligaciones contraídas en contra de la tortura y la ONU se ha pronunciado en el mismo sentido reprobatorio en otros dos.

FALTA DE GARANTÍAS

Los derechos de los detenidos siguen sin estar garantizados “de manera efectiva”, según concluyen los autores del informe.

Siguiendo las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales España estableció en 1997 un protocolo para el reconocimiento médico forense a los arrestados, que no se ha cumplido “salvo excepciones”, lo que dificulta la investigación de las denuncias.

En el País Vasco existe desde 2003 un plan de actuación por el que los detenidos en régimen de incomunicación son controlados mediante cámaras y grabados durante el tiempo que dura el aislamiento. Implementado por el Gobierno de Lakua sólo lo sigue la Ertzaintza, pero no el resto de las policías.

El estudio considera que las videograbaciones son “una buena herramienta de control” y recoge la necesidad de que el protocolo del Ejecutivo, mejorado con las sugerencias que propone el Ararteko (defensor del pueblo vasco), se extienda a Policía Nacional y Guardia Civil con el fin de introducir garantías “hoy día inexistentes”.

El avance de las conclusiones del informe se ha presentado en la inauguración de un Congreso sobre “verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes” organizado en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.

Durante el acto, el portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ha destacado el compromiso de su Gobierno con la erradicación y prevención de la tortura.