Valencia busca responsables políticos del accidente de Metro 9 años después

El 3 de julio de 2006, sobre las 13 horas, una unidad del metro de Valencia descarriló provocando la muerte de 43 personas y dejando a otras 47 heridas de gravedad. Es la tragedia de metro más importante de España y una de las más graves de Europa. Este viernes arranca en el parlamento valenciano una comisión de investigación –la segunda- para aclarar las causas del siniestro y depurar posibles responsabilidades políticas de un suceso con demasiados agujeros negros y situaciones bochornosas como el veto en Canal 9 y el ninguneo del expresidente Francisco Camps a las víctimas.

Esta comisión es lo que las víctimas llevan reclamando desde entonces. Nueve años de lucha desde que una primera comisión de investigación concluyera al mes siguiente del siniestro que este no fue "ni previsible ni evitable". “No hubo voluntad de investigar, ese no era el objetivo, sino reafirmar lo previamente establecido por la Generalitat y la dirección de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)", explica Rosa Garrote, presidenta de la asociación.

Dos investigaciones parlamentarias sobre el accidente con nueve años de diferencia y dos legislaturas de por medio. Estas son las diferencias que separan la comisión de 2006 de la que ahora arranca.

LA INVESTIGACIÓN MÁS CORTA Y CON EL VETO DEL PP

El PP aprobó en solitario, con la abstención de los grupos de oposición, la creación de la comisión de investigación el 14 de julio de 2006, pocos días después de la tragedia. La abstención se produjo porque el grupo que lideraba Francisco Camps estableció apenas un mes para las pesquisas. Solo hubo cuatro jornadas maratonianas de interrogatorios y se vetaron comparecencias y documentos solicitados por los grupos de oposición. "Se lo vamos a recordar, han despachado el accidente más grave de los metros de España con la comisión más breve de la historia de estas Cortes (…) Nos parece un fraude y un engaño", dijo el entonces diputado de la oposición y ahora alcalde de Valencia, Joan Ribó.

En esta ocasión ha sido el PP el que se ha abstenido y son cuatro los partidos que la apoyaron: los dos que conforman el gobierno (PSOE y Compromís), su socio Podemos y Ciudadanos desde la oposición. "Aquello fue una pantomima, ahora no va a haber vetos", dice Alexis Marí, portavoz de C’s en la comisión. Ahora las tornas han cambiado, el PP está en la oposición y no controla el discurrir de la nueva investigación.

La segunda investigación nace diferente también en duración. De las cuatro jornadas de interrogatorios se pasa a cinco meses con sesiones semanales. De 32 comparecencias a 70. Hasta el expresidente Camps está citado.  Su sucesor, Alberto Fabra, no apoyó la nueva comisión al estimar que la de 2006 ya dilucidó que la causa fue el exceso de velocidad, que esto fue confirmado por tres resoluciones judiciales y que hay una causa judicial abierta que determinará si hay algún tipo de responsabilidad. "Tenemos que mirar al futuro", dijo en el pleno.

Solo estas dos diferencias ya dan más garantías a las víctimas. “El plan de trabajo ha sido aprobado de forma conjunta por todos menos el PP, así que ya no hay un uso partidista. La primera fue legal, pero no garantizó la objetividad”, dice Rosa Garrote. La primera sesión de interrogatorios comienza elviernes con la comparecencia de los portavoces de todos los partidos que participaron en aquella comisión tildada de “pantomima”.

LOS NUEVOS DATOS Y LA EVIDENCIA DE UNA COMISIÓN AMAÑADA

La asociación de víctimas del accidente del 3 de julio nació oficialmente en octubre de 2006, después de que la comisión concluyera que la línea era segura y que el siniestro fue imprevisible e inevitable y producido por el exceso de velocidad. “Nacimos para buscar respuestas, estas conclusiones no nos valen porque si hubo ese accidente es porque la línea no era segura”, recalca Garrote. Los datos que han ido apareciendo desde entonces han dejado un rastro de sospecha sobre aquella primera investigación parlamentaria.

En 2012 el diario El Mundo publicó un documento que constataba que FGV contrató una empresa externa para adoctrinar a los comparecientes. “Le pregunten lo que le pregunten y se desarrolle como se desarrolle (la comisión), su objetivo en la comparecencia debe ser transmitir que lo ocurrido ha sido un accidente cuya causa ha sido el exceso de velocidad y no puede ser atribuida a ninguna deficiencia técnica”, comenzaba un documento de 25 páginas con todo tipo de consejos y respuestas dadas. Ya durante las sesiones de 2006, los diputados manifestaron su sorpresa por la alta coincidencia en las respuestas. “Realmente hemos sabido que había una estrategia y hechos que nos dan la razón de que sí hacía falta una nueva comisión”, apunta la presidenta de la asociación.

También se ha sabido ‘a posteriori’ que la Generalitat y  la FGV ocultaron datos incluso al juzgado y al perito judicial como que la unidad siniestrada sí tuvo accidentes previos similares y que existía un informe que apuntaba que el tren era obsoleto, entre otras cosas como  una criticable custodia del vagón. Estos descubrimientos fueron unas de las razones que llevaron a la Audiencia Provincial a ordenar en 2014 la reapertura del caso para determinar, entre otras cosas, si el estado del vagón fue una de las causas. Y será otro de los asuntos que se aborden a partir de ahora con nuevas declaraciones y documentos que fueron escondidos o vetados. Un juzgado de Valencia mantiene aún abierta la investigación sobre las causas que rodean a esta tragedia.

NUEVOS OBJETIVOS

Pero una de las partes más novedosas de la nueva investigación parlamentaria es que no solo analizará el accidente, sino también la gestión que se hizo desde el gobierno valenciano. Ana Barceló, la portavoz socialista en la comisión recalca que uno de los asuntos a investigar será la gestión que hizo la Generalitat, su empresa pública FGV y Canal 9. Isaura Navarro, de Compromís, recuerda cómo se supo después que un consejero (en alusión a Juan Cotino) fue visitando a las familias para ofrecerles trabajo y ayudas si no denunciaban a la Generalitat, según las propias víctimas han denunciado.

También se ha evidenciado la estrategia del ente público para vetar y manipular las informaciones sobre la tragedia que se mantuvo hasta el último momento, hasta que el cierre de Canal 9 llevó a los trabajadores a colar a la anterior presidenta de la asociación de víctimas, Beatriz Garrote, por una ventana para hablar por primera vez de lo que ocurrió. La comisión pretende, en última instancia, saber quién era el organizador primero de la llamada 'estrategia del silencio'. Y por ello pasarán por las Cortes tanto Francisco Camps, como Juan Cotino y otros exrepresentantes del gobierno valenciano de entonces y el máximo responsable de Canal 9, Pedro García.

En esta parte están puestas las ilusiones de las víctimas. "Tiene que salir la responsabilidad política, que se evidencie la mala gestión de FGV y la mala actuación del gobierno del PP", reclama Rosa Garrote, quien admite que algunos agujeros negros sobre el accidente se mantendrán: "Por el camino nos hemos dejado algunas reivindicaciones, porque el tren se destruyó en 2008, el libro de averías sigue sin aparecer… somos conscientes de que no se va a saber qué pasó, pero queremos conocer la gestión y las responsabilidades".