Marcha atrás

Cifuentes rectifica la ley de Ignacio González contra el Patrimonio

La Comunidad de Madrid presenta el borrador donde corrige los ocho artículos declarados nulos por el Constitucional.

Restos de los edificios del conjunto de Canalejas, en Madrid.

Restos de los edificios del conjunto de Canalejas, en Madrid.

El Patrimonio histórico y artístico de la Comunidad de Madrid vuelve a la senda de la Constitución. El equipo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del ejecutivo de Cristina Cifuentes ha presentado el borrador, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, de modificación de la Ley de Patrimonio. Es el primer paso de la norma antes de su llegada a la Asamblea, donde será votada después de que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), del 17 de julio de 2014, anulase ocho artículos de dicha reforma, ejecutada por el ex presidente Ignacio González.

El TC los declaró nulos por invadir competencias estatales y restar la protección convenida por la norma estatal. El organismo señaló que la nueva ley, aprobada sin consenso con las asociaciones y con toda la oposición en contra, interfería en el ámbito reservado al Estado. En su invasión residía su inconstitucionalidad. Por eso, Paloma Sobrini, Directora General de Patrimonio Cultural, presenta la necesaria modificación de la vigente ley, “con el fin de adecuar su redacción al reparto competencial establecido en la Constitución cuyos límites se han fijado en la mencionada sentencia”. Además, modifica otros 4 artículos más, aunque no fueron declarados inconstitucionales.

La aprobación de la reforma coincidió con las negociaciones del fracasado proyecto de Eurovegas

Aquella reforma -que tiene los días contados- fue criticada por tener una orientación a favor del carácter económico y con clarísima prioridad al desarrollo inmobiliario. Las asociaciones pedían una ley más equilibrada que garantizase la buena salud del Patrimonio. Sin embargo, la aprobación de la reforma coincidió con las negociaciones del fracasado proyecto de Eurovegas. Fue declarada una Ley coyuntural que favorecía la intervención inmediata y sin inconvenientes arqueológicos. Se negaban a la destrucción arbitraria.

La primera rectificación es la que afecta a la declaración de los Bienes de Interés Cultural. La Ley de Ignacio González sólo concedía categoría BIC a aquellos de “carácter excepcional”, restringiendo notablemente la entrada de nuevos elementos patrimoniales a la lista de protegidos. Ahora, la ley de Cifuentes apunta que será suficiente con aquellos elementos que “tengan un valor más sobresaliente”. Así como los que posean “una especial significación histórica o artística”.

Conciliar progreso y patrimonio

El artículo 23.1 de la Ley de González establecía que los inmuebles de interés cultural podían ser desplazados. Los recurrentes denunciaron las bases para operaciones potencialmente expoliadoras. La nueva ley dice: “Un inmueble declarado BIC es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento o remoción”.

En el artículo 24.5 se permitía la colocación de publicidad comercial, cables, antenas y conducciones visibles en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos. En el nuevo, tras la sentencia del TC, se dice que “queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes”. Además, se advierte que “se prohíben las acciones que falseen la autenticidad histórica del bien”.

Ahora se aclara que los propietarios de los BIC están obligados a permitir su visita pública

También se impugnó el artículo 27 al reducir la visita pública de los bienes inmuebles declarados de interés cultural. Ahora se aclara que los propietarios de los BIC “están obligados a permitir y facilitar su inspección por parte de los organismos competentes, su estudio a los investigadores y su visita pública”.

Desde la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio aclaran a este periódico que se han asumido muchas cosas. “Es una marcha atrás”. Reconocen la reforma de artículos que no estaban obligados, pero advierten de la falta de desarrollo de la arqueología preventiva. “Sigue sin aparecer”, dicen. Además, echan de menos la reforma del Consejo Regional de Patrimonio.

Dialogar antes que imponer

Pablo Guerra, vicepresidente de sección de Arqueología del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y letras y en Ciencias de Madrid (una de las asociaciones que recurrieron a la norma) asegura que “la ley debe mejorar mucho todavía”. “Lo más positivo de este borrador es que la Ley no se va a llevar a cabo. Hemos tumbado una ley que no era constitucional. Creo que debemos mejorar la norma incluyendo aspectos que antes de la reforma no existían”, explica a este periódico el arqueólogo.

Además, asegura que el nuevo equipo ha llegado con un talante negociador. “Ha cambiado en la sinceridad: hay una intención en la Dirección General a sentarse y negociar. Hemos tenido varias reuniones con la directora y vemos bastante interés. Ella misma, arquitecta y desconocedora de muchos aspectos de la Ley, quiere enterarse de todo y estar encima de las negociaciones”, cuenta Guerra.

Lo más positivo de este borrador es que la Ley no se va a llevar a cabo. Hemos tumbado una ley que no era constitucional

Sin embargo, avisa de que hay en marcha más borradores, encargados por los diferentes grupos (PSOE, Podemos y Ciudadanos) y que puede hay que sintetizar al máximo los esfuerzos y los conceptos para poner en marcha la ley cuanto antes. Ahora habrá un plazo para las enmiendas, la CAM incluirá lo que considere oportuno y llegará a la Asamblea como anteproyecto, antes de votarla y trabajarla en comisiones para convertirla en Ley.

Hay tiempo para incluir rectificaciones, incluso con Luis Lafuente Batanero, subdirector general de difusión y gestión de la Dirección General de Patrimonio con el equipo que perpetuó el atraco constitucional y con el actual equipo que da marcha atrás. Lafuente llegó a advertir a las asociaciones que no tenían “nada que hacer con ese recurso de inconstitucionalidad ante el TC”. Y el tribunal habló y le quitó la razón al subdirector, que sigue al frente de su cargo.