Estuvo fino Manolo Mata, viejo del lugar, al denominar a Nuria Ruiz Tobarra "la jueza del pueblo". El doble filo del apelativo la definió con acierto, como alguien firme en el propósito popular de hacer pagar a Carlos Mazón por la dana pero con más voluntad que argumentos penales para lograrlo.

La energía de la magistrada y el amplio eco de sus autos la han convertido en el principal referente contra la gestión del expresidente valenciano durante la trágica jornada del 29 de octubre de 2024, cuando las riadas de Valencia se cobraron 230 vidas.

"La valentía de una jueza corriente", tituló El País un perfil sobre ella. De nuevo, se presentaba como su mayor virtud la determinación, el arrojo, no sus razones jurídicas. Hasta los mayores partidarios del trabajo de la instructora parecían advertir el final de su ofensiva contra Mazón.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) archivó este lunes la causa contra el dirigente tras la exposición razonada en la que Ruiz Tobarra instó a que se le investigara.

Lo hizo por unanimidad de sus cinco magistrados. El presidente, Manuel Baeza, había abocado la exposición razonada al pleno de la Sala de lo Civil y Penal, en una inteligente maniobra para dotar el dictamen de la máxima pluralidad e independencia, para que no fuera la decesión de un único juez.

No hubo voces discordantes. Se pronunciaron con la misma convicción trasladada desde hace meses por el grueso de los juristas que han analizado la posible responsabilidad de Mazón.

La única duda parecía ser cuándo quedaría exonerado a nivel penal, si la presión social derivaría o no en una imputación o, incluso, en un juicio oral.

Paños calientes

¿Pudo haber ocurrido esto último por el mero contexto social? Nadie lo descartaba. Los magistradosdecidieron resolver por la vía rápida, pero jamás un auto de archivo contuvo tantos paños calientes. Su escrito se dirigía también a la sociedad, a la que priva del castigo que muchos deseaban.

El TSJCV insistió en que no es "insensible a la tragedia ocurrida", admitió la necesidad de las víctimas de "obtener justicia y reparación" y se desmarcó incluso de la conducta de Mazón "desde un punto de vista moral o político".

Casi pidiendo perdón, el auto del TSJCV explicó, inusitadamente didáctico, que solo podía examinar los hechos atribuidos al aforado "desde una perspectiva jurídico penal". "En esto, y desde el propio ejercicio de la función jurisdiccional, no puede haber excepciones", llegó a afirmar el escrito.

Los ingredientes eran los que eran. Mazón carecía de competencias en materia de Emergencias, y llegó al Cecopi en el que se gestionaba la dana cuando la alerta a la población, considerada tardía y errónea por la jueza, ya había sido enviada.

Los dos investigados, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, exconsellera y exsecretario autonómico de Emergencias, habían afirmado que Mazón ni retrasó ni intervino en el envío de la misma. Y tampoco existían indicios que apuntaran a que los hechos descritos fueran en realidad de otra manera.

Realidad vs. voluntad

Se trata de un caso paradigmático de discordancia entre la realidad y la voluntad popular. El rechazo hacia Mazón por su gestión de la dana, merecido en buena medida por mentir para ocultar que permaneció ajeno en una larga sobremesa mientras la gente se ahogaba, sí o sí debía traducirse en un castigo ejemplar.

Pero el exceso en la expectativa conduce siempre a la frustración. La mayor, sin duda, la de los familiares de las víctimas, que habían hecho suyas durísimas proclamas como el "Mazón asesino".

La jueza apreciaba delitos de homicidio y lesiones imprudentes de Mazón cometidos por omisión, y quienes anhelaban este castigo ven ahora cómo la conducta del dimitido presidente ni siquiera merece una investigación penal en profundidad. No hay nada contra él, concluyen los jueces.

Sin duda, ha sobrado estómago en la instrucción de esta causa. El choque entre el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja y el TSJCV ha ido más allá de la discrepancia habitual. Ruiz Tobarra ejerció una dureza insólita en sus autos, repletos de afirmaciones más propias de sentencias.

Sin ir más lejos, atribuyó en su exposición razonada a Mazón una "grosera negligencia con un grave resultado mortal", y le afeó a la vez que "impartió órdenes" y mantuvo una "inactividad negligente", contradicción afeada a la jueza tanto por el TSJCV como por la Fiscalía.

A tenor de lo ocurrido, tanto en la presente causa -que continúa contra Pradas y Argüeso- como en las venideras, la magistrada debería hacer suya la virtud de la mesura.

Un aparente buen ejemplo de responsabilidad tras el dictamen del TSJCV lo ofrecieron este lunes tanto el PSOE como Compromís ante la unanimidad del tribunal. Ambas formaciones de la oposición, lejos de los aspavientos de los últimos meses, evitaron el comodín del lawfare y se limitaron a pedir que Mazón dimita igualmente por su conducta moral.