Sede de la Agencia Valenciana Antifraude. EE
La Agencia Valenciana Antifraude busca nueva sede para ahorrarse el alquiler de 120.000 euros al año
La Generalitat busca un espacio que cumpla con los requisitos planteados por la oficina que desde julio dirige Eduardo Beut.
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La Agencia Valenciana Antifraude busca cambiarse de sede en 2025. El nuevo director, Eduardo Beut, ha planteado la necesidad de abandonar los despachos que ocupan ahora mismo y por los que pagan un alquiler de 10.000 euros al mes, sin IVA.
En total, 120.000 euros al año que el máximo responsable de la Agencia quiere ahorrar al organismo y por la que ya se ha puesto en contacto tanto con Les Corts -institución a la que está adscrita-, como con la Generalitat, dado que la administración autonómica cuenta con varios inmuebles vacíos a los que no se les da uso.
Las negociaciones todavía se encuentran en fase embrionaria, pero desde la Dirección General de Patrimonio sí reconocen contactos con Beut y explican que se están estudiando distintos emplazamientos para determinar cuál cubriría las necesidades y requisitos planteados para acometer el traslado.
Desde enero de 2018, las oficinas de la Agencia Antifraude se ubican en la Calle Navellos 14 de València, justo en un edificio contiguo al Parlamento valenciano y a espaldas de la sede provisional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El inmueble cuenta con 680 metros cuadrados y se sitúa en una de las zonas más caras de la ciudad, próximo a la Plaza de la Virgen y a tan solo unos metros a pie del antiguo cauce del río Turia.
En su momento, la Agencia argumentó que sería una sede provisional hasta poder trasladarse a otro espacio más económico o que Les Corts o la Generalitat le cedieran un inmueble que no le ocasionara gastos en su presupuesto.
Sin embargo, esto nunca ocurrió durante dos mandatos del Botànic -el primero, de PSPV y Compromís, y en la segunda legislatura, con la incorporación de Podemos-, a pesar de que la coalición reclamó en distintas ocasiones que se trasladaran a un espacio público o a un lugar donde el alquiler fuera "más asequible".
Eduardo Beut comparece en Les Corts. José Cuéllar / EP
El propietario del inmueble es la firma de arquitectura Arquilab SL, empresa vinculada al exdiputado de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados, Tomás Guitarte.
El local fue el lugar escogido por el Tribunal de la Santa Inquisición para albergar su sede en València a partir del año 1527, donde permaneció durante años -tal y como recoge en su web el investigador J. Díez Arnal-.
Despacho en Les Corts
Conviene recordar que, antes de empezar a trabajar en la sede actual y comenzar a desembolsar un alquiler, el exdirector del organismo, Joan Llinares, y sus primeros fichajes pusieron en marcha la Agencia desde un pequeño despacho cedido por Les Corts.
Sin embargo, conforme la Agencia fue aumentando su personal, este espacio quedó pequeño, pues algunas reuniones las tuvieron que realizar en los pasillos del Parlamento porque no todo el equipo de funcionarios cabían en una única sala de reuniones.
El cambio al frente de la dirección en la agencia se produjo en julio del año pasado, después de que Llinares acabara su mandato al frente del organismo. Desde entonces, un total de 10 trabajadores han dejado Antifraude.
Ocho de ellos pidieron volver de forma voluntaria a sus anteriores puestos en la administración -todos los trabajadores son funcionarios de carrera-.
Los otros dos miembros de la plantilla fueron apartados de sus responsabilidades por el propio director en septiembre del año pasado, poco tiempo después de haber accedido al cargo gracias a los votos de PP y Vox.
Se trata de la jefa de asuntos jurídicos, Teresa Clemente, y al director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, quien también fue candidato a dirigir la agencia en el proceso para suceder al anterior director, Llinares. Dos salidas que la oposición tachó de "purga" y "cacería".
En total, la Agencia Valenciana Antifraude cuenta con una plantilla de 40 trabajadores, por lo que los ceses, tanto los voluntarios como los forzosos, representan el 25% del total.
