La torre de la Isla de Toralla en el entorno de la playa de Samil.
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Un arquitecto de Vigo, condenado a pagar 295.000 euros por no avisar a su cliente de que adquiría una finca no edificable
La Audiencia de Pontevedra ha determinado que no asesoró bien a un cliente sobre un terreno que finalmente adquirió en la isla de Toralla
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La sección sexta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, ha rechazado el recurso de un arquitecto contra la sentencia del Juzgado de Instancia número 1 de la ciudad olívica que le condena a pagar 295.655,73 euros a un cliente por no asesorarlo de manera correcta y no indicarle que el terreno que iba a adquirir no era edificable.
El demandante había adquirido una parcela en la isla en octubre de 2016 tras contratar los servicios del arquitecto a finales de 2014. Según el demandado, el actor "era conocedor desde el momento inicial de las dificultades para que se otorgara licencia para construir", a pesar de que se encontraba rodeada de otras edificaciones.
Además, según esgrimía el la defensa, el demandante era "administrador de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria o a la compraventa de bienes inmuebles", por lo que duda de que no conociese la condición de la edificabilidad de la finca. Según la resolución de la Audiencia, no obsta que precisase "el asesoramiento de quien, como arquitecto, tenía la condición de facultativo con especiales conocimientos de la normativa técnica y urbanística, y por ello podría suministrarle los conocimientos específicos sobre edificabilidad de la parcela que pretendía adquirir de los que careciera".
El arquitecto también señalaba en su recurso el intercambio de varios correos electrónicos; entre ellos, uno en el que le indicaba al cliente que "condicionaría la compra a la obtención de licencia municipal. Nunca pondría una fecha cierta ya que tiene la posibilidad de que no se pueda cumplir. La tramitación es una carrera de fondo".
En este caso, los magistrados consideran que en este caso sólo se le transmitía al demandante "incertidumbre sobre la fecha en que podría obtenerse licencia de edificación de la parcela cuyo precontrato de compra estaba próximo a formalizarse, sin que se exprese siquiera la duda de que tal licencia finalmente habría de llegar a obtenerse". Unas dudas que, insisten, "tampoco aparecen en ninguno de los correos aportados".
Tampoco ha considerado el tribunal el argumento de la rebaja en el precio de la compra de la finca; inicialmente era de 600.000 euros, los vendedores la rebajaron posteriormente hasta 375.000 euros y la operación se cerró, finalmente, en 240.000 euros. Para la Audiencia, "la mera rebaja no podría considerarse ni siquiera como indicio suficiente para tener acreditado que respondió al conocimiento de la existencia de dificultades para obtener la licencia".
Por tanto, la Audiencia reafirma la condena del juzgado de instancia vigués, que tendrá que pagar una indemnización de 295.655,73 euros; una cantidad que es la suma de la diferencia entre lo que pagó por la parcela y el valor asignado por el perito, impuesto de trasmisiones patrimoniales abonado, los honorarios del arquitecto, el pago del estudio arqueológico y otros trámites y los gastos de un pleito contencioso perdido contra el Concello.
