Reacciones al aumento de precio de los peajes de la AP-9 en Galicia: una subida "inaceptable" en una autopista "ilegal"

La subida de los precios de los peajes de la autopista AP-9 está generando una incesante ola de reacciones. La subida de las tarifas que ha aplicado Audasa eleva a 21,40 euros el coste de los peajes entre A Coruña y Vigo; y a 28,1 entre Ferrol y Tui. Un aumento muy criticado por la sociedad en general y por ciertos colectivos en particular. Es el caso de la CEG, quien ha tachado de "negativa" esta subida, mientras que la Asociación de Consumidores En Colectivo lo ve "inaceptable".

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Jaime Luis López, ha cargado contra la subida de los peajes aplicada por Audasa en la AP-9, una medida que considera “evidentemente negativa” para la comunidad gallega. A su juicio, la concesión de la autopista está “totalmente rentabilizada” y mantener estos incrementos no es beneficioso para el territorio.

López se ha pronunciado este lunes en la sede de la CEG, en Santiago, al ser preguntado por los medios sobre el encarecimiento de las tarifas, que elevará hasta 28,1 euros el trayecto completo entre Ferrol y Tui.

La actualización de los peajes fue aprobada el pasado martes 30 de diciembre por el Ministerio de Transportes, con un incremento máximo del 4,68% en las autopistas de titularidad estatal gestionadas bajo concesión administrativa.

Por su parte, Audasa ya ha publicado las nuevas tarifas de la AP-9 en su página web. El recorrido entre A Coruña y Santiago costará 8,8 euros, el tramo Santiago-Pontevedra se sitúa en 7,55 euros y el de Pontevedra a Vigo/Puxeiros, en 5,05 euros.

Desde la patronal gallega insisten en la necesidad de garantizar la libertad de circulación tanto de mercancías como de personas. “Venimos demandando la libertad de circulación de nuestra mercancía y de nuestra gente. Además, creemos que esta concesión está totalmente rentabilizada”, ha remarcado López.

En este contexto, el vicepresidente de la CEG ha lamentado que, tras tantos años, se sigan manteniendo estos peajes “de esta manera”, una situación que, asegura, solo puede recibir una valoración negativa por parte del empresariado gallego.

Una autopista "ilegal"

Por su parte, la Asociación de Consumidores En Colectivo ha calificado de “inaceptable” la nueva subida de los peajes en la AP-9, una autopista que considera “ilegal”, y ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la anulación de la ampliación de la concesión y la implantación de la gratuidad.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la entidad, Diego Maraña, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo “paralice y congele” el incremento de las tarifas, al recordar que la concesión de la autopista hasta 2048 incumple la normativa comunitaria. En este sentido, ha señalado que existe un dictamen motivado de la Comisión Europea que concluye que la prórroga fue irregular, tras una denuncia presentada por En Colectivo.

Según ha explicado Maraña, la ejecución de este dictamen obligaría al Gobierno a iniciar el procedimiento para anular la ampliación de la concesión, lo que conllevaría, a su vez, la gratuidad de la AP-9 para los usuarios gallegos.

Desde la asociación lamentan que el Ejecutivo central, “conocedor de esta situación irregular”, utilice el coste económico como argumento para no cumplir con el dictamen europeo y permita, además, nuevas subidas de peajes. Unos incrementos que, a su juicio, suponen un gasto “desorbitado” para los gallegos, que dependen de la AP-9 como única vía de comunicación de norte a sur, sin alternativas reales.

Por todo ello, En Colectivo ha reclamado “de una vez por todas” que se permita el uso gratuito de la autopista y ha mostrado su incomprensión ante la negativa del Gobierno a ejecutar el dictamen europeo, con el consiguiente “perjuicio” para los usuarios.

En este contexto, Maraña ha criticado que Galicia reciba un trato desigual en materia de infraestructuras y movilidad, lo que, a su juicio, convierte a los gallegos en “españoles de tercera división”. “Si esta situación se hubiera producido en Cataluña o en el País Vasco, estaría resuelta desde el primer momento”, ha afirmado.