19 años sin Déborah: "A un año de que prescriba no nos vamos a quedar de brazos cruzados"

• Justicia para Déborah (página de Facebook)
• Mail de contacto de la familia: justiciaparadeborah@gmail.com

El 30 de abril de 2002 fue el último día que se vio con vida a Déborah Fernández-Cervera. Aquella tarde salió a correr por Samil, a diez minutos de su casa, como hacía muchas veces. La última vez que se vio a la joven, que entonces tenia 21 años, fue a escasos 150 metros de su domicilio, cerca de las nueve de la noche.

Diez días después, una vecina de O Rosal alertó a las autoridades de que había un cuerpo en una cuneta. Aparecía el cadáver de Déborah en un escenario visible desde la carretera, desnuda y rodeada de una escenografía que parecía poco accidental.

En el momento en que se encuentra el cuerpo se declara una "muerte súbita". Desde que se comienza la investigación policial hasta que el caso se lleva a los tribunales pasan siete años. En 2010 se presenta la causa en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tui y el caso tarda tres días en sobreseerse.

Desde entonces, la familia Fernández-Cervera ha tratado de esclarecer la desaparición y muerte de la joven. ¿Por qué si muere accidentalmente su cuerpo aparece a 40 kilómetros del lugar de la desaparición? ¿Quién puede haber hecho daño a la joven Déborah? ¿Por qué se archiva el caso en tan poco tiempo? Casi veinte años después de su muerte, todavía no hay respuesta a ninguna de estas preguntas.

Abril de 2002

La desaparición de Déborah ocurrió el 30 de abril, en una víspera de festivo y en ´la que ella hizo vida normal. Por la mañana acudió a sus clases de diseño gráfico y por la tarde decidió salir a caminar con su prima, como hacían a menudo por Samil, donde vivía con su familia. Dieron un paseo del que su prima se volvió algo antes porque iba a salir a cenar con unas amigas. Déborah, que pretendía alquilar una película en el videoclub y pasar la noche tranquila al acabar de correr, no volvió nunca a casa.

Su familia tardó un día en poner la denuncia de la desaparición, confiando en que al final sí hubiese salido de fiesta y se hubiese quedado a dormir en casa de alguna amiga. El día 23 de abril por la tarde, su padre acude a comisaría y comienza una frenética búsqueda de Déborah por todo Vigo.

Durante más de una semana la ciudad se vuelca buscando a la joven por la zona de Samil, Alcabre y alrededores. No es hasta diez días después cuando una vecina de O Rosal advierte un cuerpo en una cuneta de la antigua C-550 (hoy N-552), en una zona no muy escondida. "Parecía una muñeca", declaró aquella mujer en el año 2002.

Colocado de una manera "teatral", como han descrito varios criminólogos en análisis posteriores, aparecía el cuerpo de Déborah Fernández-Cervera, a 40 kilómetros del punto donde se le vio por última vez.

Septiembre de 2010

El principal escollo para la resolución del 'caso Déborah' es que nunca se ha investigado judicialmente a un sospechoso, no ha habido en diecinueve años una persona a la que la justicia señale como "posible culpable" de la muerte de la joven. De hecho, la autopsia que se le realiza en 2002 habla de "muerte súbita", presumiblemente accidental, por lo que a día de hoy no se ha considerado siquiera la posibilidad de que fuese un asesinato.

"Algo no encajaba, había una puesta en escena en torno a ella que no era muy lógica: si a alguien 'le da algo' en tu presencia llamas a una ambulancia, no montas esa escenografía". Rosa Fernández-Cervera, hermana de Déborah, siempre ha defendido que algo tuvo que empujar a la persona que dejó el cuerpo de su hermana en O Rosal a colocarlo de aquella manera.

Sus sospechas se quedaron en agua de borrajas tras siete años de investigación policial. "Se presentó el caso en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Tui y se archivó en tres días, ¿son tres días suficientes para valorar siete años de investigación?", se pregunta la familia de Déborah.

Fuesen o no suficientes, lo cierto es que el caso se mantuvo archivado durante nueve años, hasta que la propia familia decidió presionar para que se reanude la investigación. "Todo pasa a raíz de la muerte de Diana Quer, nos pusimos en contacto con Maite Rojas de SOS Desaparecidos y ella es quien nos ayuda a adquirir la repercusión que necesitábamos para que se volviese a investigar".

Rosa y su hermano José crean una página de Facebook que es "la verdadera culpable" de que el caso vuelva a adquirir notoriedad pública, y la probable desencadenante de la reapertura. Una testigo del caso, que se pone en contacto con la familia a través de una dirección de mail (justiciaparadeborah@gmail.com) creada con el fin de recabar testimonios "olvidados", hace saltar la liebre al reconocer que no se le había interrogado en 2002.

La dependienta del videoclub al que pretendía acudir Déborah, al que siempre se creyó que no había ido, comentó en 2019 a los hermanos de la joven que sí la había visto aquella noche. Su testimonio, junto con los de otros testigos que no habían sido interrogados en el momento de la desaparición y nuevas pruebas, empujaron a la Policía Nacional a retomar la investigación.

Marzo de 2019

Casi diecisiete años después de la muerte de Déborah el caso se vuelve a investigar y surgen nuevos testimonios y pruebas que podrían indicar que la muerte de la viguesa no fue accidental. "Contratamos a un forense para que analizase la autopsia de mi hermana y determinó que era casi imposible que hubiera sido muerte súbita", afirma Rosa.

Con la seguridad de tener indicios que parecen llevar a un asesinato, presentan un nuevo caso en el Juzgado de Instrucción de Tui, que decide reabrir la causa judicial. "Entonces se empieza a citar a testigos como parte de la investigación judicial, cosa que entre 2002 y 2010 no se había hecho, sorprendentemente", dice Rosa.

A partir de ese momento comienza la cuenta atrás, solo quedan tres años para que prescriba el delito de asesinato (si lo hubo) y la familia quiere que se demuestre que Déborah no murió de forma accidental. "A nosotros nos da igual quién sea, solo queremos que alguien pague por ello", dice la hermana.

Lo cierto es que se está llevando a cabo una investigación judicial que deja en entredicho a los policías que llevaron el caso en primera instancia. Uno de los abogados de la familia, asegura que "hubo muchísimas negligencias por parte de la policía. No digo que hubiera una 'mano negra', puede que únicamente hayan sido descuidos, pero son muchísimos".

Julio de 2020

Ramón Amoedo dirige el equipo legal que representa a la familia Fernández-Cervera. "Cuando se me propuso trabajar en el caso no estaba 'contaminado', aunque es una desaparición que todos los vigueses conocemos, nunca me interesó ver documentales ni leer reportajes sobre el caso".

Ramón reconoce que él es el abogado idóneo para defender la causa del asesinato porque nunca había sabido nada sobre él y eso le hacía "empezar desde cero". Cuando leyó la primera investigación, reconoce, se dio cuenta de que "había sido un desastre: estaba desordenada, faltaban cosas que no tenía sentido que faltasen, se habían dejado de investigar hechos y objetos que hoy parecen obviedades".

Por eso, gran parte de la estrategia legal de la familia se centra en demostrar que el primer informe policial estaba incompleto. "Yo soy un fiel defensor de la presunción de inocencia, así que vamos a demostrar que hay indicios objetivos suficientes para llamar a declarar a sospechosos en calidad de investigados".

Abril de 2021

La pena mayor en el 'caso Déborah' es la de asesinato, que prescribe después de veinte años de la comisión del delito. Todo lo que haya podido pasar además de eso ha prescrito ya, "por eso necesitamos demostrar que se defendió, que luchó y que no sufrió una muerte súbita", dice Amoedo.

Uno de los pilares de la reapertura del caso es el informe del forense contratado por la familia, que asegura que la posibilidad de que la joven muriese accidentalmente es remota. "También hemos pedido la exhumación del cuerpo para encontrar restos de ADN bajo las uñas de Déborah, prueba que no se recogió en su día y que todavía hoy podría inculpar al agresor".

No obstante, todavía no se ha autorizado la exhumación ni se ha admitido el testimonio del forense, aunque sí se admite como prueba el informe en el que expone sus conclusiones. "La jueza todavía no considera que haya indicios suficientes para creer que Déborah fue asesinada", dice el abogado. "Creemos que nos están alargando los plazos para que el caso tenga una 'muerte dulce' en mayo de 2022", asegura Rosa Fernández-Cervera.

La clave

Lo más importante para que la resolución del caso llegue a tiempo, es que se cite a un testigo a declarar en el juzgado en calidad de investigado. "En ese momento se paraliza el tiempo de prescripción, al menos hasta que se descarte al sospechoso", aclara Amoedo. Si la justicia considerase que hay una persona que podría haber matado a Déborah, los veinte años dejarían de "correr".

Por eso la familia y sus abogados juegan a contrarreloj, en una carrera en la que por el momento no han podido situarse a la cabeza. Pero tienen una baza con la que jugar, anuncian, "pues aunque lo hemos pedido, no se ha decretado el secreto de sumario: esto nos permite ir a la prensa y hacer que se conozcan detalles del caso que avergonzarían a muchos de los profesionales que lo investigaron entre 2002 y 2009".

Ramón Amoedo asegura que su intención no es dejar en evidencia la investigación judicial, sino todas las negligencias que se cometieron durante los primeros años de investigación. "La inactividad judicial se suma a la mala praxis policial y nos vemos a un año de que prescriba sin que se valore la posibilidad del asesinato".

Hasta ahora, reconoce la familia, "hemos ido por las buenas: vamos a empezar a dar golpes sobre la mesa". Rosa dice estar agotada, tras casi veinte años de desconocimiento e investigación, y más ahora que ve de cerca el pitido final. "A un año de que prescriba no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

El abogado reconoce que es muy complicado que a estas alturas se admita que la muerte de Déborah fue un asesinato y no un homicidio, un delito ya prescrito. "Mi objetivo es saber quién fue el responsable y quién colaboró con ese responsable", afirma.

La familia, sus abogados, sus allegados y muchos vigueses no pierden la esperanza de que se ponga punto y final a una desaparición que ha tenido en vilo durante casi veinte años a toda una ciudad.