Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Desarticulan en Pontevedra a un grupo dedicado a estafar a ancianos, con un detenido y varios investigados
La actuación llevada a cabo por la Guardia Civil ha concluido con la detención de una persona y media docena más investigada, entre la que se encuentra un procurador de Pontevedra
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La Guardia Civil de Pontevedra, a través de una investigación dirigida por un juzgado de Vigo, ha llevado a cabo la desarticulación de un grupo dedicado a estafar personas de avanzada edad. La actuación ha concluido con la detención de una persona y media docena más investigada, entre la que se encuentra un procurador de Pontevedra.
Las pesquisas de la llamada Operación Colddoor se iniciaron en febrero pasado, gracias a una denuncia de una persona mayor residente en Baiona (Pontevedra). Esta denunció varios supuestos delitos de estafa y falsedad documental en trámites de financiaciones irregulares.
A partir de ese momento, la Guardia Civil informa que centró la investigación en una sociedad mercantil responsable de contratar ventas de diversos productos a domicilio, con sede en La Rioja y delegación en O Porriño. Se trataba de una sociedad que "ya poseía declarada insolvencia definitiva por un Juzgado de lo Social de Vigo".
Al analizar los contratos de ventas (de productos como masajeadores de pies o de rodillas, purificadores de agua o aire, fundas de colchones, etc.), los investigadores identificaron a las personas responsables de la administración, de las visitas a los domicilios y de las ventas mediante engaños, según ha confirmado Europa Press.
Investigados y detenido
En el marco de la operación, se ha investigado a una vecina de Vigo de 27 años con antecedentes, un vecino de Redondela de 28 años, otro de Ponteareas de 40 años -también con antecedentes-, y un ciudadano de Valladolid de 49 años y numerosos antecedentes penales.
A principios de junio, se notificó como investigados a los responsables de las sociedades financieras, entre los que se encuentra un hombre de 76 años, miembro del Colegio de Procuradores de Pontevedra.
Las pesquisas se saldaron el pasado 17 de junio con la detención, en el aparcamiento de un domicilio no habitual de O Porriño, de un hombre de 45 años de edad, vecino de Logroño, administrador de la empresa y considerado 'cabecilla' del grupo.
Modus operandi
Primero seleccionaban los domicilios que iban a visitar, preferiblemente de gente mayor que vivía sola, y les ofrecían diversos regalos como 'gancho' para ganarse su confianza y venderles los productos. Los vendedores tenían aprendido un guión para convencer a los ancianos.
En la primera visita firmaban un precontrato de venta de un producto supuestamente terapéutico cuyo precio rondaba los 3.500 euros, un precio muy por encima de su valor real, y se ofrecían sistemas de financiación mediante pago de mensualidades.
Al día siguiente, personal de la empresa llevaba los productos y eran los encargados de firmar el contrato de venta y el de financiación. No obstante, si había posibilidad de cobrar en efectivo, realizaban los cobros sin que quedase constancia de ello en el contrato de venta ni en el de financiación.
Varias irregularidades
La investigación permitió constatar, a través de la facturación presentada ante Hacienda, que los productos ofrecidos se facturaban como regalos, siendo el mayor montante enciclopedias o colecciones de libros descatalogados, y que únicamente tributaban un 4% del IVA.
Otra forma de engañar a los afectados consistía en refinanciar sus compras, convenciendo a las personas mayores de que tendrían mejores condiciones de pago y plazos. Sin embargo, en realidad cerraban una nueva financiación con otra empresa, de manera que los afectados tenían más 'letras' mensuales para pagar distintos préstamos personales.
En el marco de esta investigación, el responsable de la Delegación del Servicio de Consumo de Pontevedra describió numerosas infracciones a la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios; a la Ley de venta a plazos de Bienes muebles; y a la Ley de contratos de crédito al consumo.
Estas infracciones consistían, entre otras irregularidades, en: carencia al detalle de los productos objeto de contratación y del precio al contado; carencia del cuadro de amortización que debe entregarse al consumidor en el momento de la contratación del préstamo.
También se detallan irregularidades en la información, sobre publicidad y promoción comercial de productos, con pretendida finalidad sanitaria; constar menor plazo del ejercicio del derecho de desistimiento y de garantías; cláusulas abusivas en el contrato por comisión de gestión de reclamación por impagos; o tratamiento de los datos personales sin autorización para la cesión.
En este escenario, los investigadores consideraron acreditados los delitos de estafa con agravante de abuso de confianza y falsedad documental en documentos privados.
