El alcalde de Verín (Ourense) defiende su inocencia y anuncia que recurrirá la sentencia

El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, ha defendido su inocencia y ha avanzado que recurrirá la sentencia emitida por la Audiencia Provincial en la que se le condena a dos años de prisión y a su inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio "hasta que prevalezca la verdad".

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Así lo ha trasladado Seoane en un comunicado, en el que ha reiterado que las obras por las que ha sido condenado eran "de emergencia, necesarias y urgentes" y, por lo tanto, "tenían amparo legal", y ha defendido que se realizaron para "garantizar la seguridad" y "la movilidad de los vecinos" con el "saneamiento de un talud en ruinas", la "retirada de escombros" y la "reposición de un pavimento dañado por la acción de las máquinas".

Asimismo, ha celebrado "enormemente" la absolución del delito de prevaricación administrativa "absolutamente inexistente", y ha insistido en la "inexistencia" del delito contra la ordenación del territorio al destacar que "sólo se puede cometer por actuaciones no legalizables" y que, en este caso, "no sólo era legalizable" sino que "cuenta con la autorización emitida por Patrimonio".

"Cualquier actuación de este tipo tiene que basarse en un expediente administrativo formal", ha argumentado Seoane, que "tenía que abrir la Consellería" y "dentro de ese expediente ver si procedía la reposición de la legalidad y el expediente sancionador correspondiente".

El regidor ha sostenido que las obras "no alteraron en ningún modo" ningún elemento patrimonial del bien y que "en todo momento estuvieron reflejadas" en un "proyecto de recuperación del núcleo" con la finalidad de "preservar los accesos" al entorno de la Iglesia, "muy deteriorados por el paso del tiempo".

El regidor ha incidido, asimismo, en que "todos los ciudadanos" del municipio "saben" que la ordenación del territorio "mejoró notablemente desde la entrada de su gobierno" con "actuaciones muy importantes" que "supusieron un cambio significativo".

Seoane ha manifestado que "peleará hasta la última instancia" para que "se reconozca la legalidad absoluta" de la intervención y que mantiene la "total confianza" de que se reconocerá "su interés del beneficio público" y "de la verdad".

El PP de Ourense pide su "inmediata dimisión"

Por su parte, el PP de Ourense ha exigido la "inmediata" dimisión del alcalde por un "continuo desprecio a la legalidad" y una "rechazable forma de hacer política".

Según han trasladado en un comunicado, el regidor del municipio "no puede seguir ni un minuto más" al frente de la administración local y "debe renunciar", también, a su "acta de concejal" por haber cometido un "grave delito" ligado "al ejercicio de sus funciones".

El PP provincial ha destacado que "no se trata de ir contra el alcalde" ni "con fines partidistas", sino de "depurar responsabilidades legales" y "poner fin" a la "caótica situación en la que se encuentra el municipio de Verín" por "el proceder del alcalde" quien, han añadido, "tiene abiertos en la actualidad otros procedimientos judiciales".

Respuesta de PSdeG

También el PSOE provincial de Ourense ha remitido un comunicado en el que ha sostenido su "total respeto a la justicia" y ha destacado que "ahora los tiempos los marca el propio alcalde".

En esta línea, el grupo socialista provincial se remite al comunicado de Seoane en el que "reitera su inocencia" y "anuncia que recurrirá ante tribunales" y recuerda que "el regidor fue absuelto del delito de prevaricación" porque "es absolutamente inexistente" y apunta que "tampoco existe el delito contra la ordenación del territorio".

Asimismo, el PSdeG ourensano "aguarda ahora" a que la justicia "determine en los próximos meses su decisión" con respecto al recurso que presentará el alcalde contra la condena.

Por su parte, también el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, preguntado en una rueda de prensa este miércoles, ha trasladado que, dado que "la sentencia no es firme", desde las filas socialistas están "convencidos" de que "la verdad saldrá a la luz".

En todo caso, ha dicho que "lo que corresponde" es "ser respetuosos" con las decisiones judiciales, aunque ha recordado que existen "sistemas de recursos constitucionalmente previstos".