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Las claves

La tragedia ferroviaria ocurrida este domingo en las inmediaciones de Adamuz, Córdoba, ha conmocionado a toda España.

El choque entre un convoy de Renfe y otro de la operadora Iryo ha dejado hasta el momento, según los datos oficiales, un balance de 41 fallecidos y decenas de heridos que continúan recuperándose en los hospitales de la zona.

Mientras los equipos de rescate y los peritos trabajan sin descanso para atender a los afectados y esclarecer las causas de la colisión, las familias afrontan el difícil proceso de asimilar la pérdida y gestionar las primeras consecuencias de la catástrofe.

Cobertura del Seguro Obligatorio de Viajeros

Los pasajeros que sufren daños corporales en estos siniestros están amparados por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV), una póliza que las empresas de transporte están obligadas por ley a contratar y cuya indemnización por fallecimiento asciende hasta los 72.121 euros.

Este seguro, que se rige por su reglamento regulador y las normativas específicas del sector ferroviario, protege a cualquier persona que en el momento del impacto cuente con un título de transporte válido, ya sea de pago o gratuito.

En casos como el de Adamuz, donde la violencia de la colisión es extrema, la normativa presume que el accidentado disponía de billete si es verosímil que este se haya destruido o extraviado entre los restos de los trenes.

Asimismo, la cobertura se extiende a los menores (incluidos los exentos de pago) y al personal de ambas operadoras que se encontraba trabajando en el trayecto.

El SOV, a su vez, responde ante una amplia variedad de riesgos, incluyendo lesiones derivadas de choque, vuelco, alcance o cualquier anomalía que afecte al vehículo, cubriendo los supuestos de muerte, incapacidad permanente o temporal.

En caso de fallecimiento, la indemnización es efectiva si este ocurre en los 18 meses posteriores al siniestro como consecuencia directa del mismo, incluyendo el agravamiento de patologías previas debido al impacto sufrido.

En lo que respecta a las indemnizaciones, tal y como se indicó anteriormente, la cuantía máxima por fallecimiento se sitúa actualmente en 72.121 euros, cifra que se duplicó en julio de 2014 tras haber estado fijada anteriormente en 36.060 euros.

Esta actualización fue una medida de justicia adoptada tras el accidente de un tren Alvia en Santiago de Compostela en 2013, con el fin de dotar de una mayor seguridad económica a los usuarios del ferrocarril ante accidentes de esta gravedad.

Para tramitar estas reclamaciones, tanto Renfe como Iryo facilitan en sus plataformas digitales el acceso a las aseguradoras responsables, donde los afectados pueden notificar partes y consultar sus expedientes.

Es fundamental señalar que el Seguro Obligatorio de Viajeros es independiente y compatible con el seguro de Responsabilidad Civil, tal y como exige la Ley del Sector Ferroviario a todas las compañías.

Por ello, las víctimas de Adamuz podrían recibir indemnizaciones superiores a 72.121 euros si se acreditan mayores perjuicios o responsabilidades de las empresas involucradas, según los baremos legales vigentes.