Archivo - Un cartel anunciando el alquiler de una vivienda
Confirmada la estafa de los 10 meses: el vacío legal que libera los pisos en verano y hacen caja con el turismo
La naturaleza de un contrato de alquiler no lo define el título del documento, sino el uso real del piso.
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El mercado del alquiler en España enfrenta una de sus crisis de integridad más graves.
Bajo el nombre de la "estafa de los 10 meses", propietarios en zonas tensionadas están utilizando de forma sistemática los contratos de temporada para eludir la Ley de Vivienda vigente.
Esta práctica consiste en forzar arrendamientos que se inician en septiembre y finalizan abruptamente en junio.
El objetivo es claro, desalojar al inquilino antes de la temporada estival para explotar el inmueble como alojamiento turístico, triplicando los beneficios mensuales.
Por ejemplo, un piso en alquiler en una zona turística como puede ser la zona de Plaza de España en Sevilla se convierte en un beneficio económico de 8.000 euros para el casero en diez meses, 800 euros por mes.
Al quedar la vivienda vacía durante los meses de verano el propietaria puede llegar a cobrar 150 euros por noche, esto se traduce en un beneficio de 9.000 euros en tan solo dos meses. Un uso claramente especulativo de un derecho como es el de la vivienda.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha advertido que esta modalidad supone, en muchos casos, un fraude de ley flagrante.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado que: “No vamos a permitir que el alquiler de temporada sea una coartada para el fraude y para evitar la aplicación de la Ley de Vivienda”.
“Estos contratos tienen una finalidad muy concreta y no pueden utilizarse para imponer subidas abusivas”, destaca Rodríguez.
La clave para desmontar este fraude reside en el Artículo 2 de la LAU.
Si el inmueble tiene como destino satisfacer la necesidad permanente de vivienda, el contrato es de vivienda habitual y no de temporada.
Esto significa que la cláusula de los 10 meses es legalmente nula si el inquilino no dispone de otro hogar.
En estos casos, la justicia protege al ciudadano, permitiéndole alargar su estancia hasta los cinco años de prórroga obligatoria, frustrando así el plan del casero de convertir el piso en un alojamiento turístico durante el verano.
Sin embargo, muchos caseros imponen esta cláusula a familias y trabajadores que buscan una residencia permanente.
Al firmar por diez meses, el propietario cree esquivar las prórrogas obligatorias que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), garantizan hasta cinco años de estabilidad.
Lo que muchos propietarios ignoran, o deciden omitir, es que la naturaleza de un contrato no la define el título del documento, sino el uso real del piso.
Si el inquilino puede demostrar que esa es su vivienda habitual, tiene derecho legal a permanecer en ella.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo es tajante al respecto; si no existe una causa de temporalidad real y el inquilino reside de forma continuada, el contrato se convierte automáticamente en uno de vivienda habitual.
Esto permite al arrendatario prorrogar su estancia hasta cinco o siete años.
Esta "estafa" conlleva infracciones administrativas y civiles severas.
Un ejemplo claro se ha visto en ciudades como Barcelona, donde se han llegado a imponer sanciones de hasta 600.000 euros a grandes propietarios.
El problema social es evidente, inquilinos dejando sus hogares para dejar paso turistas de fin de semana.
Mientras el Gobierno estudia endurecer el registro de contratos de corta duración, miles de inquilinos viven con la incertidumbre de un desahucio programado cada mes de junio.
