La Policía Nacional detuvo a 30 personas en Tarragona la semana pasada por presunto abandono de menores, favorecimiento de la inmigración ilegal y fraude a la Administración. Los arrestados estaban involucrados en un entramado a través del cual se aprovechaban del sistema de protección de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA).
Los investigadores descubrieron que los acusados abandonaban deliberadamente a sus hijos, menores de edad, para que el Estado asumiera su tutela, manutención y escolarización.
Su objetivo era conseguir explotar los recursos asistenciales que ofrece el país, evitando pagar ellos esos gastos de su bolsillo.
Dos menores extranjeros no acompañados son fotografiados en las cercanías de la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza.
Los 30 detenidos son de nacionalidad marroquí y argelina, según detallan a EL ESPAÑOL fuentes cercanas a la investigación. Además de ellos, hay 22 menores que fueron entregados a sus padres con el correspondiente cese de tutela.
Los resultados de la investigación, que comenzó en noviembre de 2023, revelaron que este fraude le ha supuesto a las arcas de la Seguridad Social un total de 1.589.747,31 euros. Además, las autoridades identificaron dos perfiles diferentes entre las familias implicadas.
El primero son padres con menor capacidad económica que permanecen en España, e instruyen a sus hijos para acudir a comisarías u otros organismos públicos y declararse en situación de desamparo para activar el sistema de protección, e ingresar a centros tutelados.
A partir de ese momento, los progenitores seguían manteniendo contacto telefónico con ellos.
El segundo perfil está formado por adultos con un poder adquisitivo medio-alto y múltiples visados Schengen que abandonan a sus hijos en España y regresan a su país, según detalló la Policía Nacional.
Y es que los investigadores averiguaron que algunas familias traen a sus hijos menores a España con visados de turismo tipo C, de una o múltiples entradas, obtenidos a pesar de los estrictos requisitos de solvencia económica exigidos.
Un menor extranjero no acompañado pase a las puertas de un centro de acogida temporal.
Dado que la investigación sigue abierta, las autoridades todavía no han revelado por qué una familia con un cierto nivel adquisitivo se tomaría tantas molestias para dejar a su hijo en otro país, dependiendo de un Estado extranjero.
Más aún, sabiendo lo difícil que es obtener esta documentación que permite acceder a España siendo un ciudadano no residente en el espacio Schengen.
Para obtener un visado de turismo tipo C es necesario presentar un pasaporte en regla, el formulario de solicitud Schengen, dos fotos, una póliza de seguro de viaje para el espacio comunitario europeo, medios económicos suficientes y pruebas de alojamiento y de intención de regresar al país de origen.
Esto es algo que parece demasiado difícil de conseguir para una familia sin recursos económicos que se ve obligada a dejar a su hijo menor de edad a la tutela de un centro de menores extranjero.
Permiso de residencia
Otro de los motivos que la Policía Nacional explica que seguían estas familias para abandonar a sus hijos en España es que, además de que la Administración asume los costes de su crianza, su estancia en centros de menores también facilita el camino para una futura reunificación familiar y la obtención de sus permisos de residencia.
En cualquier caso, la principal intención de los detenidos era aprovecharse del sistema de protección de Menores Extranjeros No Acompañados, que está diseñado para dar apoyo a decenas de niños y adolescentes que sí que llegan a España con grandes necesidades.
No en vano, el mantenimiento de estos supuestos menores no acompañados puede oscilar entre 31 y 140 euros de gasto diario para la Administración.
Durante la investigación, las autoridades localizaron 124 expedientes de menores en centros de protección de la provincia de Tarragona que cumplen con estas características. De estos, 109 expedientes fueron analizados y se realizaron 28 atestados.
Ante esta situación, la Policía Nacional estableció una colaboración bilateral y directa con la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i l'Adolescència (DGPPIA) de la provincia de Tarragona.
A través de esta coordinación se remitieron informes de menores ingresados que podrían estar en esta situación fraudulenta.
De esta manera se permitió a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UUCRIF) recopilar información detallada sobre su entrada al país y localizar a los progenitores.
La consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mónica Martínez (PSC), detalló ante los medios de comunicación que los menores que se ha descubierto que están involucrados en esta trama "ya han retornado con sus familias porque se ha acreditado que se podían hacer cargo de ellos".
"El hecho de que se haya desmontado este presunto fraude pone de manifiesto que el sistema de protección a la infancia funciona".
Una dinámica repetida
Tarragona no es el único rincón de España donde padres extranjeros han abandonado a sus hijos a su suerte para que el Estado se haga cargo de ellos.
A principios de octubre los consells de Menorca e Ibiza denunciaron la llegada en solo unas semanas de al menos cuatro menores inmigrantes en avión.
Unos migrantes, llegados a Baleares la semana pasada, esperan en la estación Marítima de Palma.
De hecho, la consellera de Bienestar Social de Menorca, Carmen Reynés (PP), declaró que dos de esos menores sí venían acompañados de sus progenitores, pero fueron abandonados en una estación de autobuses, antes de que ambos adultos emprendieran el regreso a su país.
Reynés expresó su preocupación por el hecho de que este fenómeno "puede suponer un efecto llamada".
Por su parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell (PP), declaró que no era la primera vez que ocurría un suceso similar.
"Esto es un abandono de un menor y si fueran españoles los padres serían denunciados. No dejan de salir nuevas casuísticas, lo cual es un síntoma de que la ley del menor está obsoleta".
Según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, España cerró 2024 con 16.041 menores extranjeros no acompañados bajo tutela o acogimiento de los servicios autonómicos de protección. Esta cifra supone un crecimiento del 24,5% respecto al año anterior (12.878) y del 40,5% en comparación con 2022 (11.417).