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José Javier Osés, conocido como El Jotas, lleva dando clases de Economía en el Instituto Valle de Ebro, en Tudela (Navarra), desde el pasado 8 de enero. Desde ese día, este profesor se ha convertido en el protagonista de una polémica que tiene como trasfondo su controvertido pasado, vinculado a la banda terrorista ETA.

La noticia, al conocerse, corrió como la pólvora entre las familias del centro educativo. Pero los últimos en pronunciarse pidiendo el cese de la actividad docente de este hombre han sido los miembros de la Sociedad Civil de Navarra (SCN). Y es que, tal y como explica a EL ESPAÑOL su presidente, Eduardo López-Dóriga, Osés "se ha adherido a un manifiesto encabezado por el sanguinario Javier García Gaztelu, Txapote".

"En esta declaración se critica el pacto de José Antonio López Ruiz, Kubati, con la Fiscalía, el cual le permitió no entrar en prisión, a cambio de reconocer que los homenajes a los etarras que organizaba -los ongi etorri- hacían daño a las víctimas".

Pregunta.– ¿Qué implica la presunta adhesión de Osés a ese manifiesto?

Respuesta.– Implica que pretende que se considere que lo que ha hecho ETA como algo justificable. Es decir, es una justificación y apología del terrorismo. Y significa un no arrepentimiento.

En el citado documento, tal y como subraya la organización que preside Dóriga en un comunicado, se expresa que "han puesto en tela de juicio la legitimidad de la lucha por el País Vasco, lo que implica la criminalización de la lucha por la liberación del País Vasco".

José Javier Osés, conocido como 'El Jotas'. Policía Nacional

Osés, según explica el presidente de SCN, "estaba en el apartado logístico de ETA, fue condenado a ocho años de cárcel. Una persona con esas responsabilidades se preocupa por poner los medios para que un asesinato o un secuestro se lleven a cabo".

En concreto, este hombre natural del municipio navarro de San Martín de Unx, fue condenado en Francia en 2016 por su acción en el aparato logístico-militar desde comienzos de 2010 y hasta su arresto en la ciudad gala de Albi, el 26 de junio de 2012.

Según informó Efe, el Tribunal Correccional de París impuso también a Osés su expulsión definitiva de Francia al término de su pena, e indemnizar a los propietarios de tres coches robados que utilizaron durante su etapa de clandestinidad en el país.

De hecho, el fiscal, Guillaume Michelin, aseguró que las funciones que ejercía lo sitúan "en la jerarquía del aparato logístico".

Por esta razón, López-Dóriga defiende que "se trata de alguien que, si no ha tenido un arrepentimiento, no debería estar habilitado para la docencia".

Así, desde Sociedad Civil Navarra han exigido este lunes al consejero de Educación, Carlos Gimeno, "que sin más excusas ni dilaciones, actúe contundentemente para suspender la actividad educativa de esta persona, que avergüenza y desprestigia a toda la comunidad educativa, y que propaga mensajes de odio".

"Es inaudito que alguien así tenga a su cargo la educación de nuestros jóvenes. La autoridad educativa tiene sus recursos jurídicos y procedimientos que deben ponerse en marcha con toda firmeza".

Desde SCN concluyen que "no es admisible que se dé un trato permisivo a este individuo, que a buen seguro no se daría si se tratara de un violador o de un maltratador que hubiera pedido que no se deslegitimaran sus acciones".

De hecho, afirman que de no ser así, promoverán "concentraciones de protesta al inicio de curso tanto en Tudela como en Pamplona".

En respuesta a las múltiples críticas suscitadas al darse a conocer el pasado de Osés, el consejero de Educación del Gobierno que preside María Chivite compareció ante el Consejo Escolar en el Instituto Valle de Ebro para defender que la contratación de Osés "se ha ajustado plenamente a la legalidad vigente", según recoge El Mundo.

Pese a que el titular de Educación ya había expresado en el pasado su "desagrado y malestar" por la incorporación del etarra, ha lamentado que "no puede ser apartado del servicio si no se dan las circunstancias previstas en el procedimiento de régimen disciplinario o de rescisión de contratos previstas en la normativa vigente".